Pese al deseo común de salir por fin a flote de esta pandemia, empezamos 2022 sumergidos aún en la tormenta ómicron. Ante la tentación de quitarle hierro a esta sexta ola, conviene escuchar a aquellos expertos que, desde el conocimiento científico, nos advierten de que ‘gripalizar’ el coronavirus es a día de hoy equivocado y temerario. Un hecho objetivo es que se están realizando derivaciones de pacientes del sistema público al privado en algunas comunidades autónomas. Lo que nos ocupa es, por tanto, un problema de salud pública e incidencia mundial que sigue afectando a todos los sectores socio-económicos, en mayor o menor medida.

Si bien a finales de octubre pasado España era uno de los países con menor número de contagios por cien mil habitantes, con el mayor índice de población vacunada mayor de 12 años de nuestro entorno, solo dos meses después encabezábamos la incidencia de COVID-19 en Europa. Hoy ya superando los 3.000 casos y ya se contabilizan más ingresos que en la cuarta y quinta ola.

La gran transmisibilidad de esta última variante ha vuelto a encender el semáforo rojo en muchas UCIs del país, lo que nuevamente se traduce en uno de los más temidos efectos secundarios de este virus: la desprogramación de intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas y el incremento progresivo de las listas de espera. Poco se habla de otra de las consecuencias de la pandemia más comentadas entre los profesionales sanitarios que han de lidiar a diario con ella: el agravamiento de infinidad de patologías que ven retrasado su tratamiento debido al atasco asistencial.

Es cierto que la evolución del coronavirus nos somete a un aprendizaje constante, pero también lo es que tenemos la obligación de ampliar el campo visual y no limitarnos a una visión cortoplacista cuyas consecuencias sanitarias pueden ser devastadoras para nuestro Sistema Nacional de Salud. Más que nada porque esta sexta ola no terminará en la orilla y, al margen de que puedan sucederse otras, su corriente seguirá aumentando la marea de problemas estructurales ya existentes.

Prolongar y reforzar la colaboración y complementariedad público-privada es la garantía de un modelo que sitúa por delante de cualquier otra premisa la atención al paciente

Recordemos que solo durante el confinamiento, entre marzo y abril de 2020, se suspendieron más de un millón de intervenciones quirúrgicas. Recordemos que siguen faltando médicos y enfermeras y que el aumento de la esperanza de vida va de la mano de la cronicidad y la necesidad de aumentar los recursos a la dependencia.

Como si fuera un patrón que se repite a lo largo de esta crisis sanitaria, entre el final de una ola y el inicio de otra, nos encontramos un caldo de cultivo similar. A la fatiga y el desgaste de casi dos años de convivencia con el virus se une una preocupante inacción por parte de los que tienen la responsabilidad de gestionar recursos y ejercer cualquier tipo de gobernanza sanitaria. Cuando poner todos los medios asistenciales e infraestructuras médicas a disposición para afrontar los mencionados problemas que afectan a nuestro SNS debiera ser la prioridad. Y no me refiero precisamente a la decisión, difícilmente entendible, de contar con el Ejército para reforzar la vacunación antes que con los más de 67.000 enfermeros y enfermeras de la sanidad privada. Vaya por delante mi admiración y respeto a los profesionales de nuestras Fuerzas Armadas, que realizan una labor encomiable, pero la primera opción de los gestores sanitarios para un tema de salud pública ¿no deberían de ser las estructuras hospitalarias ya existentes?

El sector de la provisión sanitaria tiene un carácter complementario imprescindible, de aliado flexible con capacidad de adaptación a las diversas prioridades asistenciales, de recurso estratégico dentro del Sistema Nacional de Salud que ha quedado más que demostrado durante esta crisis sanitaria. Prolongar y reforzar la colaboración y complementariedad público-privada, de eficiencia demostrada en los propios análisis que periódicamente realiza el Ministerio de Sanidad, es la garantía de un modelo que sitúa por delante de cualquier otra premisa la atención al paciente.

A fin de cuentas, los ciudadanos lo que quieren es una buena medicina y unos buenos profesionales sanitarios, al margen de su titularidad o los modelos de complementariedad contemplados en nuestra legislación para garantizar su atención. Pero cuando desde algunos ángulos de la política se transmite de forma constante un discurso ideológico que trata de enfrentar a la sanidad pública y la privada, se alude a una falsa ‘privatización’ de los recursos públicos o se pone fin a gestiones concesionales avaladas por auditorías favorables se comete una gran irresponsabilidad que perjudica la atención sanitaria de los ciudadanos en su conjunto.

Aun así desde ASPE mantendremos una voluntad colaborativa por la que seguiremos trabajando con todos los responsables sanitarios, nacionales y autonómicos, de cualquier signo político. Sin escatimar esfuerzos en otro aspecto fundamental para aportar valor a nuestra sanidad y al conjunto de la sociedad: la investigación y la inversión constante en tecnología sanitaria.