La gobernanza se define como el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero; promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado. Kauffman precisa que “la gobernanza es el conjunto de tradiciones e instituciones a través de las cuales se ejercita la autoridad de un país; y que comprende: 1) el proceso de selección, supervisión y sustitución de los gobiernos, y sus mecanismos de rendición de cuentas (accountability) al público en general; 2) la capacidad del gobierno para administrar los recursos públicos de forma eficaz y elaborar, poner en marcha y ejecutar políticas y leyes adecuadas para el desarrollo del país y el bien común; y 3) el respeto, por parte de los ciudadanos y del Estado, de las instituciones que rigen sus relaciones económicas y sociales” . En síntesis, podría decirse que la gobernanza exige primar el interés general en el marco de un estado de derecho.

Un componente fundamental de la gobernanza de una crisis como la pandemia por el COVID-19 es el liderazgo. El liderazgo se consigue cuando las autoridades y la alta dirección se involucran activamente en la definición de los objetivos que se persiguen y en la definición de los criterios que se emplean para adoptar las medidas de control de la transmisión de la enfermedad, siempre con la participación de las personas clave; cuando se facilita la creación de grupos de trabajo o comités de expertos, se les dota de recursos, se les escucha, y se tienen en cuenta sus dictámenes o recomendaciones; cuando se protege al personal sanitario; cuando se dirimen las diferencias y se toman las decisiones necesarias, y finalmente cuando se evalúan los resultados. En resumen, el liderazgo se logra cuando se definen objetivos, se asignan recursos, se escucha a las personas clave, se fijan criterios, se toman decisiones y se evalúa la ejecución del plan. Además de todo lo anterior es imprescindible la transparencia, y la comunicación con la sociedad que exige explicar a todos con claridad las decisiones que se adoptan y sus motivos.

El liderazgo durante una crisis, y la del COVID-19 es un buen ejemplo, debe hacer frente a varias etapas. La primera es la fase de emergencia cuando se desata o surge la crisis y la prioridad es estabilizar la situación y ganar tiempo, si es que eso es posible. La siguiente fase es la de adaptación, cuando es necesario hacer frente a las causas subyacentes de la crisis y progresar hacia una “nueva realidad”, que no una nueva normalidad, porque por definición la normalidad no es nueva. La fase de adaptación es especialmente delicada porque los afectados, en el caso de la pandemia el conjunto de la sociedad, presionan para reducir las medidas de control o de adaptación, debido a que su grado de temor o de ansiedad se ha reducido. En esta etapa cada vez que se quieren introducir cambios que son necesarios, pero que se caracterizan por su coste social, se presiona para eliminarlos o reducir sus efectos. En esta situación nos encontramos en la actualidad, cuando quienes están más afectados por la situación, después de los fallecidos, enfermos y sus familiares, como es el sector de la hostelería, presionan todos los días para acabar con las restricciones. También es un ejemplo de esta situación la incomodidad o desasosiego que suponen las restricciones a las visitas y salidas de las personas mayores de las residencias; o incluso las restricciones para la celebración de la Navidad, medidas ambas que generan presiones para eliminarlas. Todas las crisis tienen además una fase previa que es la de preparación para evitar que la crisis se presente, y una posterior que exige evitar la tentación de continuar como si nada hubiera pasado. También estas dos etapas exigen un fuerte liderazgo.

Se ha analizado de forma reiterada la falta de preparación con que se encontró el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la pandemia, las enormes dificultades para adquirir los equipos y material necesarios, así como la capacidad o incapacidad de gestión del Ministerio de Sanidad para asumir sus funciones de liderazgo, entre las se encuentra siempre la de proteger al personal sanitario y facilitar los recursos necesarios. Es especialmente significativa la falta de tacto de los responsables ministeriales con los médicos, personal de enfermería y otros profesionales de primera línea en la atención de la enfermedad. Por ejemplo, discutiendo y negando la condición de enfermedad profesional para los contagiados por la enfermedad; o afirmando que los médicos se contagiaban en su vida privada por descuido en las medidas de protección. Aun en el hipotético caso de que esto último pudiera ser cierto, desde luego las autoridades de salud del ministerio y de las comunidades autónomas no tienen la menor legitimidad para hacer semejantes afirmaciones sobre unos profesionales a los que no fueron capaces de facilitar los necesarios equipos de protección personal.

Durante esta crisis se han observado y se siguen observando importantes carencias de gobernanza, la mayoría de las cuales se deben a un liderazgo débil. En primer lugar, quizá la más lamentable y que es la responsable de algunas de las principales deficiencias observadas está que no siempre se ha primado el interés general. Si se hubiera concedido prioridad al interés general por encima de intereses particulares o de partido, nunca hubiéramos presenciado el espectáculo de las disputas entre gobierno de la nación y de la comunidad de Madrid, que en ocasiones terminaban con inexplicables e inexplicados cambios de criterio; o las declaraciones imprudentes y fuera de tono, así como algunas decisiones incomprensibles del entonces presidente de la Generalitat de Catalunya. Si hubiera primado el interés general tampoco el presidente del gobierno de la nación hubiera aprovechado para hacer larguísimas comparecencias en la televisión para informar de las decisiones que se iban a tomar al día siguiente después de consultar con los presidentes de los gobiernos de las comunidades autónomas. Una crisis como la que padecemos no puede ser la excusa para, como se dice coloquialmente, “chupar cámara”, cuando además se desaira a quienes al día siguiente se les pide colaboración y respaldo.

También ha faltado transparencia, y este fallo también es achacable a que el interés general no es el que goza de prioridad. No es de recibo que todavía se esté pendiente de un requerimiento, precisamente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, para informar sobre los expertos que asesoran al Ministro de Sanidad. También es reprobable que no se justifique con los datos disponibles las decisiones que se adoptan y que siempre perjudican a alguien; por ejemplo, los cordones sanitarios, ahora llamados confinamientos perimetrales; o los cierres de los establecimientos de hostelería y espectáculos. Estas justificaciones son más necesarias todavía por la diversidad de normas sobre el mismo asunto en las diferentes comunidades autónomas, por su coste social y por sus enormes repercusiones económicas. No es aceptable la estrategia de ocultar, o tratar de hacerlo, los contratos urgentes de suministros que se hicieron de forma centralizada y su coste. Tampoco los ciudadanos de la Comunidad de Madrid han sido debidamente informados sobre los criterios que justifican la construcción de un hospital de pandemias cuyo coste se cuenta por decenas de millones de euros. Siguen sin ser públicos los datos y los criterios con los que se adoptan las decisiones sobre restricciones de los derechos de los ciudadanos.

Peor todavía que la falta de transparencia son los intentos para desdibujar la realidad de los hechos. Algo que todos considerábamos imprescindible ante una enfermedad nueva, que ha causado y sigue causando una gran mortalidad, es el trabajo codo con codo con quienes más conocimiento pueden aportar para la mejor gestión de la crisis. La misteriosa comisión de expertos, que debería haberse constituido enseguida con los mejores, no llegó a existir. En cualquier circunstancia esta desinformación, por no emplear otros términos, no es aceptable y exigiría explicaciones y asunción de responsabilidades. En este caso, con una pandemia que ha ocasionado decenas de miles de muertos, es intolerable. Finalmente, la mejor muestra de la falta de transparencia es la reluctancia de las autoridades del país y de las comunidades autónomas para someter su gestión al escrutinio de una comisión de expertos independientes, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos.

La falta de transparencia y las dudas sobre la veracidad de la información no son el mejor camino para generar confianza y esta confianza es imprescindible durante la gestión de la primera y segunda fase de una crisis y también sobre la etapa posterior. Un buen liderazgo genera confianza y en esta crisis falta la confianza en las autoridades, lo que explicaría, por ejemplo, por qué un importante número de españoles parece reacio a vacunarse.

Confiemos en que las medidas adoptadas para la próxima Navidad se cumplan y así evitemos una nueva oleada en el mes de enero y confiemos también en que la vacunación consiga inmunidad de grupo, que no de rebaño, porque las personas forman grupos y no rebaños. Ya es el momento de comenzar a pensar qué cambios necesita nuestro Sistema Nacional de Salud. Esos cambios no se pueden quedar, como afirman todos los políticos a coro en “potenciar la Atención Primaria”, o “revertir los recortes”, que quiere decir en lenguaje político aumentar el gasto, aunque no sea yo quien discuta esas dos necesidades. Son necesarias reformas profundas que respeten los principios fundamentales de financiación pública y cobertura universal. Todo lo demás debería ser objeto de estudio y discusión, primero técnica y después política. Siempre concediendo prioridad al interés general.