Han pasado más de 10 meses desde que un simple microorganismo demostrara una capacidad nunca imaginada para condicionar e influir sobre las vidas de 7.000 millones de seres humanos. Si bien era difícil calibrar la dimensión de la amenaza en unos primeros momentos, lo cierto es que, ante un problema de salud pública al que nunca antes nos habíamos enfrentado, las 316.000 enfermeras y enfermeros españoles -como el resto de los sanitarios- han respondido dando una lección a los ciudadanos, pero sobre todo a los políticos.

Nos encontramos con unos políticos que cometieron errores importantes, sobre todo derivados de no contar ni aprovechar la fuerza y experiencia de los profesionales sanitarios. Resulta evidente que no era fácil enfrentarse a la mortalidad y facilidad de contagio del coronavirus, pero la falta de previsión de esos primeros momentos, que nos parecen ya lejanos, se tradujo en que nuestras enfermeras tuvieron que enfrentarse al virus desprovistas de mascarillas, EPIs o guantes. Hubo contagios masivos, muertes de profesionales, bajas y cuarentenas. Esto a su vez acarreó la muerte indirecta de muchas más personas en esos hospitales atestados, sin respiradores y repletos de dolor, rabia y frustración.

Pero las enfermeras siguieron cumpliendo con su deber en las condiciones más adversas, exhaustas, con miedo por sus propias familias. Muchos políticos que hoy usan esta terrible pandemia como arma arrojadiza deberían seguir el ejemplo de los profesionales sanitarios, luchando codo con codo en un objetivo común: salvar vidas. Observamos con preocupación las trifulcas políticas en los Parlamentos o entre distintos gobiernos autonómicos y la Administración central, que se imponen a la evidencia científica cuando hay muchas vidas en juego.

Esta crisis ha desnudado en parte un sistema sanitario que se sostenía por la excelencia de sus profesionales, una fuerza enfermera mermada e insuficiente. Tenemos uno de las ratios de enfermera/paciente más bajos entre los países de nuestro entorno y ahora lo lamentamos. Estamos al nivel de Grecia, Letonia o Chipre en lugar de Francia, Reino Unido o Noruega. Algunas regiones de nuestro país, como Navarra, sí superan por poco la media europea, pero en otras CC.AA. la situación es acuciante y sus estadísticas están a años luz de otras naciones. Por ejemplo, Andalucía tiene 4,5 enfermeras por 1.000 habitantes y en Murcia hay 4,3 por 1.000 habitantes. Mientras que países como Dinamarca o Finlandia tienen 17 y 15 enfermeras por 1.000 habitantes respectivamente.

En España se necesitarían hoy cerca de 120.000 enfermeras más para sumar a las 316.000 que hay ahora mismo. De forma urgente, hacen falta cerca de 48.000 enfermeras: 8.000 para cuidados intensivos y 40.000 para Atención Primaria y eso no se soluciona de un día para otro porque es culpa de la miopía política en materia de recursos humanos de la que han hecho gala siempre los gobiernos de distinto signo. En general, ha habido una falta de consideración histórica a una profesión que es uno de los pilares de nuestra sanidad universal. La desgracia que vivimos nos regala una oportunidad histórica para resolverlo y asegurar la atención de nuestra población -envejecida y con patologías crónicas- en las próximas décadas.

Con permisos suspendidos, la presión asistencial en hospitales de todos los tamaños no deja de crecer, pero resulta muy preocupante la situación de las residencias y centros sociosanitarios. No olvidemos que el coronavirus causó una auténtica masacre hace meses entre la población mayor ingresada en residencias. Eso ha puesto el foco mediático en un sector que presentaba una deficiencia crónica y estructural en lo referente a los profesionales sanitarios que trabajan en él. Ya habíamos denunciado que un número reducido de enfermeras tenían que atender a un número excesivo e inabarcable de pacientes por un sueldo miserable. No se puede generalizar, pero es una situación frecuente que provoca una fuga de profesionales y que los enfermeros especialistas en Geriatría no puedan desarrollar su vocación y aportar valor como coordinadores de la atención sanitaria en las residencias. Un reciente estudio llevado a cabo por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato SATSE refleja que casi la mitad de los centros sociosanitarios no están preparados para esta segunda oleada de COVID-19. ¿Llegará el día en que aprendamos de nuestros errores?

Pilar Fernández Fernández