Se cumplen casi dos años desde que comenzó la pandemia en España, y más de dos desde que comenzó en China. Aunque todavía no hayamos superado esta pesadilla que ha cambiado nuestras vidas, conviene analizar algunas de las cosas que se han hecho bien, pero también las que han sido y son manifiestamente mejorables, con la remota esperanza de que mejoren. Lástima que nuestro Gobierno siga posponiendo la evaluación externa y por expertos independientes que nos ha prometido en reiteradas ocasiones, porque entonces todos podríamos tener una opinión informada sobre lo ocurrido.

Podemos calificar como excelente la respuesta de nuestro sistema de salud, que ha sido de capaz de responder a la emergencia sanitaria. Son dignos de encomio el esfuerzo y la dedicación de sus profesionales. Mención especial merecen los servicios de Atención Primaria, que hicieron frente desde el primer momento, y continúan haciéndolo, al aluvión de enfermos tanto graves como menos graves. Se da la circunstancia de que sus esfuerzos son menos reconocidos en los medios de comunicación que los de los hospitales, cuyas actuaciones siempre son más vistosas. La red de hospitales fue capaz de hacer frente a la elevadísima demanda, improvisando nuevas unidades de cuidados intensivos y ampliando el número de camas de hospitalización, incluso con la instalación de hospitales de campaña. Es importante señalar la participación del sector privado, que se coordinó con el público y proporcionó sus recursos en los momentos más difíciles. Menos ágiles estuvieron algunos servicios de salud en pagar por la utilización de esos recursos.

La campaña de vacunación ha resultado un éxito de las comunidades autónomas y de manera más específica de sus servicios de salud y de los ciudadanos que han acudido en masa a los centros de vacunación. Gracias a la elevada tasa de vacunación de nuestro país, la mortalidad de las sucesivas oleadas ha sido significativamente inferior a la primera. Llama la atención que el presidente del Gobierno se atribuya sin cesar estos logros en los que su Gobierno no ha tenido participación significativa alguna.

La falta de veracidad de algunas de las informaciones proporcionadas por un Gobierno que presume todos los días de transparencia es muy grave

La falta de veracidad de algunas de las informaciones proporcionadas por un Gobierno que presume todos los días de transparencia es muy grave. Un ejemplo de esa falta de veracidad es la afirmación, durante la primera oleada, de que se contaba con un comité de expertos, que resultó ser el de los funcionarios de la unidad de alertas del Ministerio, cuyo conocimiento y capacidad de gestión no se ponen en duda, pero obviamente las preguntas que se hicieron al Gobierno no se referían a este grupo de funcionarios. También es una falta de respeto a los ciudadanos la conducta de alguna autoridad autonómica y también eclesiástica, que no respetaron su turno de vacunación en perjuicio de los grupos de población de mayor riesgo. Este reprobable comportamiento fue precedido por el incumplimiento de las medidas de cuarentena por el entonces vicepresidente del Gobierno y de las normas de confinamiento por la entonces ministra de Educación, que además insultaron nuestra inteligencia con las explicaciones que dieron a los ciudadanos. Otra acción imperdonable fue la asistencia de varios ministros y autoridades a una cena con numerosos comensales incumpliendo todas las normas vigentes en ese momento, entre ellas las de aforos y las del uso de mascarillas en interiores. De pronto, los actos oficiales y de partido se multiplicaron los fines de semana precisamente en los lugares de residencia de algunos ministros, como pretexto para incumplir las restricciones que a los demás nos impedían viajar entre distintas comunidades. Desde luego el Gobierno y las autoridades se desautorizan a sí mismos con estos comportamientos.

En materia legislativa el Gobierno agravó la metedura de pata que supone aprobar estados de alarma inconstitucionales por su desmedida crítica a la primera sentencia del Tribunal Constitucional que, como varios profesores de Derecho habían advertido antes, resolvió que el estado de alarma no era suficiente para limitar los derechos de los ciudadanos. Si para restringir derechos fundamentales durante una emergencia sanitaria es necesario al menos un estado de excepción, debería analizarse con seriedad la viabilidad de una ley de emergencias sanitarias que el Gobierno se ha empecinado en no promover. Por otra parte, para la llamada “cogobernanza” los miembros del Gobierno han afirmado con mucha suficiencia y en reiteradas ocasiones que “las comunidades autónomas tienen suficientes recursos jurídicos” para decretar medidas que vulneran los derechos fundamentales, pero sin especificar debidamente qué recursos jurídicos son esos. La prueba de que esta afirmación no se ajusta a la realidad es que el mismo Gobierno ha añadido a los jueces una función que no les es propia, que es la de autorizadores de las disposiciones autonómicas que limitan los derechos de las personas, con el agravante de que la falta de normativa ha provocado la disparidad de las resoluciones judiciales sobre esas peticiones de autorización. Al final ha sido el Tribunal Supremo el que ha tenido que subsanar la indolencia del Gobierno.

Una grave consecuencia de la pandemia es el estado crítico en que se encuentra nuestro Sistema Nacional de Salud, con multitud de consultas, exploraciones y otras atenciones de pacientes no COVID retrasadas, que pueden tener graves consecuencias para la salud de las personas. Además, la red de Atención Primaria, que ya se encontraba en estado crítico antes de la pandemia, presenta ahora la peor situación desde su creación a principios de los años 80.

Cuando comienza la sexta oleada no se observa que se vayan a corregir las deficiencias observadas en la gestión de la pandemia ni tampoco que vaya a mejorar nuestro maltrecho sistema de salud. Cada nueva oleada agrava su situación, porque se continúa sin afrontar sus graves problemas. Confiemos en que tanto el gobierno central como los autonómicos se pongan a la tarea para evitar el colapso del Sistema Nacional de Salud.