Siempre me ha preocupado cómo se ha de emplear el dinero obtenido de nuestros impuestos para financiar los servicios públicos, y especialmente los sanitarios, que se van a proveer a los ciudadanos. Obviamente, este dinero debería emplearse de la manera más eficaz y más eficiente posible, es decir, con los mejores resultados para la salud de los ciudadanos y al menos coste posible. Hay poco dinero y es una irresponsabilidad malgastarlo por incompetencia de los gestores o administradores o por decisiones de los políticos en favor de ideologías, amiguismos o corruptelas.

Siempre hemos abogado por la despolitización de la Sanidad, entiéndaseme bien, porque la Sanidad no se utilice como arma política contra el adversario, porque la gestión de la sanidad no esté sometida a ideologías políticas, sino al logro de la excelencia de su gestión y de sus resultados.

Sin embargo, sí es una decisión política decidir cuanto se va a gastar en Sanidad, como también lo es cuanto se va a gastar en educación, trasporte, infraestructuras, administración pública, seguridad y defensa. El gasto en pensiones nos viene dado al estar ya comprometido; y el de los intereses de la deuda también. Y aquí he de aclarar algo que muchos fuera del sector confunden o desconocen.

El Gobierno, a través de los Presupuestos Generales del Estado, decide y el parlamento autoriza, tanto los gastos de los ministerios y demás órganos estatales (entre los que está el Ministerio de Sanidad), como las cantidades que van a trasferir a cada comunidad autónoma, en base a diferentes criterios convenidos con las mismas, con la salvedad de las comunidades con régimen foral como el País Vasco y Navarra. No son trasferencias finalistas, sino globales. Es luego cada comunidad autónoma la que, sumando estas trasferencias a su presupuesto, decide cuanto va a destinar del mismo a la Sanidad. Y ahí es donde encontramos grandes diferencias.

La crisis económica generada por la paralización de la actividad económica y administrativa está creando un colapso de nuestra economía a la vez que un mayor gasto social en materia de retribución del paro y de subsidios

En 2017, publiqué en un libro de la Fundación Bamberg, utilizando los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, el porcentaje de su presupuesto que cada comunidad aplicaba a Sanidad. El caso es que, mientras Galicia aplicaba un 40,3% de su presupuesto, Cataluña aplicaba solo un 25,7% o Andalucía un 28,2%, sobre una media del 31,3%. Esto reflejaba su voluntad política hacia la Sanidad, aunque luego el gasto real fuera mucho mayor. Queda claro con esto que son las CC.AA. las que al final recortan o no en sanidad, las que crean o cierran camas, las que contratan o despiden a los profesionales, porque son las que eligen la parte de su presupuesto que van a dedicar a la sanidad. Durante la pasada crisis, la Andalucía regida por el partido socialista fue la comunidad autónoma que más camas cerró y quien a más profesionales despidió. La que más recortó.

Debido a la pasada crisis económica, el porcentaje del gasto público en sanidad había bajado del 6,4% en 2010 al 5,9% en 2018. El gasto sanitario privado subió ligeramente hasta un 2,7%, situándose el gasto sanitario total en un 8,2% del PIB. Pero, mientras no seamos capaces de comparar el gasto sanitario con los resultados en salud, no podremos saber si ese gasto ha sido eficaz y ha respondido a sus objetivos o si ha habido despilfarro. Porque mayor gasto no significa necesariamente mejores resultados.

Debido a la pandemia generada por este virus, hoy estamos a las puertas de un mayor gasto sanitario; uno ya realizado y en curso de realización que es el gasto realizado para atender a los pacientes de la COVID-19. El otro será el de resolver la bola formada por las consultas, pruebas, operaciones, y otras prestaciones postergadas. Ambos gastos a añadir al del normal desarrollo de la asistencia sanitaria. Atender a este incremento, cuando ya teníamos generadas unas bolsas de listas de espera indeseables, cuando está obsoleto nuestro parque tecnológico sanitario, no va a ser fácil.

La crisis económica generada por la paralización de la actividad económica y administrativa está creando un colapso de nuestra economía a la vez que un mayor gasto social en materia de retribución del paro y de subsidios. El colapso está afectando sobre todo a sectores como el comercio, el turismo y la hostelería; pero también a otros sectores industriales como el de la fabricación de automóviles y, sobre todo, a la industria auxiliar. Este colapso está perjudicando principalmente a los trabajadores autónomos y a la pequeña y mediana empresa, que forman la base de nuestra economía.

Todo ello se va a traducir en menos cotizaciones a la Seguridad Social, menos recaudación del IVA, menos recaudación en los impuestos de IRPF y Sociedades y en otros impuestos asociados al consumo, debido a la disminución de la actividad económica y comercial.

El endeudamiento de nuestro país, situaba la deuda en agosto pasado en 1.298.736 millones de euros, lo que significó casi el 111% del PIB, y creciendo: En septiembre, la deuda pública alcanzó el 114,1% del PIB, en un mes, una subida de 3 puntos porcentuales. Y eso sin contar con los citados avales estatales que, de ejecutarse en bloque dispararían la deuda pública española al entorno del 140% del PIB, algo inasumible. Sin margen para el endeudamiento, la recuperación económica va a ser muy difícil y la financiación de la sanidad también. La destrucción del tejido empresarial, el pesimismo, la depresión y aturdimiento social y el miedo y desconfianza de los emprendedores va a situar el país en un inmovilismo suicida. Las grandes compañías española o extrajeras contemplarán (algunas ya lo han hecho) la deslocalización de sus fábricas y centros de decisión. Y hay que tener en cuenta que el PIB no recoge la actividad desarrollada en el exterior, solo en el interior.

La situación es difícil, pues, como decía al principio, el Gobierno y las comunidades autónomas han de decidir cómo van a priorizar y en qué medida el gasto público. Lo que está claro es que cualquier gasto ineficiente debido a imposiciones ideológicas no dejará de ser resultado de un abuso de autoridad, prevaricación y, en el fondo, una estafa a los ciudadanos.

No podemos permitir un nuevo «Plan E” como el de Zapatero que todavía ahonde más la crisis, ni unos presupuestos irrealizables, ni el derroche de los fondos que nos lleguen desde Europa, ni su empleo en agrandar más el gigantismo político y administrativo que sufre España.

Hemos de esforzarnos todos para aportar ideas y soluciones que sean útiles para todos, ciudadanos, políticos, gestores y profesionales sanitarios, de manera que podamos contribuir a salir de esta crisis con los menores daños posibles, agudizando el ingenio y con positividad. Defendiéndolas y aconsejando, aplaudiendo o denunciando las decisiones que se tomen correctas o incorrectas; con la mayor sinceridad.

Ignacio Para Rodríguez