Ya en el año 2020, haciéndome eco del Informe Anual de 2018 del Defensor del Pueblo, alerté aquí de un problema recurrente entre la ciudadanía y los profesionales sanitarios, la descoordinación entre las administraciones sanitarias y la concentración del historial médico. Señalaba entonces el Informe del Defensor del Pueblo que “las dificultades asociadas a la dispersión o la ubicación geográfica dan lugar también a disfunciones (…)” reconociendo que tales dificultades “(…) repercuten en la calidad de la atención que reciben los ciudadanos (…)”. Máxime en los casos de “(…) los desplazamientos de los pacientes, motivados en muchos casos por la necesidad que encuentra la Administración a la hora de concentrar los recursos diagnósticos o terapéuticos en las capitales de provincia o, en otros supuestos, por la situación de residencia en territorios limítrofes entre comunidades autónomas”, a lo que se llegó a la conclusión de fomentar “una más intensa coordinación interadministrativa”.

Pues bien, han pasado más de dos años desde que escribiese sobre esta situación, y cuatro años desde que el organismo que entonces lideraba Francisco Fernández Marugán hiciera este Informe, y aún hay inoperancias evidentes entre los sistemas de las diferentes administraciones sanitarias, que afectan a todos los ciudadanos, pero en especial a los pacientes que con asiduidad se desplazan entre comunidades autónomas.

En octubre de este año, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, Semergen, reclamaba la implementación de una historia clínica interconectada, con el fin de poder mejorar la atención del paciente, reducir los tiempos de espera y evitar posibles daños en los pacientes por no disponer de su historial médico. Una exigencia más que razonable, tanto para los ciudadanos, como para los facultativos, para no verse en trabas burocráticas y poder trabajar directamente con la historia clínica del paciente.

Siendo cuanto menos curioso, que inmersos en una gran revolución tecnológica, donde las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) forman parte de nuestro día a día, las historias clínicas de los ciudadanos no estén interconectadas con las otras regiones, existiendo inoperancias incluso entre áreas sanitarias de una misma comunidad autónoma, con incompatibilidades entre centros asistenciales. Problema que afecta también a la sanidad privada que tampoco tiene acceso directo a la hoja clínica del paciente, y que requiere que este se la tenga que solicitar al servicio sanitario de turno para que pueda remitir al servicio donde el paciente tiene concertada la póliza.

Esto supone sin duda un problema tanto para el ciudadano que recibe asistencia en otro territorio que no es en el que habitualmente reside, como para el sanitario. Pues sin conocer los antecedentes médicos, las posibles alergias o fármacos contraindicados, o las pruebas a las que ya ha sido sometido el paciente, que puede obligar a repetirse por no tener acceso a los resultados, puede abocar al ciudadano a riesgos fácilmente evitables si existiese un intercambio de información que la tecnología ahora permite.

“parece ilógico que aún no se haya creado una historia clínica interconectada en todo el territorio nacional”

Y aún en los territorios donde se ha apostado por esta coordinación sanitaria entre comunidades autónomas, existen ciertas trabas y problemas burocráticos, que entorpecen una Atención Primaria ya de por sí saturada.

Igual que se consiguió la interoperabilidad entre las tarjetas sanitarias con el Real Decreto 183/2004, envuelto también en disputas políticas, y se logró el acceder a las recetas electrónicas desde cualquier farmacia de España, parece ilógico que aún no se haya creado una historia clínica interconectada en todo el territorio nacional.

Cabe señalar que ahora parece que el Gobierno de España plantea dar una solución a esta problemática, que tanto se ha demorado en el tiempo, proponiendo la reforma del Real Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud, con el fin de poder hacer interoperables todos los datos sanitarios de los pacientes en el país.

La medida anunciada en junio de este año se limita a la sanidad pública, dejando de nuevo fuera a la privada. Despertando por ello críticas entre las asociaciones y colectivos de la sanidad privada española, los cuales no entienden su exclusión, cuando atienden a más de 10 millones de pacientes en el país.

Estamos ante una cuestión de gran importancia, que no se limita al territorio nacional. La Unión Europea ya fue consciente en el año 2011 de la importancia de fomentar la coordinación sanitaria entre Estados Miembros, aprobando para ello la Directiva 2011/24/UE, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza; cuyo artículo 14 señala que “la Unión apoyará y facilitará la cooperación y el intercambio de información entre los Estados miembros dentro de una red voluntaria que conecte a las autoridades nacionales encargadas de la sanidad electrónica”. Para ello se creó en su día la eHealth Network (eHN), encargada de desarrollar un Marco Europeo de Interoperabilidad para los Servicios Transfronterizos de Información de Sanidad Electrónica, pero que en la práctica no se ha materializado como se esperaba.

Envueltos en esta necesidad de interoperabilidad nacional, Sanidad ha aprovechado también el verano para iniciar su proyecto «Mi Salud@UE», en el cual se pretende lograr al fin el intercambio internacional de historias clínicas de España con los Estados Miembros de la Unión Europea, con una intención de hacerlo a su vez extensible a las recetas interconectadas, facilitando el acudir a cualquier farmacia europea para que se nos dispense la medicación prescrita.

Grandes avances que esperemos que se conviertan pronto en una realidad, mientras tanto parece que tendremos que llevar nuestros datos médicos a cuestas, si no queremos relatar toda nuestra historia clínica en el consultorio médico.