El año 2020 será recordado en los anales de la historia, como uno de los momentos más duros de la humanidad de este siglo. En plena era tecnológica y de avances científicos, pocos podríamos pensar que estaríamos en la situación en la que nos encontramos ahora.
Con los Planes de Desescalada activados en todo el país, parece que la situación va cobrando paulatinamente la normalidad, o mejor dicho “la nueva normalidad”. Porque hasta que haya una vacuna eficaz y disponible para toda la sociedad, la vida tal y como la conocemos va a cambiar rotundamente. Hemos dejado atrás nuestro modo de relacionarnos con la sociedad, de mostrar sentimientos, y a nuestras preocupaciones ya habituales, se han sumado otras, enfocadas a los nuevos tiempos. Esta crisis ha azotado duramente a nuestra sociedad, y a nuestra economía, por lo que me temo que sus consecuencias van a permanecer durante mucho tiempo.
En un momento en el que gran parte de la economía sigue paralizada, con cientos de miles de trabajadores con una situación laboral incierta, y otros en situación de desempleo, los profesionales sanitarios han estado en primera línea en esta crisis, combatiendo a este maldito virus, y ayudándonos a que la vuelta a la normalidad fuese lo antes posible. Ellos han vivido, y viven pues recordemos que esto aún no ha acabado, el miedo al contagio, y un sinfín de emociones encontradas como el dolor por la pérdida de algunos de sus pacientes y compañeros de trabajo, la soledad, la incomprensión y enfrentarse cara a cara a la nueva realidad.
Si esto fuera poco, se unió la preocupante carencia de material sanitario y de los equipos de protección del personal sanitario, que escaseó en la gran mayoría de los hospitales del país; además de la entrega de este en estado deficitario o caducado, que hacía a estos profesionales aún más vulnerables al contagio.
Casualmente, en mitad de esta crisis se celebró el pasado 28 de abril, el Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo, cuyo fin no es otro que la promoción de la defensa de la seguridad en el trabajo, defendiendo que la integridad física y la salud de los trabajadores en su entorno laboral quede protegida, un sentido que también consagra nuestra Constitución en su artículo 40. Este derecho de protección de la salud, que deberían tener todos los trabajadores en su espacio de trabajo se ha quebrado con creces al exponer a nuestros sanitarios a riesgos que eran innecesarios, y que podrían haberse evitado.
Es tiempo de ingenio, y ante esta carencia de material de protección, muchos de nuestros profesionales de la salud idearon equipos de protección caseros con los materiales que tenían a mano, como bolsas de basura, chubasqueros de un solo uso, o incluso sacos de abono fueron utilizados como EPIs en esta crisis sanitaria, obviamente todos ellos no cumplían con los certificados y requisitos exigidos de prevención de riesgos laborales y biológicos, pero estos equipos eran la única barrera a la exposición del virus ante unos incompetentes poderes públicos que no eran capaces de haber provisto de ellos.
La creación de estos instrumentos no obedecía a ser «un estímulo” o “sentirse colaboradores” en esta crisis sanitaria, como llegó aseverar una consejera de sanidad; fue el miedo a ir a trabajar a un entorno hostil de propagación del virus, y la impotencia de que las autoridades sanitarias no les facilitasen el material que requerían para hacer su trabajo en las condiciones más adecuadas, el que hizo que estos crearan estos instrumentos. ¿Se imaginan a los bomberos entrando en un edificio en llamas sin sus trajes ignífugos?
Los juzgados de lo social se han llenado en estos meses de demandas de sindicatos de celadores, enfermeros y médicos, que han reclamado enérgicamente material para desempeñar su trabajo con seguridad. Un trabajo que no es otro que el de atender, paliar y curar las consecuencias de este virus, que nos ha dejado en la situación en la que nos encontramos. De estos juzgados ya ha habido varios autos solicitando medidas cautelosísimas instando a las distintas consejerías de sanidad, para que cumpliesen con su obligación de proteger a los trabajadores de la salud, como el auto del Juzgado de lo Social número 31 de Madrid por la demanda interpuesta por Asociación de Médicos Titulados y Superiores de Madrid (AMYTS) contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid; o el del Juzgado de lo Social nº1 de Zaragoza, que tras la demanda del sindicato de médicos de Atención Primaria Fasamet, instó a que en 24 horas se pusiese por parte del Gobierno de Aragón material de protección sanitario adecuado, con el fin de proteger a los sanitarios y a sus familias. Y en esto último acertó con creces la jueza de Zaragoza, pues los trabajadores de la salud no son los únicos que corren riesgo al contagio, también pueden exponerse a él sus familias. Y a nivel nacional la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) que cuenta con representación en toda España, presentó una demanda en estos mismos términos ante la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Supremo contra el Ministerio de Sanidad, que fue aceptada, obligando al Ministerio de Sanidad a hacer todo lo necesario para poder adquirir y distribuir estos equipos de protección individual.
Aún con todo, muchas de estas medidas cautelares solicitadas han quedado mermadas por la carencia de dichos materiales. Y aunque quizás es precipitado hacer ahora esta reflexión, considero que esta carencia ha hecho que España sea uno de los países con la tasa de sanitarios contagiados por el COVID-19 más alta del mundo, como aseveró hace un mes el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC). Este hecho ha movilizado a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) que plantea interponer una querella al Ministerio de Sanidad por los riesgos a los que miles de trabajadores sanitarios se han expuesto en estos dos meses de Estado de Alarma.
Según los distintos medios periodísticos que hay en España, podríamos estar hablando de unos 50.000 sanitarios contagiados. Si lo extrapolamos al número total de contagios computados, hablamos de que un quinto de ellos es un profesional de la salud. Una cifra muy alarmante, y que supera con creces a la del resto de países. Hubo días en el que los nuevos positivos superaron a la población en general, y eso hace evidente que algo ha fallado. ¿Se podía haber previsto esta carencia de suministros?, ¿reaccionaron nuestros políticos tarde?, ¿y de quién es la culpa? Esto último es interesante pues las competencias en Sanidad están transferidas a las distintas comunidades autónomas.
Con este elevado número de contagiados, lo razonable sería que España siguiese las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de tratar a estos infectados con beneficios sociales de una enfermedad profesional.
Además de este miedo al contagio, como he señalado, el personal sanitario ha estado muy expuesto a un sinfín de emociones, como la tristeza, y la soledad, pues en estos malos momentos muchos que tuvieron que dejar atrás a sus familiares y vivir en solitario para evitar un eventual contagio a sus seres queridos, además el hecho de tener jornadas de trabajo maratonianas no facilitaba las cosas. A pesar de esto, ellos siguen jugándose la vida por nosotros, enfrentándose a esta amenaza para que podamos volver cuanto antes a la normalidad.
En esta crisis hemos tenido muchos héroes, miles de personas de distintas áreas y profesiones han trabajado ofreciéndonos servicio y asistencia en los momentos más difíciles de esta crisis, pero sin duda alguna debemos reseñar la fabulosa labor que han hecho nuestros profesionales sanitarios, de los que estamos eternamente agradecidos, y así se lo hemos hecho saber cuando cada tarde salíamos a nuestras ventanas a aplaudir. Pero como ciudadanos no tenemos que limitarnos a aplaudir, debemos defender un sistema sanitario capaz de poder gestionar futuras amenazas de esta índole, y esto está en manos de todos.
Aunque la sociedad en términos generales hemos estado completamente agradecidos, me preocupa sinceramente aquellas personas que colocaban mensajes amenazadores a todo aquel que en medio de esta crisis continuaba desempeñando su actividad laboral, y frustración más si cabe, a los que dirigían estos mensajes a los profesionales sanitarios. Me refiero a aquellos mensajes en forma de carta o pintada, la mayoría anónimos, que se colocaban en espacios comunes de las residencias de estos, donde se instaba a estos, a veces con un irónico tono de comprensión y agradecimiento por su labor, que abandonaran su lugar de alojamiento habitual a fin de evitar que pudiesen propagar el virus al resto de vecinos.
Además de todo el trabajo y carga emocional al que se vieron expuestos, es muy vil que encima algunos hayan tenido que presenciar tales muestras de rechazo e incomprensión. Estos hechos son claramente constitutivos de delito, y dependiendo del tenor que contengan o la reiteración de estos, podríamos estar hablando de delitos de amenazas o de coacciones, tipificados en el Código Penal; o incluso de injurias si se trataba de insultos.
El gran esfuerzo al que se han visto sometido los profesionales de la salud en estos meses, ha dejado mella en ellos. Esto se refleja claramente en las cifras, según un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, el 79,5 % de los sanitarios sufren ansiedad provocada por esta situación, y el 40% se siente emocionalmente agotado. Que el esfuerzo y dedicación de estos profesionales no haya sido en vano, vuelve a ser tarea de todos, que tenemos que tomar las medidas oportunas para prevenir el contagio y así evitar colapsar el sistema sanitario, pues no se si seremos capaces de poder enfrentarnos a un nuevo rebrote.
