Y cuando todo parecía que iba a acabar… llega Ómicron a empeorar el agotamiento pandémico en el que ya vivíamos. Casi dos años de esta pesadilla que ha mermado la capacidad asistencial de nuestro sistema sanitario, colapsando los hospitales a su paso en las diferentes olas a las que nos hemos enfrentado, desbordando ahora la Atención Primaria, y afectando a otras áreas claves del sistema sanitario, como las especialidades de psicología y psiquiatría, una ola de salud mental, que preocupa y mucho.
La salud mental se ha tratado a lo largo de la historia como un tema que ocultar y del que avergonzarse, por las consecuencias que podían tener en una sociedad primitiva a los problemas internos. Antaño la enfermedad mental era señal de posesión demoníaca, para convertirse con el tiempo en un castigo al que criminalizar. Hasta hace un siglo su forma de “paliarla” era ocultándola, negando su existencia, callándola con medicación, o peor aún, apartándola en recintos alejados de la sociedad.
Esta mala reseña que ha dibujado la historia sobre la enfermedad mental ha creado el tema tabú que aún convive en la actualidad, algo que ocultar, que no visualizar. Y que, en el caso de hacerlo, nace un sentimiento de culpabilidad, de haber sido el causante de ese problema, y de todas sus consecuencias. Al igual que una pierna rota puede paralizar o complicar tu vida, un problema en la salud mental puede causar efectos parecidos, con la diferencia de que el segundo, gana una culpabilidad interna en quien lo padece que no debería.
La pandemia ha visibilizado este problema, la soledad, la falta de contacto social y humano, y los cambios drásticos, sumados a las restricciones y confinamientos, ha hecho que aumenten los trastornos y las enfermedades mentales entre jóvenes, y no tan jóvenes.
En octubre del año 2020, la Organización Mundial de la Salud publicó un estudio en el que indicaba que la pandemia había provocado un aumento de trastornos de salud mental, que ha ido in crescendo a medida que ha aumentado la situación del coronavirus. Tras la publicación del estudio, la OMS también alertó que la financiación de los países, en los servicios de apoyo y tratamiento del sector de la salud mental era insuficiente. Señalando que antes de la pandemia, los países destinaban de media menos del 2% de sus presupuestos de salud a la salud mental. En el caso de España el porcentaje se sitúa en un escueto 5%, que es prácticamente la mitad de lo que invierten otros países europeos como Alemania o Francia.
Por no hablar que en España hay 25 profesionales de la Salud Mental por cada 100.000 habitantes, muy lejos de los 150 que hay en Suecia, o los 200 que hay en Finlandia, por cada 100.000 habitantes. De ellos, según el informe del Defensor del Pueblo de enero de 2020, hay seis psicólogos por cada 100.000 habitantes en el sistema público de salud, poco que ver con la media europea de 18 profesionales.
El año 2020 se ha convertido en el año con más suicidios en la historia de España desde que se tienen registros. Según el informe del Observatorio del Suicidio en España, un total de 3.941 personas, con nombres y apellidos, con familiares y amigos, acabaron con su vida, sin que la sanidad pública pudiese darles respuesta, y evitase el fatal desenlace.
Por profesiones, los sanitarios son las personas con mayor tasa de suicidio, en especial los residentes, que han soportado una gran carga emocional en todas las olas a las que se han enfrentado, a lo que se han unido otros profesionales como los policías y otros colectivos de emergencias. Por no hablar de otras afecciones a la salud mental que también están afectando a estos profesionales de la salud. Según el estudio “Prevalence of depression, anxiety and post-traumatic stress disorder in health care workers during the COVID-19 pandemic”, un 21,7% ha experimentado depresión, un 22,1% ha sufrido ansiedad y un 21,5% ha padecido un trastorno de estrés postraumático, a lo que se suma el insomnio, que ya reflejó los estudios de Hubei del año pasado en sanitarios chinos, que se situaba en un 47,8%.
La ola en la salud mental afecta principalmente a estos colectivos de servicios esenciales, a lo que se unen los jóvenes en esta situación pandémica. Según el estudio “The State Of The World’s Children 2021”, de UNICEF, el 20.8% de jóvenes con edades comprendidas entre los 10 y 19 años tienen enfermedades de salud mental, un porcentaje muy preocupante que dibuja que uno de cada 5 adolescentes tiene problemas en su salud, la cifra más elevada de los 33 países europeos analizados en este estudio, que supera en 4 puntos a la media europea.
“Diferentes expertos atestiguan que los efectos de la pandemia en la salud mental se prolongarán durante una década”
La Asociación Española de Pediatría ya señaló en junio que las urgencias pediátricas por problemas psiquiátricos habían crecido un 50%, que antes de la primavera de 2020.
Con respecto a los tiempos de espera en la atención psicológica de la Salud Pública, la horquilla varía en las regiones, pero en general da una imagen poco halagüeña de cómo los poderes públicos están combatiendo estos problemas. En los mejores casos, la espera es de 26 días como ocurre de media en Asturias, pasando a los extremos de 73 días en la atención de psicología en Madrid, o los 71 en Murcia, según recoge el informe Crecer Saludable(mente) de Save the Children, presentado en diciembre del pasado año.
Pero el problema viene de antes de la pandemia, con observaciones como la del Comité de los Derechos del Niño a España del año 2018, sobre la necesidad de formular una política nacional de salud mental infantil, con el fin de mejorar el acceso a servicios de salud mental, y asegurar la disponibilidad de personal cualificado o fomentar alternativas a la sobremedicación. O del Defensor del Pueblo que antes del primer Estado de Alarma, ya publicaba una recomendación el 02 de enero del año 2020, para promover “a la mayor brevedad posible en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con todas las administraciones sanitarias competentes, la realización de una evaluación de necesidades específicas en materia de atención psicológica dirigida a incrementar progresivamente este tipo de asistencia en los servicios autonómicos de salud”.
Pese a todo, podemos señalar que el año 2021 fue el año de la Salud Mental, con las reivindicaciones de Simone Biles sobre la salud mental en el deporte, el alegato de Íñigo Errejón por la salud mental en el Congreso de los Diputados, el Plan de Acción 2021-2024 de la Salud Mental dotado de 100 millones de euros, cerrando el año con el suicidio de la actriz Verónica Forqué, muy cercana a todos tras su aparición en Master Chef Celebrity. Abriendo todo ello la veda al cambio social, a querer visibilizar el problema, y a solicitar ayuda.
Pero por desgracia aún falta un paso para que la salud mental deje de ser un tema tabú. Tal y como manifiestan los resultados preliminares del estudio sobre salud mental y juventud que prepara el Consell Valencià de la Joventut (CVJ) y que verá la luz en la primera mitad de 2022, que ha reflejado que solo el 19% de la juventud valenciana recurriría a ayuda profesional en caso de sufrir ansiedad y solo un 11% lo haría en situaciones de estrés.
Con este contexto y el apabullante batiburrillo de porcentajes y números, queda en evidencia el problema que el servicio público de salud tiene en esta materia, una carencia presupuestaria que se manifiesta en una escasez de profesionales de la salud mental en la cartera de salud. Lo que impide cumplir con el mandato constitucional a la protección de la salud, y que desarrolla la Ley General de Sanidad, contemplando en su Capítulo III, un espacio a la salud mental, con el fin de promoverla y mejorarla entre la población.
Pues la salud, según la Constitución de la OMS, “es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.
Por no hablar de otros problemas que dejan a nuestro país en evidencia, como que hasta este año, fuéramos la única nación, junto a Bulgaria, en no tener la especialización de psicología infantil de toda la Unión Europea, o más grave aún, señalar que España llevaba sin Estrategia Nacional de Salud Mental desde el año 2013.
La especialización en Psicología infantil y juvenil, llegó el pasado año de la mano del Real Decreto 689/2021, de 3 de agosto, por el que se establece el título de médica/o especialista en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia y se actualizan diversos aspectos del título de médica/o especialista en Psiquiatría, tras más de 20 años de reivindicaciones entre los profesionales de la salud mental, y que con suerte será el baluarte del futuro en la prevención en la salud mental infantil y juvenil.
Y ante el adalid de aumentos en la demanda asistencial, llegó el anuncio del Ministerio de Salud, la famosa campaña Hablemos de #SaludMental, muy criticado en redes sociales, por animar a las personas a acudir al profesional de la salud y a hablar de sus problemas, cuando el servicio público de salud era incapaz de encauzar esta demanda.
Igual que se reformó la demanda asistencial de los hospitales con el aumento de casos, el sistema de Atención Primaria, el pilar en el que se sustenta nuestra sanidad pública debe reforzarse. Ahora colapsada con Ómicron que está burocratizando al profesional de la salud con la tramitación de las altas y bajas laborales.
Un esfuerzo por crear una suerte de Atención Primaria mental, con psicólogos y psiquiatras en la Atención Primaria, capaces de detectar y actuar con premura, porque ya lo dice el rico refranero español, “más vale prevenir que curar”.
La excusa presupuestaria no puede entrar aquí, el «no hay dinero» es sangrante cuando hay políticos, de todos los colores, que se suben el sueldo en esta crisis, el ver cómo se crean organismos públicos sin competencias en la práctica, o se contratan traductores para debatir en el Senado, cual Senado intergaláctico. En fin, en tiempos precarios, el dinero público ha de saber invertirse mejor.
Ante toda esta problemática, el gobierno ha propuesto el Plan de Acción 2021-2024 de Salud Mental para atender al impacto provocado por la pandemia, dotado con 100 millones de euros, con los que prevenir, atender y erradicar los problemas en la salud mental derivados del impacto de la crisis sanitaria de la COVID-19.
Pero como todas las propuestas legislativas tardarán hasta que se lleven a la práctica, por ello hay que atajar este problema cuanto antes, siendo imperativo que las comunidades Autónomas, que tienen las competencias sanitarias, se involucren en poner coto a este problema.
Y para ello no es mala idea fijarse en el convenio que algunas regiones tienen con clínicas dentales privadas, que colaboran con el sistema sanitario proporcionando un programa gratuito de salud bucodental que cubre prestaciones bucodentales de prevención de problemas bucodentales, e incluso tratamientos para tales problemas, en niños con determinadas edades. Una medida que ha tenido buena acogida, y que permite completar al servicio sanitario en aquellas materias no cubiertas por las carteras de salud.
Una colaboración público-privada, como pilar clave para responder de manera inmediata a los problemas de salud mental presentes, que debe hacerse sin desprestigiar y precarizar una profesión como la psicología, que con sus cuatro años de carrera y las demás especialidades que versan en ella, merecen un tratamiento digno que empieza a entrar en decadencia con aplicaciones de terapia online que están surgiendo, y que ofrecen los servicios de un psicólogo, con salarios bajos para los profesionales, que mercantiliza la salud mental, precariza a los profesionales de la psicología, y trae dudas sobre el régimen de estos profesionales, cayendo la sospecha en los falsos autónomos, como ya ocurrió con los riders.
La Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, aprobada en diciembre del pasado año, debe tomar las riendas del problema, pues el momento para hacerlo es ahora. Diferentes expertos atestiguan que los efectos de la pandemia en la salud mental se prolongarán durante una década. El Global Risks del World Economic Fórum (WEF), ha señalado este año la salud mental como uno de los 10 mayores riesgos urgentes a nivel global. En donde deben actuar los poderes públicos, creando una respuesta de prevención y erradicación, que haga que la salud mental no sea una tara que ocultar, y que no se convierta en una cosa de privilegiados, al alcance de unos pocos.
