“Si los determinantes de la salud más importantes son sociales, sociales también deberán ser las soluciones”. Michael Marmot, profesor de Epidemiología y Salud Pública en Londres

Existe hoy consenso en que la pobreza infantil es un fenómeno complejo y que su impacto sobre niños y niñas pone en juego el capital humano de nuestros países. A pesar de los desarrollos para intentar una aproximación al problema, no se ha llegado a un modelo con amplio consenso sobre necesidades y recursos. Un mayor y más adecuado conocimiento de los determinantes y la situación de pobreza multidimensional en la infancia permitirá formular políticas públicas más eficaces para superarla y romper su transmisión intergeneracional. Por lo tanto, para cumplir con los derechos de los niños y adolescentes, es necesario erradicar tanto la pobreza infantil como la pobreza general, siendo esencial incidir en los determinantes de la salud.

Los datos son esenciales para identificar a los niños menos favorecidos del total de 2200 millones que hay en el mundo, conocer las dificultades que enfrentan, y diseñar y hacer seguimiento de las iniciativas destinadas a hacer realidad los derechos de todos ellos.

Algunos de los niños y jóvenes que presentan mayor riesgo de pobreza no viven con su familia, sino en instituciones, hogares infantiles, alojamientos temporales, hostales u hospitales, cárceles, hogares para refugiados o asilados, casas rodantes o en las calles. También es posible que algunos de los menores con mayores riesgos no estén representados en las encuestas de hogares, porque viven en zonas alejadas o en familias y comunidades cuya presencia puede no estar registrada. Es posible que todos estos grupos sean invisibles para las estadísticas.

A nivel mundial, uno de cada seis niños menores de cinco años tiene deficiencia de peso, y uno de cada cuatro tiene retraso del crecimiento.

Este texto es una llamada a los profesionales de salud pública, pediatras y otros, para analizar y estudiar la repercusión de la pobreza en la población infantil y presionar así a las instituciones que deben actuar en favor de los niños y niñas vulnerables.

En definitiva, hemos mejorado, pero queda todavía mucho por hacer. Sería intolerable que hubiese un niño que muere de hambre, pero es que no solo hay uno, sino que muere uno cada cuatro segundos.

Los recursos destinados a la infancia siguen siendo considerados un coste, cuando en realidad son la mejor inversión.

Políticas por el derecho a la salud

El objetivo de un enfoque basado en los derechos humanos es que todas las políticas, estrategias y programas se formulen con el fin de mejorar progresivamente el goce del derecho a la salud para todas las personas. Las intervenciones para conseguirlo se rigen por principios y normas rigurosos que incluyen:

No discriminación: el principio de no discriminación procura garantizar el ejercicio de los derechos sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, por ejemplo, discapacidad, edad, estado civil y familiar, orientación e identidad sexual, estado de salud, lugar de residencia y situación económica y social.

Disponibilidad: se deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como de programas de salud.

Accesibilidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:

Aceptabilidad: todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, y sensibles a las necesidades propias de cada sexo y del ciclo vital.

Calidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad.

Rendición de cuentas: los Estados y otros garantes de los derechos son responsables de la observancia de los derechos humanos.

Universalidad: los derechos humanos son universales e inalienables. Todas las personas, en cualquier lugar del mundo, deben poder ejercerlos.

Las políticas y los programas se han concebido para satisfacer las necesidades de la población, como resultado de los mecanismos de rendición de cuentas establecidos.

Un enfoque basado en los derechos humanos identifica relaciones a fin de emancipar a las personas para que puedan reivindicar sus derechos, y alentar a las instancias normativas y a los prestadores de servicios a que cumplan sus obligaciones en lo concerniente a la creación de sistemas de salud más receptivos.