Europa es un territorio construido sobre la movilidad. Personas, animales, alimentos y mercancías atraviesan diariamente sus fronteras. Esa movilidad no constituye un problema que debamos evitar, sino una realidad que debemos ser capaces de gestionar también cuando deja de producirse en condiciones ordinarias.

Una guerra, una catástrofe natural, una crisis política o una emergencia humanitaria pueden modificar en pocos días las rutas y el volumen de esos movimientos. Y cuando las personas se desplazan, también lo hacen sus animales.

La guerra de Ucrania nos ofreció un ejemplo especialmente claro. Millones de personas tuvieron que abandonar precipitadamente sus hogares y muchas viajaban acompañadas de perros y gatos. Ante aquella situación extraordinaria, la Unión Europea facilitó excepcionalmente el movimiento no comercial de animales de compañía para permitir que las familias desplazadas pudieran continuar con ellos. La propia guía publicada por el Ministerio de Sanidad español en marzo de 2022 advertía, simultáneamente, de que la rabia era endémica en Ucrania y recogía 63 casos humanos registrados durante los 25 años anteriores, principalmente relacionados con perros y gatos.

Facilitar aquella entrada era una decisión humanitariamente comprensible. Pero también dejó una enseñanza que merece permanecer cuando desaparece la emergencia: cuando excepcionalmente reducimos una barrera sanitaria debemos reforzar nuestra capacidad para gestionar el riesgo que esa barrera contribuía a controlar.

La cuestión nunca debió ser si aquellas familias podían entrar con sus animales. La pregunta relevante era otra: ¿teníamos preparada toda la estructura necesaria para recibirlos?

La buena voluntad no es un protocolo

La medicina humana aprendió una lección similar durante la pandemia de COVID-19. Las crisis no pueden gestionarse únicamente aumentando recursos

cuando el problema ya ha llegado. Necesitamos vigilancia, coordinación, capacidad asistencial, circuitos definidos y estructuras capaces de activarse rápidamente. La propia creación de la Agencia Estatal de Salud Pública se ha planteado en NME como una respuesta a vulnerabilidades evidenciadas por la pandemia y como una apuesta por anticiparse a futuras crisis sanitarias.

En sanidad animal deberíamos aplicar la misma lógica. Durante la crisis ucraniana, clínicas veterinarias, profesionales, colegios, asociaciones y ONG respondieron ofreciendo instalaciones, vacunas, identificación, tratamientos y tiempo.

Esa capacidad de reacción constituye una fortaleza. Pero existe una diferencia fundamental entre que el sector privado colabore con una política pública y que termine sustituyendo aquello que la Administración todavía no ha organizado.

El voluntariado puede complementar un sistema. No puede ser el sistema.

La alternativa tampoco consiste en prescindir de las clínicas privadas. Al contrario: su enorme capilaridad territorial las convierte en una extraordinaria capacidad sanitaria de contingencia. Pero esa capacidad debe estar previamente integrada, acreditada, protocolizada, financiada y protegida.

Es una reflexión perfectamente trasladable desde la medicina humana, donde la colaboración público-privada forma ya parte estructural de una parte significativa de la actividad asistencial y donde el debate se centra cada vez más en cómo organizarla de forma sostenible.

Activar recursos significa también protegerlos

Una clínica que recibe animales procedentes de una situación epidemiológica extraordinaria no aporta únicamente horas de trabajo. Incorpora un riesgo a su organización.

Imaginemos una mordedura sufrida por un veterinario o auxiliar mientras manipula a un animal procedente de un territorio donde existe circulación de rabia.

¿Qué debe hacer inmediatamente el trabajador? ¿A quién se comunica la exposición? ¿Dónde debe ser derivado? ¿Quién determina la necesidad de profilaxis postexposición? ¿Está esa circunstancia contemplada en la evaluación de riesgos laborales de la empresa? ¿Quién asume los costes y las responsabilidades derivadas de una actividad realizada como colaboración ante un problema público?

Estas preguntas no deberían formularse después de la mordedura.

La normativa europea sobre exposición laboral a agentes biológicos establece precisamente la necesidad de evaluar los riesgos derivados de posibles exposiciones y adoptar las medidas de protección correspondientes.

Por eso, toda activación de capacidad privada frente a un riesgo sanitario extraordinario debería llevar aparejado un protocolo de exposición ocupacional y un circuito de actuación postexposición.

La Administración no puede derivar únicamente el trabajo. Debe derivar también las garantías necesarias para realizarlo.

Los datos y las responsabilidades también se mueven

Existe otra dimensión menos visible. Atender a los animales de familias desplazadas puede implicar tratar información sobre sus responsables: identificación, datos de contacto, alojamiento temporal, documentación o información necesaria para realizar el seguimiento.

¿Quién es responsable de esos datos? ¿Qué debe conservar la clínica? ¿Puede incorporarlos a su base ordinaria? ¿Con qué Administración deben compartirse?

¿Durante cuánto tiempo?

El Reglamento General de Protección de Datos establece el marco jurídico europeo, pero una intervención extraordinaria necesita instrucciones operativas claras sobre funciones y responsabilidades.

NME ha abordado reiteradamente en sanidad humana que la gobernanza y la seguridad de los datos no pueden añadirse después de implantar un sistema: deben formar parte de su diseño.

Aquí ocurre exactamente lo mismo.

La seguridad sanitaria, la seguridad del trabajador, la protección de los datos y la responsabilidad jurídica deben diseñarse juntas, no resolverse por separado cuando aparece el primer incidente.

Preparar, activar, proteger, financiar y evaluar

Europa ya dispone de una arquitectura normativa avanzada. El Reglamento (UE) 2016/429 establece un marco para la prevención y el control de enfermedades transmisibles de los animales, mientras que el Reglamento (UE) 2017/625 regula los controles oficiales relacionados, entre otros ámbitos, con sanidad y bienestar animal, alimentos y piensos.

También tenemos veterinarios oficiales, clínicas privadas, laboratorios, universidades, colegios profesionales y sistemas de vigilancia. No necesitamos necesariamente crear otra estructura. Necesitamos conseguir que las existentes puedan activarse coordinadamente.

Ante movimientos extraordinarios derivados de una guerra, catástrofe o emergencia humanitaria, un protocolo de contingencia debería permitir preparar una red

previamente acreditada; activarla mediante criterios conocidos; proteger a trabajadores, ciudadanos, datos y organizaciones; financiar las actuaciones necesarias mediante partidas presupuestarias previstas; y posteriormente evaluar la respuesta para mejorar el siguiente protocolo.

La financiación es especialmente importante. Una clínica veterinaria tiene trabajadores, medicamentos, instalaciones, seguros, sistemas informáticos y obligaciones legales. Pedirle que participe gratuitamente puede ayudar a resolver los primeros días de una emergencia, pero convertir esa excepcionalidad en el modelo habitual significa trasladar al sector privado el coste y los riesgos de una responsabilidad pública.

La verdadera colaboración público-privada consiste en utilizar recursos que ya existen sin descargar silenciosamente sobre ellos las obligaciones del sistema.

Anticiparse también es One Health

La próxima emergencia probablemente será diferente. Europa mantiene una frontera oriental sometida a tensiones geopolíticas y una frontera meridional conectada permanentemente con África. Canarias, por su situación geográfica, constituye un buen ejemplo de por qué las fronteras administrativas y epidemiológicas no siempre coinciden.

Esto no significa asociar migración con enfermedad. Significa reconocer que cualquier movimiento extraordinario de personas, animales o mercancías modifica las condiciones en las que desarrollamos nuestra vigilancia sanitaria.

No necesitamos saber dónde surgirá la próxima crisis para preparar la capacidad que utilizaremos cuando ocurra.

Cuando llegue deberíamos tener los protocolos escritos, las competencias asignadas, los centros colaboradores identificados, los trabajadores protegidos, los sistemas de información preparados, las responsabilidades delimitadas y el presupuesto disponible.

La solidaridad seguirá apareciendo, y será bienvenida. Pero la seguridad sanitaria europea no debería depender de ella. Las crisis pueden ser imprevisibles. Nuestra respuesta no debería serlo.

Bibliografía

1. Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. Reglamento (UE) 2016/429, de 9 de marzo de 2016, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales («Legislación sobre sanidad animal»). Diario Oficial de la Unión Europea, L 84, 31 de marzo de 2016.
2. Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. Reglamento (UE) 2017/625, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios.
3. Ministerio de Sanidad. Guía de actuación ante la llegada de desplazados desde Ucrania. Dirección General de Salud Pública. Actualización de 21 de marzo de 2022.
4. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Operational public health considerations for the prevention and control of infectious diseases in the context of Russia’s aggression towards Ukraine. Stockholm: ECDC; 2022.
5. Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. Directiva 2000/54/CE, de 18 de septiembre de 2000, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
6. Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos).