España dispone de uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, y esto lo avalan distintos estudios y análisis internacionales, que suelen situar al sistema sanitario español entre los 10 mejores. Pero a pesar de ello, dentro del territorio nacional vemos que nuestro sistema sanitario tiene problemas visibles para la ciudadanía, y prueba de ello es el importante número de quejas (849 en 2018) que ha recibido el Defensor del Pueblo en materia sanitaria, y que han quedado plasmados en el Informe Anual de 2018, quejas que han aumentado un 53% en un año.

Los ciudadanos tenemos derecho a que se proteja nuestra salud, como está consagrado en el artículo 43 de la Constitución Española. A lo que se unen otros textos legales como la Ley General de Sanidad o la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Todos ellos recogen, al menos en la teoría, el derecho de los ciudadanos a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos.

Pero la Sanidad es una competencia transferida a las comunidades autónomas, y son estas las encargadas de planificar y organizar sus medios materiales y humanos de acuerdo a sus intereses. Y aunque sobre el papel todos los ciudadanos tenemos derecho a recibir en cualquier comunidad autónoma asistencia sanitaria en las mismas condiciones que en la comunidad autónoma de residencia, en la práctica se ve que no es así. Con las elecciones generales celebradas hace escasas semanas, vimos cómo la Sanidad ocupó un espacio, más o menos escueto, en los programas y discursos políticos; donde una parte del debate político se situó en cómo funciona el sistema sanitario entre regiones tras la descentralización sanitaria.

La descentralización sanitaria ha conseguido ventajas que en el antiguo modelo centralizador de INSALUD no era capaz de gestionar, pudiendo ser las comunidades autónomas las que mejor puedan decidir qué medios materiales y humanos tienen que destinar a sus distintos territorios adaptándose a sus intereses y necesidades, sin tener que dejar tal decisión a manos del Ministerio de Sanidad afincado en Madrid, y las demoras que solían tardar este en tomar tales decisiones. Solo basta usar como símil el gran lapso de tiempo y esfuerzo político que invierten las distintas entidades locales y CCAA cuando pretenden que el Ministerio de Interior refuerce la plantilla de policía de sus territorios o se proceda a la reforma de sus instalaciones.

Pero a la descentralización sanitaria se han unido también desventajas, algunas de ellas se han ido paliando con los años, pero otras siguen existiendo en la actualidad. Aunque las leyes regularon desde los inicios que las prestaciones sanitarias se realizarían en condiciones de igualdad efectiva, las distintas comunidades han hecho en muchos casos que estar enfermo en una región que no es la originaria de tu residencia, pueda suponer una dificultad importante para el ciudadano. Esta cuestión ha sido objeto de distintas quejas al Defensor del Pueblo; que se ven recogidas, entre otras, en el Informe Anual de 2018 del Defensor del Pueblo antes aducido, donde reconoce: “Las dificultades asociadas a la dispersión o la ubicación geográfica dan lugar también a disfunciones (…)” reconociendo que tales dificultades “(…) repercuten en la calidad de la atención que reciben los ciudadanos (…)”. A lo que se unen los casos de “(…) los desplazamientos de los pacientes, motivados en muchos casos por la necesidad que encuentra la Administración a la hora de concentrar los recursos diagnósticos o terapéuticos en las capitales de provincia o, en otros supuestos, por la situación de residencia en territorios limítrofes entre comunidades autónomas”, a lo que el Defensor del Pueblo llega a la conclusión de que deba haber “una más intensa coordinación interadministrativa”.

Esta carencia de coordinación entre administraciones ha llegado a suponer una negación al derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, que, por desgracia, ha causado algún caso de muerte, como el fallecimiento de una niña del condado de Treviño en el año 2014.

Los ciudadanos tenemos reconocido este derecho a la asistencia sanitaria, y el lugar de procedencia no debería ser obstáculo a tal derecho, y máxime en una cuestión tan importante como es la salud, donde podemos estar ante situaciones de vida o muherte. Pero todo ello está antepuesto a intereses políticos y económicos, que de distintas maneras han puesto trabas a la comodidad del paciente o han puesto en riesgo su salud.
Con este derecho como base, sería lógico que funcionase la interoperabilidad entre administraciones públicas, donde un médico de una CCAA pueda ver el historial médico del paciente de otra CCAA, y más en casos en donde el paciente puede estar en estado de inconsciencia, u otro en el que no pudiera colaborar con el personal sanitario. Pero desde los inicios de la descentralización sanitaria, estas cuestiones se han enfrentado a distintos obstáculos.

Uno de los primeros obstáculos, fue la interoperabilidad entre las tarjetas sanitarias que expedían unas CCAA con respecto a otras, o los distintos sistemas informáticos donde se soportaba la información del paciente, que eran incompatibles con los sistemas de otras regiones vecinas. Un caso significativo fue en el año 2006 cuando en la comunidad autónoma de Cataluña, dejaron de incorporar en la tarjeta sanitaria el número de la Seguridad Social del paciente, lo que complicaba y añadía trámites burocráticos a los ciudadanos catalanes que se desplazaban a otra comunidad autónoma, y lo mismo para el resto de los ciudadanos que usaban el Servei Català de la Salut. El Real Decreto 183/2004, de 30 de enero, por el que se regula la tarjeta sanitaria individual, quiso paliar este problema y trabajar por la interoperabilidad entre administraciones sanitarias, estableciendo un modelo de tarjeta individual sanitaria con caracteres comunes, pero aún faltan aspectos importantes que dificultan la interoperabilidad total entre CCAA.

Pero ¿a qué se debe esta falta de coordinación entre administraciones sanitarias? Esto se debe a diversos motivos: desde motivos económicos, con CCAA que son receptoras de un importante número de pacientes procedentes de otras regiones en épocas estivales, y a las que prestar atención sanitaria les supone un escollo a sus presupuestos; a otras que se mueven más bien por motivos ideológicos o políticos donde una mayor interoperabilidad supone una intromisión a sus competencias, y a la entrada de la intervención estatal en un ámbito que competencialmente les pertenece.

El Estado ha intentado paliar tales problemas de distintas formas, como con el Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) o el Fondo de Cohesión Sanitaria, con el fin de poder cubrir la atención sanitaria que presten las comunidades autónomas a pacientes de otras regiones o países de la UE, o con convenio especial. Pero estos fondos han estado infrafinanciados, motivo por el cual han continuado los recelos entre regiones para la atención del ciudadano. Yo mismo he sido testigo de ello, cuando me encontraba en mi residencia de verano (en otra comunidad autónoma de la que resido) derivándome de un centro con servicio radiográfico a escasos 30 kilómetros de donde me encontraba, a uno que me correspondía (por ser aragonés) de Teruel que se encontraba a 96 kilómetros, más del triple de distancia.
Es verdad que en mi caso no se trataba de una urgencia como tal. Pero he vivido “en mis carnes” casos más alarmantes, por lo que puedo asegurar que lo mío no es un caso aislado. Sin hacer menciones a la región en donde ocurrió, un amigo mío tuvo una fractura que requería pasar por quirófano, y tal intervención se le negó en el centro hospitalario más cercano, por no pertenecer a esa comunidad autónoma, motivo por el que fue derivado a más de 100 kilómetros del hospital de Aragón más cercano, y encima sin poder disponer de vehículo propio; él mismo me describió la situación como surrealista, teniendo que ir en autobús de línea, y siendo operado inmediatamente de urgencia cuando llegó al centro hospitalario de Aragón más cercano.

También sería racional que ante una urgencia sanitaria te pudiera atender la ambulancia o el facultativo médico más cercano, independientemente de la región en donde se halle el que requiere la asistencia y la Administración que puede prestarla. Es verdad que en estos casos existe lo que se conoce como facturación cruzada, donde puedes llamar a una ambulancia (la que más cercana se encuentre a tu lugar de urgencia) y facturar de forma cruzada. Pero en las circunstancias en las que una vida corre peligro, el miedo entra en escena, y bloquea estas opciones que no suelen ocurrírsele a la gente, dando gracias muchas veces a que recuerden el número de emergencias del 061 o del 112. El problema de estos números está en que son operados por las CCAA en donde se halla la persona que llama requiriendo la emergencia o urgencia sanitaria, y generalmente estos números mueven a sus propios recursos sanitarios, sin llamar a los de la comunidad vecina, que pueden ser en algunos casos los más cercanos.

En este contexto de elecciones generales que el pasado mes vivimos, algunos partidos políticos sacaron en sus programas electorales propuestas donde se apuesta por la tarjeta sanitaria única, y otros donde se apueste por la interoperabilidad. Sea cual sea la opción que tomen nuestros líderes políticos, y de la cual me desmarco, me gustaría que se usase aquí la racionalidad y se pensase en el ciudadano, por encima de cualquier injerencia política o gasto económico; porque cuando se antepone el interés económico a la salud y vida de una persona, dejamos de ser seres humanos y nos convertimos en calculadoras, siendo más importante el dinero que la vida.

Carlos Lázaro Madrid