El Alzheimer, que afecta principalmente a las personas mayores, es la principal causa de demencia en todo el mundo y genera grave discapacidad a quienes la padecen.
En nuestro país se estima que unas 800.000 personas sufren esta enfermedad. A ellos habría que sumar casi un 40% más, son los casos aún no diagnosticados.
Los efectos del Alzheimer son devastadores. La pérdida de autonomía personal, el hundimiento de la calidad de vida y el empobrecimiento se proyectan con intensidad sobre quienes padecen Alzheimer y sus familias.
El apoyo de cuidadores ha de ser constante y los gastos a soportar son elevados.
El coste medio oscila entre 17.100 y 28.200 euros por paciente y año, llegando a los 41.700 euros en los casos graves.
Sin embargo, pese a su magnitud, estos problemas no se perciben por la sociedad con la dimensión dramática que tienen. Por ello, es necesario sensibilizar a los poderes públicos para que se impliquen con determinación en su solución.
Habría que hacer frente sin demora al Alzheimer, utilizando diversas herramientas
Son problemas que tienden a agravarse como consecuencia del proceso de envejecimiento demográfico que vive España. Más de 9 millones de personas mayores, de los cuales 3 millones tienen más de 80 años, pero dentro de una década un 30% de la población tendrá más de 65 años.
Por tanto, habría que hacer frente sin demora al Alzheimer, utilizando diversas herramientas. La primera de ellas es prevenir la enfermedad con actuaciones desde las administraciones sanitarias. Se trata de controlar factores de riesgo (diabetes, hipertensión arterial, obesidad, tabaquismo, sedentarismo, depresión, inactividad cognitiva, hipoacusia, aislamiento social, entre otros).
También hace falta un mayor respaldo a la investigación, a la futura disponibilidad de fármacos innovadores, a la formación y la información, a la continuidad asistencial, a la coordinación sanitaria y sociosanitaria y a las asociaciones de familiares de estos pacientes. No hacerlo equivaldría a ignorar a miles de personas; a condenarlas al olvido.
En 2019 se aprobaron 100 páginas dedicadas al Alzheimer. Era todo un Plan Integral, prometedor, ambicioso en sus objetivos, pero lamentablemente no acompañado de dotación presupuestaria.
Es cierto que en algunas comunidades autónomas se han adoptado algunas medidas de interés, pero, sin recursos económicos, el Plan Integral es poco más que un repertorio de buenos propósitos.
Su vigencia formal terminará en 2023, pero su eficacia real habrá sido muy limitada. Por responsabilidad social, habría, pues, que revitalizar el Plan Integral y no postergar por más tiempo los compromisos sanitarios, sociosanitarios y económicos que encierra. Se lo debemos a 800.000 pacientes especialmente frágiles y vulnerables.