La digitalización está llamada a convertirse en uno de los factores determinantes para restaurar la crisis de confianza ciudadana con los actores económicos, tanto públicos como privados, y para reducir la corrupción. Digitalización que no conoce diferencias entre sectores pero que, referido a la Sanidad, y a la sanidad pública en especial, resulta imprescindible y está generando serios problemas en su aplicación.

En esta columna no vamos a realizar un análisis de la complejidad que conlleva una adecuada digitalización, su estandarización a nivel europeo y el impulso que ha tenido a partir de la pandemia. Sin embargo, si nos parece importante informar a grandes rasgos de la razón y el camino seguido respecto a la digitalización como para poder plantear este título en nuestra columna.

Hagamos algo de historia reciente para establecernos en el momento actual. Es el año 2022 el marco temporal en el que confluyen dos crisis: el esperado final de la pandemia de COVID-19 y el inicio de un conflicto bélico en Europa con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El coronavirus y la guerra han provocado un fuerte retroceso de la actividad económica, con caídas de la producción en España y el resto de la Unión Europea que solo, y tímidamente en el 2021 inició una recuperación.

En este contexto de incertidumbre, el papel de las políticas sociales y de inversión en la UE, juegan un papel primordial. El acceso a las ayudas públicas y fondos europeos que garantizan el sostenimiento de rentas y estabilidad, genera de forma inmediata la necesidad de acceso a la información y de hacer un ejercicio de control de cuentas y de los poderes públicos, es decir, un ejercicio de transparencia, para “auditar” que dichas medidas va destinadas al equilibrio de la sostenibilidad y justicia social.

La pandemia, de forma evidente, ha impulsado y consolidado el uso de entornos digitales para estos propósitos, pero al mismo tiempo han evidenciado diversas carencias. La evidente brecha digital, los colapsos administrativos en los expedientes digitalizados, la paralización de la administración y de las empresas del sector por falta de conocimiento en la digitalización, las amenazas a la ciberseguridad y la necesidad de facilitar el acceso a los datos y los procedimientos administrativos relanzan el interés en Europa en estándares digitales, y relanzan la falta real de transparencia en los procesos de acceso a la información por parte de la sociedad o de los implicados tanto a nivel sanitario público como privado.

La inversión pública, en especial la que proviene de los fondos europeos, debe ser un elemento que impulse el tejido socioeconómico, y transformarlo desde la implantación de fundamentos más sostenibles, garantizando la autonomía energética, minimizando el impacto ambiental y fomentando la digitalización en un escenario social inclusivo y garantista. En este contexto los fondos europeos, su asignación y su ejecución son claves, y para ello la transparencia en la adjudicación y control así como rendición de cuentas, que harán también de la buena gestión un valor reputacional.

En particular el papel de la digitalización es especialmente destacable, ya que la ubicuidad de los dispositivos móviles y las nuevas aplicaciones más intuitivas y accesibles deben obligatoriamente ir encaminadas a facilitar el acceso a la información y la transparencia al permitir un proceso más participativo y desconcentrado en lo que concierne a dichos fondos, su adjudicación, su monitorización por parte de organismos de control y por parte de la ciudadanía.

La herramienta desarrollada por parte de la Unión Europea para impulsar el tejido socioeconómico la constituyen los conocidos fondos denominados Next Generation EU. Como apunte, debemos decir que son una opción para cualquier empresa en relación a la digitalización, siendo esta digitalización necesaria para el desarrollo de los procesos sanitarios entendidos éstos en sentido amplio. Las empresas sanitarias deberían hacer usos de esta oportunidad.

Los Next Generation, son una potentísima herramienta de gran envergadura, ya que la cifra es de 390.000 millones de euros en transferencias no reembolsables y otros 360.000 en préstamos.

Se trata de usar tecnología para implantar tecnología (digitalización). En todas las fases necesitamos alcanzar el máximo nivel de transparencia posible, con el único freno legítimo marcado por la protección de datos de carácter personal y, en su caso, la protección del secreto industrial de las empresas implicadas cuando se ponga injustificadamente en peligro su ventaja competitiva legítima. Un medio lógico para permitir dicho grado de transparencia es el uso de las propias tecnologías digitales, pero con el requisito previo de la estandarización.
¿Y cuáles son esos mecanismos de transparencia? Exponemos algunos que de exigencia legal:

Mecanismos de consulta para determinar quién se concede estas ayudas: a tal efecto se determina que el uso de medios de comunicación directa con las pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo, así como la publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo mediante su publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Mecanismos de registro detallado de la ejecución, con la referida obligación de contabilidad codificada por separado para los importes de las ayudas.

Mecanismos de control por parte de la Intervención General de la Administración del Estado, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.

Poder contar no ya solo con datos financieros de pequeñas empresas, empresas públicas y otros organismos y agencias, sino también con datos de gestión, de buen gobierno, de igualdad de género, de respeto a los derechos laborales y de cuidado por el medio ambiente, y en un formato estandarizado ampliamente aceptado en Europa permitirá realizar una correcta monitorización del esfuerzo inversor de los fondos europeos y en etapas posteriores incluso mejorar su asignación.

Hablamos por lo tanto de lo que debería ser la realidad en transparencia: que cada administración, cada pyme, cada organismo, cada entidad sanitaria, a través de la digitalización debería ser un ente transparente que rinde cuentas, promotor del civismo, y colaborador y generador de conocimiento. La Sanidad, las políticas sanitarias y los propios centros sanitarios deben ser el eje fundamental para asegurar un adecuado control de la gestión y rendición de cuentas, permitiendo así el ejercicio del derecho a la transparencia en todas sus dimensiones.