La transparencia como obligación de la administración sanitaria y las listas de espera
No hace mucho, el 15 de septiembre, saltó una noticia en los medios periodísticos sobre las listas de espera de pacientes y “disfunciones” posibles en un hospital de Madrid.
Tirando de este “hilo conductor” y, por supuesto, sin entrar en el fondo de la noticia que en absoluto nos corresponde, toca plantearse si, teniendo en cuenta que el paciente, según las leyes de transparencia y otras del sector sanitario, tiene posibilidad o debe conocer esos criterios de la lista de espera. Y por último, entender que cabe unirlo al concepto de gobernanza en sanidad, que va unido a criterios de decisión y a una gestión o a un “buen gobierno” de centros sanitarios, sea este público o privada, o sea el que sea. Pues bien, nuestra columna tanto por su extensión, como por su cometido no tiene posibilidad de abarcar todas las consideraciones tanto legales como de otra índole que implica esta cuestión. Si bien respecto a la gobernanza, dedicaremos los próximos números de esta publicación a este delicado tema que tiene que ver con la Responsabilidad Social Corporativa, toma de decisiones, optimización de recursos y sostenibilidad (entre otras cosas).
Vamos en esta ocasión a centrarnos exclusivamente en la transparencia, siendo conscientes de que el paciente/cliente sufre esta situación, que, en breve, parece ser que llegará también a la atención primaria. No solo lo sufren los pacientes sino los centros de la sanidad privada que atienden esas listas de espera procedentes del Sistema Nacional de Salud.
Como venimos permanentemente indicando en esta revista desde hace años, la exigencia de transparencia en la actividad pública cumple una doble función: a) posibilita que la ciudadanía exija responsabilidades políticas y jurídicas a los mandatarios y gestores públicos, cumpliendo así una función preventiva de corruptelas y malas prácticas y generando confianza de la ciudadanía en sus instituciones públicas; b) permite que la ciudadanía colabore y participe directamente en el quehacer público mediante propuestas de mejora, evaluaciones, etc., y es que, realmente, la transparencia pierde en buena medida su sentido si no va acompañada de un proceso de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y en su posterior evaluación.
‘No parece que mantener la política de priorización de pacientes en la opacidad sea el camino o solución más adecuada’
Como no podía ser de otra forma, la transparencia y el impulso de la participación ciudadana son deberes de las administraciones sanitarias y así se contemplan expresamente en las leyes sanitarias básicas. En efecto, La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, reconoce el derecho a la información sanitario-asistencial. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, exige utilizar criterios de transparencia en la elaboración y distribución de la información que responda a las necesidades del Sistema Nacional de Salud (artículo 58.2), toda vez que la ciudadanía tiene derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma. Por su parte, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, sienta la transparencia como uno de los principios generales que han de presidir las actuaciones en materia de la salud pública (artículo 3.f), y también establece el derecho de los ciudadanos a la participación efectiva en las actuaciones de salud pública (artículo 5). En fin, las leyes sanitarias reconocen a la ciudadanía el derecho a saber para poder ejercitar el derecho a participar en la toma de decisiones y en su posterior evaluación.
Por su parte, las leyes de transparencia obligan a la Administración Pública a dar a conocer, haciéndola pública, la información relativa a su actuación, particularmente aquella que resulte relevante para la ciudadanía por afectar directamente a sus intereses, al objeto de que esta conozca en profundidad las decisiones que adoptan las autoridades y en qué razones se apoyan para tomarlas.
Priorización de pacientes: criterios y variables utilizadas
La priorización de pacientes ha sido siempre una realidad en el ámbito de la sanidad pública, toda vez que los recursos asistenciales son limitados y coexisten con una demanda de asistencia que frecuentemente supera la capacidad de respuesta del sistema. La coexistencia de criterios de priorización explícitos (orden de llegada) e implícitos en su mayoría (clínicos, funcionales y sociales) provoca en la práctica clínica cotidiana una pronunciada variación en los criterios casuísticamente aplicados, contribuyendo a una fuerte alternancia de las variables y una falta de transparencia en la gestión de las listas de espera o en el triaje en urgencias o emergencias. Por otro lado, a estos criterios se les unen criterios técnicos que maneja el personal sanitario/facultativo de la especialidad correspondiente (etc.).
Lo cierto y real es que, hay cierta opacidad en las listas de espera, aun cuando la legislación vigente inclina la balanza hacia el principio de transparencia (opuesto a opacidad). Dicho esto, no parece que mantener la política de priorización de pacientes en la opacidad sea el camino o solución más adecuada, si bien deberían crearse fórmulas para la participación ciudadana, además de la obligada información pública (transparencia) y derecho de acceso a la información del ciudadano.
Hoy por hoy, existen herramientas jurídicas más que suficientes para aplicar esa transparencia y permitir la participación ciudadana en el espinoso asunto de las listas de espera. Pero hago la siguiente reflexión, dicho de otra manera, el debate es otro: ¿La sociedad está lo suficientemente madura para conocer y entender los criterios y variables de priorización que, tras un proceso de participación ciudadana, finalmente se acuerden y se normativicen? ¿Se convertiría en un conflicto y un permanente “estrés social (por intentar ponerle una terminología que comprenda la total dimensión del problema) para la sociedad actual? Ahí dejo esa pregunta, para que los lectores puedan responder.
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