Los médicos hemos hecho algo mal, en los últimos 30 años, a la hora de explicar en qué consiste nuestra profesión. Con apenas 18 años de edad, la única razón que nos impulsó a estudiar Medicina fue poder ayudar a los demás. Y, para ello, dedicamos un mínimo de 11 años al estudio -invirtiendo una media de entre 12 y 14 horas diarias- y a trabajar en horarios leoninos, sin descuidar nuestra formación y actualización de conocimientos a lo largo de toda nuestra trayectoria profesional. Todo con un solo objetivo: ayudar a los más vulnerables. Y esta idea, a priori tan sencilla, no la hemos trasladado bien a la sociedad, porque si lo hubiéramos explicado de la forma apropiada, las agresiones a médicos no serían una trágica realidad con cifras que aumentan cada año; no tendríamos a un 33% de nuestros colegas con deseos de jubilación, ni a un 50% de profesionales víctimas del síndrome del trabajador quemado, entre otros problemas.

También hemos explicado mal que los médicos ejercemos nuestra profesión bajo importantes exigencias científicas, éticas y deontológicas con el objetivo de aplicar el mejor tratamiento a nuestros pacientes. La investigación biomédica y clínica está, a su vez, sometida a rigurosos filtros de revisión, análisis y medición.

Para el correcto desarrollo de los procedimientos que serán aplicados en Medicina, existe una infraestructura científico-profesional, integrada por las Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias a nivel europeo e internacional, que revisan y actualizan la mejor evidencia para abordar enfermedades y aplicar tratamientos. El aval de sus conclusiones sirve de ayuda a las instituciones parala toma de decisiones de autorización y financiación de intervenciones sanitarias.

Dentro de los mecanismos de control de la calidad asistencial, en el día a día de un centro sanitario, comisiones y comités supervisan la buena práctica clínica.

Y, desde el ámbito competencial que nos ocupa, los Colegios de Médicos -agrupados en el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España- desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar la calidad del acto médico y, por ende, la defensa de la seguridad del paciente, vehiculizando también las posibles soluciones a los conflictos que afectan a la profesión.

El orden establecido permite la elaboración de protocolos y guías de práctica clínica que proporcionan la información necesaria a los profesionales en sus actuaciones.

La investigación biomédica y clínica está, a su vez, sometida a rigurosos filtros de revisión, análisis y medición

No hemos sido capaces de explicarlo bien en entornos que nos generan gran preocupación y este es el caso de la sentencia -conocida recientemente- en la que una juez autoriza la aplicación de una terapia a un paciente ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital La Plana de Villareal, en Castellón.

Esta imposición judicial causa gran inquietud por distintas razones: porque no cuenta con el aval científico para su indicación en el caso para el que ha sido permitida; porque el dictamen del juez dispone que la persona encargada de suministrarlo será ajena al centro sanitario en el que se llevará a cabo; y, porque, además, desoye las recomendaciones del equipo responsable de la atención al paciente, quienes -siguiendo las normas legales y deontológicas aplicables y los protocolos clínicos del centro sanitario basados en la evidencia científica- han determinado que no ofrece la seguridad y eficacia necesarias para su administración.

La injerencia de una autoridad judicial en el ámbito de la práctica de la Medicina desdibuja los arriesgados límites de las responsabilidades para funcionamiento el sistema y el ejercicio de los profesionales y las consecuencias para la seguridad de los pacientes. Abrir la puerta a que este tipo de decisiones se adopten fuera del entorno puramente clínico y de forma imperativa altera gravemente el equilibrio establecido en los procesos de evaluación que realizan las sociedades científicas, las guías de práctica clínica y los organismos competentes de un sistema sanitario serio con cartera de servicios definida, máxime cuando se ordena desatendiendo los posicionamientos de la comunidad científica, resumidos por la Asociación Médica Mundial en un contundente «el ejercicio médico precisa un fundamento en la mejor evidencia probada científicamente, disponible y actualizada».

Los médicos sabemos que el sufrimiento, la fragilidad y la desesperación inherentes a la enfermedad empujan a buscar alternativas a una ciencia que no siempre es exacta; que cada paciente es singular, irrepetible y tiene el derecho a la libre elección, recogido en la Carta Europea de Derechos de los Pacientes y en la Ley 41/2002 Básica de Autonomía del Paciente.

Ante esto, el sistema sanitario tiene la responsabilidad de responder garantizando que las técnicas que puedan elegirse cumplan las suficientes condiciones de eficacia o, al menos, de inocuidad. Y, desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, tenemos la obligación de reiterar el compromiso absoluto de los profesionales de prestar una atención adecuada a las necesidades de salud de los pacientes, de acuerdo con los conocimientos científicos disponibles en cada momento y las normas legales y deontológicas que asumimos desde el inicio de nuestra vida profesional, inicio que tenía, con apenas 18 años, solo un objetivo: ayudar a los demás.

Tomás Cobo Castro