«Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad». Esta frase es parte de un divertido dúo entre el boticario Don Hilarión y su amigo Don Sebastián, que hoy traigo aquí con todo su sentido.  El boticario desconfiaba de la ciencia. Este artículo desconfía de otra cosa: de la norma que llega tarde.

Hace veinte años, un auxiliar administrativo archivaba historias clínicas en papel y un celador empujaba camas por un pasillo. Hoy el mismo auxiliar valida accesos a la historia clínica electrónica, gestiona colas de un sistema de citación automatizado y resuelve incidencias de un módulo que no existía cuando empezó a trabajar. El celador, además de empujar la cama, la conecta —sin saberlo casi nunca de forma explícita— a un ecosistema de sensores, alarmas y protocolos digitales que informan al sistema de gestión del hospital en tiempo real.

Nadie ha cambiado el nombre del puesto. Ha cambiado, en silencio, casi todo lo demás.

La digitalización hospitalaria no ha sustituido a estas categorías profesionales, las ha redefinido por dentro, sin que la norma que las regula se haya movido al mismo ritmo. Y ese desfase —entre lo que el puesto hace y lo que el puesto dice que hace— no es un problema de recursos humanos. Es, cada vez más, un problema jurídico.

La función crece, la ficha del puesto no

El fenómeno no es exclusivo de auxiliares y celadores, pero en ellos se ve con una nitidez especial porque son las categorías con menor margen de negociación individual sobre sus tareas. Un facultativo puede, hasta cierto punto, negociar cómo incorpora una nueva herramienta a su práctica clínica. Un auxiliar o un celador reciben la instrucción, el dispositivo o el protocolo, y lo ejecutan.

La consecuencia es que estas categorías absorben buena parte del coste de fricción de cada nueva capa tecnológica que se instala en el hospital, sin que ese coste se traduzca automáticamente en una redefinición formal de su puesto. Un auxiliar que hoy dedica una parte relevante de su jornada a tareas de soporte informático de primer nivel —desbloquear un acceso, reiniciar un terminal, verificar que un dispositivo IoT de monitorización está transmitiendo— sigue clasificado, a efectos de plantilla y de retribución, exactamente igual que hace veinte años.

Esto no es un matiz administrativo menor. La plantilla orgánica no es solo una lista de nombres y categorías: es el instrumento presupuestario que traduce en euros y en derechos qué hace cada trabajador público y con qué medios cuenta para hacerlo. Cuando la función real se separa de la función presupuestada, lo que se rompe no es solo la justicia retributiva individual. Es la coherencia entre lo que el hospital declara que necesita para funcionar y lo que efectivamente necesita para funcionar.

Lo que viene: de la asistencia digital a la asistencia robótica

Si esta brecha ya es visible con la digitalización de procesos —historia clínica electrónica, sistemas de citación, dispositivos de monitorización conectados—, conviene no perder de vista lo que se avecina. En otros sistemas sanitarios, la asistencia robótica ya no es un piloto aislado: hay dispositivos de apoyo logístico y de acompañamiento en fase de prueba real en entornos hospitalarios, pensados precisamente para tareas hoy asignadas a auxiliares y celadores —transporte de materiales, apoyo en movilización de pacientes, tareas repetitivas de soporte—.

España no está, hoy, en ese punto de despliegue. Pero la pregunta no es si llegará, sino qué va a pasar con la plantilla orgánica cuando llegue —porque ya sabemos, por lo ocurrido con la digitalización previa, cuál es el patrón: la tecnología se incorpora antes que la norma que debería encuadrarla.

El problema no es la tecnología, es el silencio normativo alrededor de ella

Conviene ser precisos aquí, porque el argumento no es tecnófobo ni corporativista. No se trata de resistirse a que un hospital incorpore herramientas que mejoran la seguridad del paciente o liberan tiempo de cuidado directo. Se trata de algo distinto: de que esa incorporación tiene consecuencias sobre la función real de cada categoría profesional, y esas consecuencias no pueden quedar fuera del marco jurídico que regula el empleo público sanitario.

El anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario, aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros el 2 de junio de 2026 y actualmente en trámite de audiencia e información pública, es el lugar natural donde esta cuestión debería resolverse. Su artículo 13 obliga a los servicios de salud a estructurar su organización mediante plantillas orgánicas que recojan la denominación de cada puesto y el número de plazas correspondiente; su artículo 14 introduce, además, la figura del puesto singularizado para aquellos que, por su complejidad técnica, exigen una formación específica. Ambos preceptos son, potencialmente, el instrumento para hacer explícito lo que hoy funciona de forma tácita.

Mientras esa reforma no cierre el círculo, el hospital sigue operando con una paradoja de fondo: exige de estas categorías una polivalencia tecnológica creciente, y las retribuye y las clasifica como si esa polivalencia no existiera.

Por qué esto no es solo una cuestión laboral

Aquí es donde conviene levantar la mirada. La plantilla orgánica no solo distribuye funciones: distribuye responsabilidad. Si un auxiliar administrativo asume de facto tareas de soporte a sistemas críticos —historia clínica, sistemas de citación, dispositivos conectados— sin que esa función esté formalmente reconocida, ni forma parte de su formación reglada ni de su descripción de puesto, se abre una pregunta que no es menor: ¿quién responde, y con qué cobertura, cuando algo falla en esa zona gris?

No es una pregunta retórica. Es, exactamente, la pregunta que va a ocupar la siguiente entrega de esta serie, cuando miremos lo que ya está ocurriendo en otros países con la asistencia robótica hospitalaria (Japón y China) y lo que el reglamento europeo de inteligencia artificial empieza a exigir, también, a quienes trabajan junto a esos sistemas sin haberlos diseñado ni decidido incorporarlos.

Por ahora, quédense con esto: el auxiliar y el celador de hoy no son los de hace veinte años. La plantilla orgánica, en cambio, en muchos hospitales, todavía no se ha enterado.