Cuando Estados Unidos todavía permanecía oficialmente neutral ante la guerra en Europa, el presidente Roosevelt solicitó, y el Congreso asignó apresuradamente, más de 10.500 millones de dólares, de entonces, para reforzar la defensa nacional, cantidad que se incrementó notablemente después del ataque a Pearl Harbor.
Diez meses antes de que se declarara el estado de guerra, el 10 de febrero de 1941, un senador relativamente desconocido, el demócrata Harry S. Truman de Missouri, pronunció un discurso que cambiaría para siempre su destino, porque supuso el comienzo de su camino hacia la Casa Blanca.
Truman propuso entonces el control por el poder legislativo del programa de defensa nacional y de la gestión de los contratos públicos. Bajo el liderazgo de Truman, y con el apoyo de funcionarios muy competentes, el comité que desde entonces se denomina con su nombre investigó la escasez, los sobrecostes en la contratación pública, el nepotismo y las huelgas durante la guerra.
El Comité Truman demostró su eficacia durante un periodo crítico de la historia de Estados Unidos y mereció el reconocimiento general por combatir la corrupción, el despilfarro y el fraude, ahorrando así miles de millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses.
Nadie ponía en duda la urgencia de la formalización de los contratos públicos para la construcción naval y aeronáutica, o la fabricación de armamento, en unos momentos en que Estados Unidos combatía en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, tanto en aquel país como en el Reino Unido se mantuvo la actividad de sus parlamentos y las acciones de control del Gobierno durante toda la contienda, algo que un dictador como Stalin consideraba incomprensible. Churchill pronunció durante esa época sus más famosos discursos en la Cámara de los Comunes.
Esto es precisamente lo que no ocurrió en España durante la pandemia por la COVID-19, cuando tanto el Congreso de los Diputados como el Senado, y también los parlamentos autónomos, abdicaron de su obligación de controlar al Gobierno durante los sucesivos estados de alarma. Esta renuncia fue declarada inconstitucional porque limitaba el derecho a la participación política de los diputados y una de las obligaciones del Congreso es el control de la acción del Gobierno, más importante todavía cuando los derechos fundamentales de los ciudadanos están limitados.
‘El control administrativo tiene muchas limitaciones, la corrupción no se combate con medidas administrativas’
Cuando se presenta una situación de emergencia no se puede actuar como se hace en situaciones de normalidad, esto es obvio, pero no todo está permitido. Las normas de contratación pública siguen vigentes, aunque se permita acelerar los trámites e incluso limitar la concurrencia para la adjudicación de los contratos. Todas estas actuaciones deben documentarse y justificarse para someterse a todos los controles que se contemplan en la normativa y también al control de los órganos legislativos. El control de la acción de gobierno no puede sustituirse por confusas ruedas prensa, ni discursos del presidente del gobierno dirigidos a los ciudadanos el fin de semana para anunciar las disposiciones de las que se va a informar dos o tres días más tarde a los presidentes de las comunidades autónomas, que es lo que todos tuvimos que soportar.
Durante las últimas semanas se han conocido posibles casos de corrupción en la compra de material sanitario durante los peores momentos de la pandemia por la COVID-19. En una situación de extrema gravedad por la enorme mortalidad y en la que además no había material de protección para los profesionales, ni medios de diagnóstico en los laboratorios, ni respiradores para los enfermos; todos los servicios de salud hicieron lo que pudieron de la mejor manera posible para conseguir los medios con qué combatir la pandemia. Esta situación motivó que se comprara material a elevados precios, porque se compraba lo que se podía y al precio que se pedía, porque la otra opción era no disponer de nada. Esa gestión no merece reproche. Sin embargo, hubo quien se aprovechó de esa situación para cobrar enormes comisiones por sus gestiones de intermediación. También hubo quien se aprovechó para cobrar, incluso por adelantado, enormes cantidades por un material que nunca suministró o que resultó inservible.
En contraste con estos hechos, dos grandes compañías españolas con intereses en China (Grupo Inditex y el Corte Inglés), pusieron toda su capacidad logística y su red de contactos a disposición del gobierno para ayudar en la compra de equipos. Iberia, con tripulaciones voluntarias, hizo sucesivos viajes a China para traer material sanitario cubriendo la enorme distancia en tiempo récord. Como siempre ocurre en las catástrofes coincidieron los saqueadores con los comportamientos ejemplares. Confiemos en que la justicia ponga a cada uno en su sitio.
Tanto el informe que evalúa el desempeño de la gestión de la pandemia como algunos gestores sanitarios insisten en la necesidad de reservas estratégicas de material como medida de prevención ante una situación tan angustiosa como la que se produjo entonces. Discrepo de esa opinión. Las reservas estratégicas que se demandan hubieran sido insuficientes, nadie previó nunca una catástrofe como aquella, y además el material sanitario tiene fecha de caducidad. La crítica sería entonces por “despilfarro”. Lo que se puso dolorosamente de manifiesto entonces es que la industria española no produce material sanitario. Ni equipos de protección, ni simples mascarillas, ni reactivos de laboratorio, ni equipos de electromedicina se fabrican en España. Esa extrema debilidad motivó la escasez y con la escasez vino la corrupción, aunque también las muestras de solidaridad. En vez de reservas estratégicas convendría reflexionar sobre la necesidad de empresas estratégicas, aquellas que deberían ser las proveedoras de material crítico en caso de emergencias sanitarias. El Estado debería promoverlas, incluso con su participación en el capital, para asegurar que no vuelva a ocurrir que los profesionales trabajen sin protección, los enfermos no tengan respiradores y los laboratorios no dispongan de reactivos. Si Telefónica o Indra son empresas estratégicas en las que se justifica la presencia de capital público, también lo son las empresas que fabrican material para emergencias sanitarias.
El control administrativo tiene muchas limitaciones, la corrupción no se combate con medidas administrativas -todos los casos de corrupción, o su mayoría, cuentan con expedientes impecables-, se combate con el Código Penal. La planificación de la respuesta a las emergencias exige también una estrategia industrial que evite la muy peligrosa situación de dependencia con que nos encontramos en la actualidad. Cuando los derechos fundamentales de los ciudadanos se limitan y las normas de contratación pública se relajan, es imprescindible aumentar el control del gobierno por los parlamentos.
