¿Qué es en último término el célebre Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España? Sin la menor duda, una ambiciosa alianza público-privada promovida por Europa y España. Una conclusión de ello: la ansiada recuperación en toda Europa se ha articulado desde la agilidad, el impacto y la eficiencia económica que demuestra la colaboración entre las administraciones públicas y el sector privado. La moderna gobernanza económica tiene hoy un pilar esencial en esa colaboración en multitud de sectores: construcción de obras públicas, concesiones de infraestructuras para la movilidad de personas y mercancías, servicios de facilities en entes públicos, investigación científico-técnica, etc. Baste el ejemplo de la amplísima trayectoria concesional española, que ha creado un liderazgo empresarial más allá de nuestras fronteras y que surge de infraestructuras concesionadas en España a partir de las décadas de los setenta y ochenta.

En las sociedades avanzadas de nuestro entorno, el Estado es garante de la calidad de la prestación de servicios para cumplir el interés general, como instrumento dinamizador de políticas públicas, ejerciendo un liderazgo institucional, y no como freno de su eficiente ejecución o, más allá, de la actividad económica garantizada en las cartas magnas de nuestros países.

Sucede que el actual Gobierno tiene una interpretación rigorista o excesivamente formal del papel de ‘ejecutor’ en todas las políticas del Estado de Bienestar. Creo que esa visión se aleja de una correcta interpretación de las necesidades de interés general si se debilita la capacidad de atención al ciudadano al comprometer la ejecución de las políticas exclusivamente a la disposición de recursos públicos. Concluyo que esta perspectiva se distancia de las exigencias de una buena administración.

Hacer más país no supone excluir al sector privado, sino lo contrario. Y aquí nos encontramos con el texto previo al proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, planteado por el Ministerio de Sanidad que, en pocas palabras, viene a criminalizar la colaboración de la sanidad privada en el modelo asistencial del país, después de décadas de cooperación exitosa en conciertos y concesiones sanitarias. Y todo ante una crisis asistencial como no se recuerda. La base para ello es la visión ideológica que acompaña esa posible ley promovida por la cartera de sanidad y que afectaría al ejercicio de las competencias de todas las comunidades autónomas. El único argumento planteado para cambiar nuestro modelo competencial consolidado en sanidad es el ánimo de lucro del sector privado.

‘Hacer más país no supone excluir al sector privado, sino lo contrario’

Por supuesto, el sector privado en nuestras sociedades se basa en una dinámica empresarial y competitiva desde una perspectiva que prima mayor eficiencia en la gestión de recursos y de costes que la sanidad pública. No se trata de limitar la atención asistencial, por otra parte, comprometida en detalle en los contratos de los conciertos sanitarios, sino de saber gestionar con un criterio de eficiencia permanente.

No olvidemos que los conciertos sanitarios ahorran dinero al sistema público frente a la gestión directa. ¿Y el resultado en satisfacción de pacientes es peor? Justo lo contrario. Es la clave de bóveda de nuestro objeto social: la atención adecuada y eficiente a los pacientes.

Limitar la capacidad de actuación de las comunidades autónomas en sus competencias de gobernanza sanitaria, privándolas de la experiencia, capacidad técnica, innovación y recursos de la sanidad privada, es al menos un grave error cuando no un despropósito.

¿Requiere mejoras la colaboración público-privada? No las descartemos. Pero ya todas las fórmulas de colaboración incluyen importantes facultades de control y transparencia por las administraciones competentes y la concertación o concesión no priva a la Administración de su competencia de gestión sanitaria.

El sistema sanitario actual solo puede entenderse como la conjunción de lo público y lo privado, con todos sus recursos integrados y coordinados Desde la sanidad privada reclamamos respeto a nuestra actividad y que se ponga en valor nuestra contribución al Sistema Nacional de Salud; ya que, de hecho, sin la participación activa del sector privado, nos enfrentamos a un futuro con menos prestaciones sanitarias o a la necesidad de implementar copagos, lo que afectaría directamente la equidad y calidad de la atención médica.