Los seguros médicos privados en España no son una alternativa a la sanidad pública, solo deben ser complementarios y ofrecer a los asegurados un acceso rápido y de calidad donde la sanidad pública falla.

Estos seguros varían en cobertura, desde unas más básicas hasta las más complejas. Muchas personas optan por ellos para reducir tiempos de espera y tener más opciones en la elección de profesionales y centros, y aquí se encuentra el motivo por el que el 80% de los funcionarios del Estado eligen este modelo concertado, como muchos españoles, casi 12 millones, que contratan este tipo de provisión privada, insisto, como forma complementaria, porque nadie en su sano juicio renuncia a la sanidad pública.

El conflicto entre la Asociación Unipromel, representando a los médicos, y las compañías aseguradoras y su patronal Unespa, alcanza en este escenario de la renovación del concierto un punto álgido y me atrevería a decir que decisivo, porque los médicos denunciamos desde hace años las condiciones contractuales que imponen las aseguradoras, con baremos muy por debajo de los que publican las Consejerías de Salud como media, algo ya de por sí muy grave, pero que en el caso de Muface, Islas y Mugeju, al  Estado, al adjudicar un contrato que todos denuncian que incurre en lo que se podría definir como «baja temeraria» y  obligando a las compañías a trasladar un mayor recorte en los baremos y en los cuadros médicos.

Este conflicto ha generado un debate más amplio sobre la calidad de la atención médica en el sector privado y la necesidad de encontrar un equilibrio que beneficie tanto a los profesionales de la salud como a los pacientes, llegando incluso a ser investigado por la CNMC, que tiene abierto un proceso de análisis tras la consulta pública del 2022, habiendo reconocido el desequilibrio entre el poder de negociación del médico con estos grandes aseguradoras o grupos hospitalarios privados, asumiendo las directrices europeas y permitiendo la exención del cumplimiento de la legislación de competencia a los médicos autónomos, para que puedan negociar colectivamente.

El contrato del Estado con las compañías aseguradoras para la asistencia sanitaria de sus funcionarios puede verse afectado por el conflicto entre la asociación Unipromel y las compañías aseguradoras adjudicatarias y será denunciado por Unipromel en base a los siguientes:

Condiciones de la atención. Si los médicos representados por Unipromel continúan expresando sus preocupaciones sobre las tarifas y condiciones laborales, esto podría llevar a una disminución en la calidad de la atención que reciben los funcionarios. Si los médicos deciden no trabajar con ciertas aseguradoras, esto podría limitar las opciones de atención y libre elección.

Renegociación de contratos. El Estado en este concierto con las aseguradoras ya habla expresamente de mejorar las condiciones para los médicos, lo que supone mejorar los honorarios que pagan a los profesionales, lo que repercute en los costes y de nuevo se retroalimenta el problema de las pérdidas millonarias y una nueva exigencia de subida de la prima, abriendo la vía a una demanda patrimonial por lucro cesante y por haber sido durante años víctimas de acuerdos que podrían tener la consideración de lesivos para sus intereses.

Satisfacción de los funcionarios. Si disminuye la calidad de la atención y la libertad de elección porque se reducen de forma alarmante los cuadros médicos, los funcionarios y sus sindicatos podrían, cómo han anunciado, movilizarse y convocar huelgas en el sector público, ya de por sí colapsado en áreas tan sensibles como la justicia, la educación o la propia policía, por nombrar algunas, a los cuyos afectados animaremos a interponer denuncias colectivas que se unirían a la de los médicos.

Impacto en la salud pública. Un conflicto prolongado podría tener un efecto en la salud pública en general, ya que podría llevar a una mayor carga sobre el SNS, cuya gestión está transferido a las autonomías, si los funcionarios deciden abandonar masivamente el modelo concertado y migran a la sanidad pública en cada una de ellas, algunas al límite de su capacidad, que finalmente exigirán al Estado no menos de 1.700 euros por cada uno de los funcionarios y sus familias.

En resumen, el conflicto entre los médicos y las aseguradoras puede alcanzar un principio de solución precisamente por la intervención del poder público y de los organismos reguladores, DGSFP y CNMC, que ahora sentirán la presión y tendrán que recomendar una reforma al legislador y que sea aprobada por una amplia mayoría del Congreso.

Unipromel, como impulsora de la transformación del actual modelo del SNS hacia otros modelos centroeuropeos que garantizando la gratuidad y universalidad de la sanidad respetan la libre elección del paciente y la libre concurrencia del prestador, nos ofrece una oportunidad de defender que un paciente soberano y un médico independiente, puedan establecer una relación libre.

 

Ignacio Guerrero Ramírez, Presidente de la Unión Médica Profesional (UNIPROMEL)