Referenciando el debate político, que en esta semana se votaba en el Congreso la revalorización de las pensiones, considero que debemos de poner nuestra mirada más allá de la situación coyuntural englobada en la estrategia electoral de cada uno de los partidos. Pienso que no es tema baladí la protección de nuestros mayores que con sus pensiones, fruto del trabajo realizado durante muchos años, gozan de unos recursos que les ayudan a resolver sus necesidades hasta el final de sus días.
Según el Ministerio de Sanidad, contamos con 155.000 camas hospitalarias perteneciendo el 82,5% al SNS. En las residencias de personas mayores contamos con 47.363 camas, perteneciendo al ámbito privado entorno al 70% según el Observatorio del sector sociosanitario privado de la Fundación IDIS.
La vida sube, lo manifiestan los últimos IPCs, y por ello, la necesidad de ingresos con objeto de dar cobertura a la asistencia que debería estar ya protegidos mediante la continuidad del sistema sanitario y sociosanitario, pasando de un sistema de cobertura sanitaria por una gran red en la mayoría de los casos puramente publica a un modelo sociosanitario de elección por parte del usuario/a conforme al nivel de ingresos del recurso, que le permita cubrir su necesidad de cuidados y asistencia.
Debemos seguir protegiendo nuestro modelo de bienestar que tiene distintas vertientes. No entro en las oportunidades que como sector se pueden presentar, ya sean sociales, científicas, laborales, económicas, me refiero en nuestra capacidad para proyectar el sistema y abordar las necesidades de nuestros mayores en todo su ciclo vital. En el mismo caso, es evidente la necesidad de un marco jurídico estable, adecuado a la inversión que requiere un dispositivo de garantías para nuestros mayores. Partiendo de que la calidad asistencial es objetivo irrenunciable, obvio que su gestión debe estar soportada por los correspondientes ingresos económicos y requerimientos normativos, ya sea en ratios de personal y disposición de infraestructuras.
En el ámbito sociosanitario, la colaboración público-privada toma especial relevancia mediante la gestión indirecta, concertación total del dispositivo o preservación de una serie de plazas con objeto queden a la completa disposición de la administración pública. El modelo puede seguir desarrollándose, por un marco normativo estable, financiación adecuada y estimulo continuo a los profesionales, mediante una formación no encorsetada en un modelo meramente dogmático sino un a prendimiento adaptado y recurrente a la casuística que presentan nuestros usuarios, que por cierto aborda retos científicos por la longevidad.
Sigamos mirando nuestro estado de bienestar con la atención puesta en nuestros mayores. También aprovecho para recordar las necesidades, que ya existen, en diversidad funcional, salud mental y neurorrehabilitación, los cuales irán incrementado y debemos estar preparados para ello.
Rodrigo Castelblanque López, Director gerente de la Fundación Hermanas Hospitalarias de Valencia
