Nuestro Sistema Nacional de Salud se enfrenta, además de a su insuficiencia financiera, al reto de resolver la insuficiente disponibilidad de profesionales sanitarios para cubrir las necesidades de la demanda de sus organizaciones prestadoras de servicios. Esa mayor demanda obedece a dos factores: el de la reposición generacional y el de una mayor presión asistencial debida a nuestra mayor esperanza de vida. A esta situación se enfrenta también la sanidad privada.

Pero además debemos añadir el reto de progresar en las competencias de los profesionales ante la constante revolución tecnológica y la necesidad de mantener y progresar en los valores humanísticos de una atención que además de efectiva ha de ser afectiva.

Para dar respuesta a esos retos de disponibilidad cuantitativa y cualitativa de profesionales sanitarios acorde con las necesidades de la demanda, el papel de las universidades y su relación con el Sistema Nacional de Salud parece relevante.

Esta relación se ha establecido tradicionalmente entre las universidades con facultades de Ciencias de la Salud y los centros sanitarios y empresas sectoriales, para la realización de las prácticas de los alumnos contenidas en sus programas de grado, y también para muchos de sus postgrados. Estos últimos, por lo que a las especialidades se refiere, se hallan en manos del Ministerio de Sanidad. También cabe notar que mucha de la formación de postgrado recae en las sociedades científicas.

También esas facultades necesitan del conocimiento, con su correspondiente acreditación académica, de los profesionales sanitarios que trabajan en los centros y las empresas sectoriales. Todo ello, para mantener claustros solventes en la respuesta a dar a las competencias que deben adquirir los alumnos ante los desafíos presentes y futuros.

Además, también se da la necesidad de gozar de la colaboración de unos y otros en la investigación.

En muchas ocasiones la solución se ha encontrado en compartir, entre universidades y organizaciones sanitarias, a profesionales para que puedan desarrollar de forma integrada las funciones de asistencia, docencia e investigación. Solución no exenta de tensiones cuando la presión asistencial aumenta o se dispone de recursos competitivos o no competitivos para destinarlos a la investigación.

Por otra parte, esos mismos centros sanitarios y los que no tienen actividad docente, precisan como decíamos de un número de graduados que satisfaga sus necesidades de reposición o de respuesta a los incrementos de demanda y a los cambios de paradigma de la demanda que se están dando. La limitada disponibilidad de profesionales en el mercado en ningún caso ayuda.

La situación actual, aún con el aumento de plazas de alumnos en las facultades de Ciencias de la Salud, no parece suficiente para garantizar para muchos con claridad una clara respuesta a las necesidades de los empleadores. Además, debemos tener presente que los profesionales sanitarios no son ajenos a la demanda social de una adecuada conciliación entre la vida laboral y la personal. Todo ello, sin menoscabo de unas retribuciones más acordes con el valor de su aportación a la salud de las personas.

Parece necesaria, pues una relación entre las universidades y el Sistema Nacional de Salud para adecuar las capacidades de los formadores a las necesidades de los empleadores, especialmente en lo que hace referencia a las disponibilidades presupuestarias de las universidades para financiar las plazas adecuadas de respuesta a esas necesidades. También para disponer de más centros sanitarios cualificados y de suficiente profesorado acreditado para formar a los futuros profesionales. Actualmente para muchas universidades, tanto públicas como privadas, que quieren disponer de Facultad de Medicina este segundo aspecto es una limitación.

Pero hay iniciativas y propuestas que se están dando en nuestro sistema universitario en el ámbito de la simulación que pueden significar un antes y un después en una parte de la formación práctica, siempre que sea sin perjuicio de la formación humana y en valores que requiere la atención efectiva y afectiva que todos merecemos llegada la ocasión.

Las respuestas a la necesidad de disponer de más profesionales sanitarios asistenciales con las competencias requeridas hoy y en el futuro, así como a la necesidad de que las universidades cuenten con los centros sanitarios suficientes y solventes para la formación práctica, para la provisión de profesorado y para el partenariado en investigación, no parecen tener un abordaje sistémico. Estas últimas hoy por hoy en el modelo clásico de relación bilateral entre universidades y centros sanitarios en el marco de una planificación relativa. En algunos casos también en el entredicho de la colaboración público-privada.

‘Los profesionales sanitarios no son ajenos a la demanda social de una adecuada conciliación entre la vida laboral y la personal’

Esas respuestas requieren de un espacio de deliberación formal y exclusivo, compartido entre los responsables públicos del ámbito universitario y del ámbito sanitario para establecer las políticas y los tempos más adecuados de aplicación que permitan soslayar muchas de las limitaciones expuestas para adecuar la oferta a las necesidades cualitativas y cuantitativas de profesionales.

De esas respuestas también depende la sostenibilidad tanto del Sistema Nacional de Salud como de la aportación que hace la sanidad privada.

Ese espacio formal debe observar también las iniciativas que se están dando en las universidades y organizaciones sanitarias, tanto públicas como privadas. A veces las soluciones se encuentran antes mirando abajo, que diseñándolas arriba.

Un espacio al que se debería acudir inicialmente, para muchos, es el del Consejo Social de cada universidad y el de la Conferencia de Consejos Sociales.

El Consejo Social de las universidades nació en los años 80 con la finalidad de abrir estas a la sociedad, otorgándole un espacio de participación, colaboración y rendición de cuentas. En los consejos encontramos la representación de las organizaciones sociales y el tejido productivo.

Sus funciones esenciales, recogidas en la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario, podrían permitir el dar cabida a la participación concreta y estructurada de todos los grupos de interés, que puedan contribuir a una formación cuantitativa y cualitativa de profesionales sanitarios acorde con las necesidades, tanto a nivel de grado como de postgrado. En concreto, la Ley recoge la posibilidad de crear comisiones para reforzar el papel de la universidad en su entorno social.

Los consejos sociales de algunas universidades, tanto públicas como privadas, van avanzando en esa dirección de crear comisiones adhoc. Contar en ellas con los responsables públicos de la atención sanitaria, los empleadores, las sociedades científicas y los pacientes puede contribuir a avanzar en los aspectos cualitativos de la formación de grado y de posgrado así como a la innovación metodológica.

El otro espacio es el del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud donde siempre se ha echado de menos la participación del Ministerio de Hacienda. Ahora se puede echar también de menos al de universidades.