La pobreza es una lacra que se extiende más allá de la mera falta de recursos económicos. Sus tentáculos se aferran a la salud, tejiendo una red inextricable donde la enfermedad se convierte en causa y consecuencia de la privación material. En este círculo vicioso, la sanidad pública se encuentra en medio de una gran batalla, luchando por garantizar el derecho a la salud en un contexto marcado por la desigualdad.

Vivienda y salud: una relación indisoluble. Las condiciones de la vivienda impactan directamente en la salud de sus habitantes. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la humedad y el frío en el hogar aumentan el riesgo de enfermedades respiratorias, especialmente en niños y personas mayores. En España, Cáritas estima que más de 700.000 personas viven en viviendas inadecuadas, con problemas de humedad, ventilación o hacinamiento. Estas condiciones favorecen la propagación de enfermedades como la bronquitis, la neumonía y el asma, incrementando la presión sobre la sanidad pública. Además, la inestabilidad en la vivienda, como desahucios o mudanzas forzosas, genera un estrés y ansiedad extremos, afectando la salud mental de las personas.

La alimentación. La pobreza limita el acceso a una alimentación saludable. Frutas, verduras y pescado fresco se convierten en productos de lujo para familias con presupuestos ajustados. Un informe de la FAO revela que, en España, el 12,7% de la población sufre inseguridad alimentaria, lo que significa que tienen dificultades para acceder a alimentos suficientes y nutritivos. Esta situación se traduce en un aumento de la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, patologías que requieren un tratamiento costoso y prolongado, sobrecargando al sistema sanitario. La malnutrición también debilita el sistema inmunológico, haciendo a las personas más vulnerables a las enfermedades.

Salud mental: la gran olvidada. La pobreza no solo afecta al cuerpo, también mina la salud mental. El estrés crónico derivado de la inestabilidad laboral, la precariedad económica y la falta de perspectivas de futuro aumenta el riesgo de depresión, ansiedad y trastornos del sueño. Sin embargo, la atención a la salud mental en la sanidad pública española es insuficiente. Según datos del Defensor del Pueblo, la ratio de psicólogos clínicos en el Sistema Nacional de Salud es de 6 por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la media europea (18 por cada 100.000 habitantes). Esta carencia obliga a muchas personas a recurrir a la sanidad privada o a resignarse a sufrir en silencio, lo que puede agravar su situación y tener consecuencias negativas en su vida social y laboral.

‘Una enfermedad puede generar gastos catastróficos en salud que llevan a las familias a la ruina’

La salud bucodental, un privilegio. En España, la atención dental no está incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, excepto para algunos colectivos como menores de 15 años y personas con discapacidad. Esto significa que la mayoría de la población debe costearse los tratamientos dentales, un gasto inabordable para muchas familias con bajos ingresos. La falta de acceso a la atención dental provoca problemas de salud bucodental, que pueden afectar a la nutrición, el habla y la autoestima. Además, las enfermedades bucodentales pueden tener repercusiones en la salud general, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes.

Es preciso comprender que la salud no es un ente aislado, sino un complejo entramado donde se entretejen factores biológicos, psicológicos y sociales. La pobreza, al actuar sobre estos últimos, desequilibra la balanza y predispone a la enfermedad. No se trata solo de la falta de acceso a servicios sanitarios, sino de un entramado de carencias que se retroalimentan.

La precariedad laboral, por ejemplo, somete a las personas a jornadas extenuantes, condiciones de trabajo insalubres y elevados niveles de estrés. Esto aumenta el riesgo de accidentes laborales, enfermedades crónicas y problemas de salud mental. A su vez, la enfermedad puede llevar a la pérdida del empleo, agravando la situación de pobreza.

La falta de educación y formación también juega un papel crucial. Las personas con menor nivel educativo tienen menos probabilidades de acceder a empleos de calidad y mayores dificultades para comprender y gestionar su propia salud. Esto se traduce en una menor adherencia a los tratamientos médicos, un mayor riesgo de complicaciones y una mayor utilización de los servicios de urgencias.

La discriminación y la exclusión social también impactan en la salud. Las personas que sufren discriminación por su origen, género, orientación sexual o cualquier otra condición experimentan mayores niveles de estrés y ansiedad, lo que aumenta su vulnerabilidad a las enfermedades. Además, el estigma asociado a ciertas enfermedades, como las enfermedades mentales o el VIH, puede dificultar el acceso a la atención sanitaria y provocar aislamiento social.

En definitiva, la pobreza enferma y la enfermedad empobrece. Romper este círculo vicioso requiere un enfoque integral que aborde las causas estructurales de la pobreza y garantice el acceso a una atención sanitaria de calidad para todos.

Una enfermedad puede generar gastos catastróficos en salud que llevan a las familias a la ruina e impedir que las personas trabajen y generen ingresos lo que a su vez termina por perpetuar la pobreza.

Enfermedades crónicas con tratamientos de alto coste:

Cáncer: aunque el sistema público cubre la mayoría de los tratamientos oncológicos, algunos fármacos innovadores o terapias personalizadas pueden tener un coste muy elevado y no estar cubiertos o tener una cobertura parcial, lo que obliga a las familias a asumir una parte importante del gasto.

Enfermedades raras:  el diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras a menudo requiere pruebas genéticas, medicamentos huérfanos o terapias especializadas que pueden ser muy costosas y no estar disponibles en el sistema público, generando un gran impacto económico en las familias.

Esclerosis múltiple:  los tratamientos modificadores de la enfermedad para la esclerosis múltiple pueden tener un coste anual muy elevado. Aunque el sistema público cubre algunos de ellos, el acceso puede ser limitado o requerir largos tiempos de espera, lo que puede llevar a las familias a buscar alternativas privadas con un alto coste.

Necesidad de cuidados de larga duración:

Dependencia: las personas con dependencia (mayores, personas con discapacidad) pueden requerir cuidados de larga duración que no están completamente cubiertos por el sistema público. Las familias se ven obligadas a contratar cuidadores privados, ingresar a sus familiares en residencias o asumir ellas mismas la carga de los cuidados, lo que puede generar un importante desgaste económico y emocional.

Enfermedades neurodegenerativas: enfermedades como el Alzheimer o Parkinson requieren cuidados y atención especializada a largo plazo, que pueden suponer un coste insostenible para muchas familias.

Gastos adicionales asociados a la enfermedad:

Transporte: desplazamientos a centros hospitalarios, consultas médicas o tratamientos pueden generar gastos importantes en transporte, especialmente para personas que viven en zonas rurales o con movilidad reducida.

Adaptación del hogar: en algunos casos, la enfermedad puede requerir la adaptación del hogar (rampas, ascensores, etc.)  para facilitar la movilidad y el cuidado del paciente.

Aunque también hay que celebrar y dejar constancia que, con el esfuerzo, lucha y perseverancia de asociaciones, pacientes, sanitarios puede conseguir lo que se proponga si hay voluntad por parte de las administraciones.

Tras una larga lucha por parte de pacientes y asociaciones, en septiembre de 2024 la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) aprobó la financiación pública de Enhertu y Trodelvy para ciertos tipos de cáncer de mama metastásico.

Enhertu (trastuzumab deruxtecán) y Trodelvy (sacituzumab govitecán):

Indicación: cáncer de mama metastásico con baja expresión de HER2 (Enhertu) y cáncer de mama metastásico triple negativo (Trodelvy).

Situación:  hasta hace poco, estos medicamentos no estaban financiados por la sanidad pública española, a pesar de mostrar resultados prometedores en ensayos clínicos.  Esto generaba una gran desigualdad en el acceso al tratamiento, ya que solo las pacientes que podían permitírselo podían acceder a ellos.