El 11 de marzo de 2020, profundamente preocupada por los alarmantes niveles de propagación de la COVID-19, por su gravedad y por los pavorosos niveles también de inacción, la Organización Mundial de la Salud (OMS) determina en su evaluación que la COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia.
Asistimos atónitos a una situación excepcional, de una magnitud nunca vista, con consecuencias imprevisibles para todos los países. La pandemia, que ha causado ya más de 1,42 millones de muertes en el mundo, tiene el potencial de revertir los progresos sociales de reducción de la pobreza y el hambre de las últimas décadas, acentuar crisis humanitarias y las desigualdades existentes, retroceder en cumplimiento de derechos humanos y en gobernabilidad democrática.
Desde el punto de vista de la salud, la crisis no ha hecho sino acentuar los graves problemas de salud que ya afectaban a millones de personas. El impacto de la pandemia en personas enfermas de VIH y SIDA, tuberculosis y malaria en países de renta media y baja se traduce en un incremento de la mortalidad. Por su parte, los servicios de atención a las enfermedades no transmisibles se han interrumpido parcial o totalmente en no menos de 60 países. Urge avanzar en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, relativo a la salud y el bienestar, y lograr la cobertura sanitaria universal, fortalecer los sistemas de protección social y los servicios públicos de calidad. Porque, como dice António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas (NN. UU.), “en una época de complejos desafíos, las inversiones que hacemos hoy en la salud y el bienestar de mujeres, niños, niñas y adolescentes, ayudarán a construir sociedades pacíficas, más sostenibles e inclusivas”.
Dos meses antes de que la OMS declarara la pandemia, en enero de 2020, toma posesión el primer gobierno de coalición de la democracia, liderado por Pedro Sánchez, quien centra su discurso sobre la ayuda en el compromiso de reforzar la política pública de cooperación, dotarla de recursos suficientes (destinando el 0,5% de la renta nacional bruta al final de la legislatura), alinearla con la Agenda 2030 de NN. UU. y apostar por una cooperación que sea transformadora, feminista, que dé respuesta a los retos globales climáticos y que recupere el papel que España tiene que tener en el ámbito internacional.
El balance nos deja un sabor agridulce. El principal objetivo que se habían marcado era recuperar la Cooperación Española en cantidad y calidad. Pues bien, la política de cooperación ha recuperado en el organigrama el nivel institucional que le corresponde, pero no así la narrativa y el nivel político y presupuestario que se desprende del discurso oficial, sin por ello negar el esfuerzo que el gobierno está haciendo por estar en las grandes citas internacionales, demostrando voluntad y buen hacer.
La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española sigue siendo escasa y continúa en el furgón de cola europea, lo que demora la revalorización de la imagen de credibilidad que el gobierno quiere proyectar en las grandes citas internacionales. A España se la espera, pero aún no está. En términos reales la AOD aumenta un 7,15%, lo que supone que el esfuerzo de ayuda se queda en el 0,21%, muy por debajo de la media del resto de países donantes del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD, 0,30%), de los países donantes europeos (0,47%), y del prometido y comprometido compromiso del 0,7%, adquirido hace 50 años en el seno de las NN. UU.
Importante destacar el esfuerzo que realizan en materia de cooperación las Comunidades Autónomas y los municipios, que continúan en la senda de la recuperación con un crecimiento del 10,2%.
En lo que a salud se refiere, los 63,6 millones destinados supusieron el 2,39% del total de la AOD bruta, un porcentaje muy por debajo de la media del conjunto de países donantes del CAD, que se sitúa en el 12,91%, e insuficiente si hablamos de contribuir a reducir los grandes problemas de la salud mundial. La mortalidad materna, muy condicionada por la inequidad de género, o las muertes evitables de recién nacidos y de niños y niñas menores de 5 años, las enfermedades transmisibles (SIDA, malaria, tuberculosis, hepatitis,) y no trasmisibles (cardiovasculares, diabetes, mentales), que afectan mucho más a las poblaciones más vulnerables del planeta, siguen siendo un reto al que nos tenemos que enfrentar.
Las herramientas para conseguirlo, como la cobertura sanitaria universal -garantizando el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva; consiguiendo la protección contra los riesgos financieros; el acceso a servicios de salud esenciales de calidad; y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todas las personas-, siguen sin avanzar lo suficiente, y existe un riesgo real, incrementado por la crisis de la COVID-19, de no conseguir las metas en salud con las que la comunidad internacional se comprometió en 2030.
Por otro lado, la crisis de la COVID-19 no debería distraernos de aquellos otros factores que son responsables de la mala salud de la población, como el cambio climático, que en unos años causará unas 250.000 defunciones adicionales cada año. La mejora de la salud mundial pasa por mirar al cambio climático y establecer un fuerte compromiso global con políticas coherentes que influyan favorablemente en la creación de entornos saludables. De no generarse estos entornos, la OMS debería declarar el cambio climático una emergencia mundial de salud pública, pues sus consecuencias afectan a demasiadas personas.
Y ya que hablamos de emergencia, apuntar la deriva en la que se encuentra la Ayuda Humanitaria, que sigue bajo mínimos a pesar del ligero incremento que la ha situado en 62 millones de euros, lo que representa el 2,35% de la AOD total, muy lejos del compromiso del 10% y sin duda insuficiente para contribuir a paliar las necesidades humanitarias de todas aquellas personas afectadas por algún tipo de crisis.
LA SALUD EN EL MUNDO
La pandemia de la COVID-19 fue en 2020 la mayor amenaza a la salud mundial, una emergencia sanitaria que está afectado a todos los países del mundo, sin distinción por nivel de renta o desarrollo. La COVID-19 puede llegar a ser la enfermedad infecciosa que provoque más muertes, empeorando, además, la situación del resto de enfermedades. Las muertes por VIH, tuberculosis y malaria podrían aumentar hasta en un 10%, 20% y 36%, respectivamente. Por su parte, los servicios de atención a las enfermedades no transmisibles se interrumpieron parcial o totalmente aproximadamente en unos 60 países.
La COVID-19 está afectado a la gobernanza mundial de la salud, hasta el punto de cuestionarse la gestión que la Organización Mundial de la Salud (OMS) está haciendo de esta enfermedad. Estamos ante una nueva pandemia que requiere de respuestas dinámicas basadas, en ocasiones, en trabajos de prueba-error, lo que no siempre es aceptado por todos los actores. Esto nos lleva a un escenario de múltiples y heterogéneas propuestas por parte de los países, muchas veces sin evidencias sólidas, como respuesta a la emergencia, provocando un profundo desconcierto en la sociedad.
Una nueva gobernanza de la salud mundial demanda una OMS independiente, profesional y participativa. Una OMS que promueva una respuesta común y multisectorial a la pandemia, basada en una evaluación independiente, que busque las posibles mejoras que se deben implementar y anteponga la equidad en el acceso a las soluciones y el derecho a la salud a otros intereses. Necesitamos una nueva forma de entender no solo la salud, sino también la ecología, la economía, la política o las relaciones sociales.
Es ineludible un refuerzo de los sistemas de salud públicos que pueda dar una respuesta en todos sus niveles, donde la atención primaria de salud ocupe un lugar destacado y se aumente la comunicación y la participación de la comunidad en las respuestas. La cooperación en salud puede y debe ser un instrumento para reforzar los sistemas de salud más débiles.
A pesar de su importancia, esta pandemia es responsable de menos del 2% de la mortalidad mundial. Hay otros problemas de salud con mayor carga de mortalidad muy relacionados con los determinantes sociales y comerciales de la salud. Por ello, la salud global no puede centrarse exclusivamente en la seguridad sanitaria para evitar otra pandemia, sino que debe tener un marco más amplio de trabajo.
PERSPECTIVA INTERNACIONAL
En 2019 la AOD de los miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE totalizó 152.780 millones de dólares, lo que supone un aumento del 1,4% respecto a 2018. Si utilizamos el método “cash flow” para medir la ayuda, observamos que esta se sitúa en 147.373 millones de dólares, lo que representa una caída del 1,3% (1.915 millones de dólares).
La AOD total de los miembros del CAD representa el 0,30% de la renta nacional bruta (RNB), manteniéndose la tendencia de los últimos 10 años, muy lejos del compromiso del 0,7%. Al igual que en 2018, sólo cinco países del CAD, Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido y Suecia, cumplieron con el objetivo del 0,7%.
La Unión Europea (UE) y sus Estados miembros siguen siendo en conjunto el principal donante mundial y en 2019 asignaron a cooperación 84.335 millones de dólares en ayuda oficial al desarrollo, lo que supone el 55,2% del total de la AOD del CAD.
La ayuda destinada a personas refugiadas en países donantes disminuye un 2%, representando el 6,7% del total de las AOD del CAD y el 8,9% de la UE.
España se mantiene en el puesto 13 en cuanto a volumen de AOD y en el puesto 21 porcentualmente, a la cola de los donantes tradicionales, detrás de Hungría.
Los 22.518 millones de dólares destinados a salud representan el 12,91% del total de la AOD, un 6,5% menos que en 2018.
Se mantienen básicamente las prioridades sectoriales y geográficas de la AOD en salud para el conjunto de donantes, aunque haya mucha heterogeneidad entre ellos. La lucha contra enfermedades de transmisión sexual, que incluye el vih/sida, sigue siendo el componente más financiado en la cooperación en salud.
La pandemia ha evidenciado la ausencia de unos mecanismos de respuesta rápida globales que puedan dar solución a las necesidades de la población mundial, mostrando un mundo más fragmentado que unido. Se corre el riesgo de que una seguridad sanitaria basada prioritariamente en la tecnología sea el único elemento en las prioridades globales de salud en los próximos años, dejando el resto de los problemas de salud fuera de la agenda mundial.
LA SALUD EN LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA
En 2019, la AOD española aumentó en 178 millones de euros, alcanzando el 0,21% de la renta nacional bruta (RNB), un porcentaje muy alejado del 0,30% de la media del conjunto de donantes del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), del 0,47% de la media de los países de la Unión Europea (UE) y del compromiso del 0,7% adquirido hace 50 años en el seno de las Naciones Unidas (NN. UU.).
La Cooperación Española ha destinado a salud 63,6 millones de euros, lo que representa un exiguo 2,39% del total de la AOD, un porcentaje muy por debajo de la media del conjunto de países donantes del CAD, que se sitúa en el 12,91%. El gasto en salud proporciona igualdad de oportunidades, es el gran igualador en particular para los países de renta baja y emergentes, donde el acceso a servicios de salud básicos suele ser escaso. La salud debe ser una prioridad real de una cooperación que demanda un incremento sustancial y sostenido de recursos.
La cooperación descentralizada ascendió a 320,3 millones de euros, aumentando un 10,2% respecto a 2018. Crece tanto la cooperación procedente de las Comunidades Autónomas (CC. AA.) —4,8%— como la procedente de las Entidades Locales (EE. LL.) —22,1%—. Lo destinado a salud han sido 28,1 millones de euros, lo que supone el 8,79% del total desembolsado.
Del total destinado por Cooperación Española a salud, 63,6 millones, el 44,1%, procede de la cooperación descentralizada. A pesar de seguir siendo muy heterogénea y con mucha variabilidad de un año para otro, la cooperación autonómica asigna un peso importante al sector salud como demuestra el hecho de que en 2019 representara el 11,4%, porcentaje muy próximo a lo que destina la media de los países del CAD.
La pandemia de la COVID-19 ha afectado de manera singular a España, y ha mostrado las costuras de nuestro sistema sanitario, económico y de protección social. Además de nuestras debilidades estructurales en personal sanitario, en material de protección, y la falta de un plan de respuesta ante pandemias, el hecho de no tener una unidad política que permita tener una gobernanza conjunta en todas las instituciones públicas ha debilitado enormemente nuestra capacidad de respuesta.
ACCIÓN HUMANITARIA
En 2020, la pandemia de la COVID-19 se superpuso a la frágil situación en la que se encuentran muchos países afectados por la violencia, conflictos y emergencias climáticas. Todas las necesidades humanitarias siguen siendo, al menos, tan urgentes como lo eran antes de la COVID-19 y no podemos ignorarlas.
La respuesta a esta pandemia no debe hacerse a costa de dejar desatendidos a los millones de personas afectadas por crisis humanitarias, sino que debe hacerse con fondos adicionales. Aunque es importante financiar de manera adecuada el Plan Global de Respuesta Humanitaria COVID-19, esto no puede ser a expensas de los fondos destinados a otras crisis humanitarias.
Hasta finales de octubre, el Plan Global de Respuesta Humanitaria lanzado por NN. UU. sólo había recibido 3.390 millones de dólares de los 9.490 millones solicitados, lo que equivale al 35,7% de los fondos requeridos. – En la última década han crecido de manera importante el número y complejidad de conflictos, lo que ha llevado a que casi se doblara el número de personas desplazadas hasta alcanzar los 70 millones de personas; sin embargo, los fondos destinados a la Acción Humanitaria (AH) se han reducido en 600 millones en 2019, situándose en los 24.730 millones de dólares.
Como dato positivo hay que mencionar el incremento de 2.000 millones de dólares en los fondos destinados a los llamamientos de NN. UU., que han alcanzado los 17.525 millones. No obstante, este importante crecimiento sólo ha permitido reducir ligeramente la brecha entre los fondos solicitados por NN. UU. y los recibidos, que ha pasado de cubrir el 60% de los llamamientos al 63%.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La pandemia de la COVID-19 amenaza los avances de la Agenda 2030, pone en riesgo los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y el principio de “no dejar a nadie atrás”.
La pandemia de la COVID-19 está siendo la mayor amenaza a la salud mundial, una emergencia sanitaria que está afectando a todos los países del mundo, sin distinción por nivel de renta o desarrollo, y que está impactado de forma negativa en casi todos los ODS: además de la afectación en la salud, ha disminuido la posibilidad de acabar con la pobreza extrema; ha aumentado el hambre y la inseguridad alimentaria; ha afectado a la enseñanza; ha aumentado el riesgo de la violencia de género en muchas mujeres; y la economía mundial se ha visto seriamente dañada.
Es ineludible que los gobiernos antepongan las personas y el planeta a otros intereses, junto con un compromiso más profundo de todos los países con la Agenda 2030, marco de referencia de la ansiada “nueva normalidad” y respuesta integral y equitativa ante los problemas globales, como el de la pandemia de la COVID-19.
A nivel mundial los avances en el ODS 3 sobre salud y bienestar son insuficientes para poder alcanzar la cobertura sanitaria universal (CSU). Únicamente entre un tercio y la mitad de la población mundial ha tenido cubiertos sus servicios esenciales de salud, y la cantidad de personas que incurren en grandes gastos directos de atención médica ha aumentado. Si la situación avanza como hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 5.000 millones de personas no tendrán acceso a atención sanitaria en 2030.
La inequidad en salud sigue siendo el mayor problema que tenemos globalmente y son las sociedades y personas más empobrecidas y vulnerables del planeta las que tienen una peor salud. El 12,7% de la población mundial gastó de su bolsillo más del 10% de su presupuesto familiar en atención médica. La mayor proporción de mortalidad infantil y de muertes por enfermedades infecciosas se localiza en África Subsahariana, una región que, junto a Asia Meridional, tiene las peores tasas de mortalidad materna. La mayoría de estas muertes son evitables, ya que tenemos solución para ellas. Las enfermedades no transmisibles (ENT), culpables del 71% de las muertes mundiales, no solamente están relacionadas con la falta de acceso a los sistemas sanitarios, sino también con algunos factores de riesgo, como una dieta inadecuada, el tabaquismo, alcoholismo o sedentarismo.
Para lograr la CSU y mejorar la vida de las personas, debemos apostar por fortalecer los sistemas públicos de salud y dotar a la atención primaria de la salud de una inversión adicional anual, en los países de ingresos bajos y medianos, de 200.000 millones de dólares. Con esta inversión lograríamos salvar 60 millones de vidas de aquí a 2030.
La COVID-19, posiblemente la principal causa de mortalidad infecciosa en 2020, se ha expandido por todo el planeta, sin distinción en los niveles de renta de los países, impactando negativamente en todas las metas del ODS 3, colapsando el funcionamiento de los sistemas de salud y afectando al resto de problemas de salud como demuestra el hecho de que se hayan interrumpido los programas de lucha contra enfermedades como el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria en más de 70 países.
Ningún sistema sanitario, ni siquiera el más desarrollado, ha sido por si solo suficiente para detener la pandemia. Ha existido y existe una clara falta de preparación para afrontar emergencias sanitarias globales. Los recortes que ha habido en salud, debido a medidas de ajuste presupuestario con una base económica, unido a la falta de un compromiso real de los gobiernos para invertir en la salud para que sea un derecho equitativo, han ayudado a que esta pandemia tenga una incidencia y gravedad mayor en los grupos más vulnerables (gente mayor, más pobre, mujeres afectadas por la violencia de género …), sin olvidarnos de los efectos que está teniendo en multitud de personas afectadas por otras enfermedades en el mundo, que han visto limitado su acceso al sistema sanitario debido a la COVID-19, tanto por miedo al contagio, como por la lógica desviación de recursos a luchar contra esta pandemia.
El fortalecimiento de los sistemas de salud y el aumento de su equidad son estrategias fundamentales para luchar contra la pobreza y fomentar el desarrollo. Es importante disponer de un sistema de salud público fuerte para afrontar la pandemia del coronavirus y otras que puedan venir. Para ello es necesario invertir en recursos humanos, en información, suministros, transportes, comunicaciones, así como en proporcionar buenos tratamientos y servicios que respondan a las necesidades de la población y sean justos desde el punto de vista financiero.
A pesar de advertencias previas, el mundo no estaba preparado para una pandemia como la de la COVID-19. La fragmentación y debilidad de la gobernanza mundial, unido a la sobreinformación y a la falta de una aproximación integral multilateral, han limitado la capacidad de una respuesta global equitativa.
La ausencia de una gobernanza mundial en salud fuerte ha impedido poder liderar una respuesta conjunta ante esta pandemia. La OMS debería jugar ese papel. Ahora bien, muchos actores lucrativos y no lucrativos, países emergentes…, se están incorporando a la gobernanza de la salud global, cuestionando el statu quo actual e incorporando el componente multiactor a una institución multilateral en la que los estados eran los únicos responsables de las decisiones. Este nuevo escenario multiactor dificulta no solo la toma de decisiones, sino también la obligada transparencia y rendición de cuentas.
Como sociedad civil debemos estar vigilantes a éstos y otros temas, como que la gobernanza mundial de la salud se quiera limitar a aspectos de seguridad sanitaria, olvidando el resto de los problemas globales que afectan a la población, como puedan ser el sistema económico mundial, la degradación del medio ambiente, la inequidad de género o la falta de protección social de la población más vulnerable en todos los países.
Una nueva gobernanza de la salud mundial demanda una OMS independiente, profesional y participativa, capaz de promover una respuesta común y multisectorial a la pandemia, basada en una evaluación independiente, que busque las posibles mejoras que se deben implementar y anteponga la equidad en el acceso a las soluciones y el derecho a la salud a otros intereses.
La pandemia de la COVID-19 ha afectado de manera singular a España y ha mostrado las costuras de nuestro sistema sanitario, que se traduce en la precariedad del personal sanitario y el desbordamiento de la atención primaria, de los hospitales y de las unidades de cuidados intensivos (UCIS).
Al comienzo de la crisis, la atención primaria hizo lo posible por identificar contagios y contactos, gestionar el tratamiento de personas infectadas sin gravedad en sus domicilios, evitar el colapso de las camas de los hospitales, muy recortadas por los diferentes gobiernos, atender otras patologías y resolver las dudas y temores de la población por vía telefónica. La precariedad en la que se encontraban muchos profesionales de la atención primaria no ha impedido que, en pleno apogeo de la pandemia, hayan asumido la mayor parte de la gestión de la COVID-19, rastreando los casos y posibles contactos, y trabajando con diferentes sectores sociales para poder controlar sus efectos.
Es imprescindible acabar con la precariedad de los profesionales de la atención primaria en salud, mejorar sus condiciones laborales, salariales y de reconocimiento social, especialmente allí donde éstas sean peores como las zonas rurales aisladas, barrios con mayor vulnerabilidad, etc., así como favorecer la necesaria continuidad en la atención y hacerla más atractiva para las nuevas generaciones de profesionales sanitarios.
La respuesta a la pandemia de la COVID-19 no debe hacerse a costa de dejar desatendidos a los millones de personas afectadas por crisis humanitarias, sino que debe hacerse con fondos adicionales.
En 2020, la pandemia de la COVID-19 se superpone a la frágil situación en la que se encuentran muchos países afectados por la violencia, conflictos y emergencias climáticas. Todas las necesidades humanitarias siguen siendo, al menos, tan urgentes como lo eran antes de la COVID-19 y no podemos ignorarlas.
Hasta finales de octubre de 2020, el Plan Global de Respuesta Humanitaria COVID-19 lanzado por NN. UU. solo había recibido 3.390 millones de dólares de los 9.490 millones solicitados, lo que equivale al 35,7% de los fondos solicitados.
Es fundamental que la comunidad internacional asigne los fondos necesarios para cubrir el 100% del Plan Global de Respuesta Humanitaria COVID-19 y que estos fondos sean adicionales y no fondos procedentes de otras partidas humanitarias. La financiación de este Plan Global no puede hacerse a expensas de los fondos ya previstos para otras crisis humanitarias.
La crisis del coronavirus nos recuerda en cada momento la importancia de defender el derecho humano a la sanidad pública y que se considere la vacuna un bien público global.
Se han puesto en marcha algunas iniciativas para que los países más empobrecidos puedan tener acceso a la vacuna. La OMS y dos coaliciones, como CEPI (The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) y GAVI (la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización), promueven el Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra la COVID-19 (COVAX), una iniciativa mundial destinada a colaborar con los fabricantes de vacunas de modo que los países de todo el mundo tengan un acceso equitativo a vacunas seguras y eficaces. COVAX es el pilar referente de la vacunación del ACT Accelerator (acelerador de acceso a las herramientas contra la COVID-19), cuyo objetivo es agilizar el desarrollo, la producción y el acceso equitativo a las pruebas, tratamientos y vacunas frente a la COVID-19.
Es imprescindible que los procesos de investigación, elaboración y distribución de las vacunas sean absolutamente transparentes y que el precio de la vacuna sea accesible para todas aquellas personas que los necesiten. En un mundo interconectado, si las personas de países con ingresos bajos o medios se ven excluidas de la vacunación, el virus continuará matando y la recuperación a nivel global se retrasará.
En 2019, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) total de los países del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) se sitúa en 152.780 millones de dólares, lo que supone un aumento del 1,4% respecto a 2018, un 0,30% de su ingreso nacional bruto (INB). Sólo cinco países del CAD, Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido y Suecia, cumplieron con el objetivo del 0,7%.
La AOD total de los miembros del CAD representa el 0,30% de la renta nacional bruta (RNB), muy lejos aún del compromiso del 0,7%. La Unión Europea (UE) y sus Estados miembros son, en su conjunto, el principal donante mundial. En 2019 su cooperación supuso el 55,2% del total de la AOD del CAD -84.335 millones-, representando la ayuda conjunta de la UE y de sus Estados miembros el 0,46 % de la RNB de la UE. Cinco países, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia y Japón aportan el 68,2% de toda la AOD del conjunto del CAD, si bien sólo el Reino Unido cumple con el compromiso del 0,7%. España repite en el puesto número 13 en cuanto a cifras absolutas y baja al 21 de 29 en cuanto a porcentaje de RNB.
La ruta hacia el 0,7% necesita de un proceso realista de incrementos parciales y creíbles. Las tendencias actuales no van por ese camino. Sería deseable que los 24 países que aún no han alcanzado el 0,7% tomaran una decisión política como la que tomó Reino Unido de decretar por ley el 0,7% para cooperación.
La AOD dedicada al sector salud por parte del conjunto de países del CAD fue de 22.518 millones de dólares, disminuyendo un 6,5% respecto al año anterior. Esta reducción supuso que el peso de la salud fuera del 12,91%, casi un punto menos que el año anterior.
El descenso de la AOD en salud se ha producido básicamente en la ayuda multilateral, pues la bilateral apenas se reduce en 15 millones de dólares. Si hablamos de ayuda distribuible (la que los países pueden elegir donde enviar), la salud supone el 18,24%, un punto menos que en 2017, y aunque sigue mostrando la importancia que este sector tiene para los países donantes, las cifras absolutas no son suficientes para ayudar a cumplir el ODS 3. Las instituciones europeas, que engloban la Comisión Europea y la Secretaría del Consejo Europeo, destinaron 542 millones de dólares a salud, su cifra más baja desde 2010, mostrando de nuevo el escaso interés del sector para estas instituciones.
La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de la cooperación sanitaria internacional en la lucha contra la pandemia, y la necesidad de acelerar la consecución del 0,7% e incrementar la AOD destinada a salud. Debemos prepararnos mejor para las emergencias, invirtiendo en sistemas de salud que respondan plenamente a las necesidades de las personas a lo largo de toda la vida.
En 2019, la AOD española aumentó en 177 millones de euros, alcanzando el 0,21% de la RNB, un porcentaje muy alejado del 0,30% de la media del conjunto de donantes del CAD, del 0,47% de la media de los países de la UE y del compromiso del 0,7% adquirido hace 50 años en el seno de las Naciones Unidas.
La AOD desembolsada por España en 2019 alcanzó los 2.661.018.461 de euros, lo que supone el 0,21% de la RNB. Si tenemos en cuenta el punto de partida de la Cooperación Española, tras una década de recortes, es evidente que estamos ante un incremento muy insuficiente que, una vez más, nos aleja de la senda del compromiso internacional del 0,7% y del adquirido por el Gobierno de destinar a cooperación al finalizar la legislatura el 0,5% de la RNB.
Para cumplir los compromisos y retos de desarrollo a nivel mundial, es necesaria una reforma de la Cooperación Española, que asegure una financiación suficiente a través de una ley que obligue al 0,7% y que dote de recursos a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) como principal institución ejecutora de la cooperación técnica. A ello se debe sumar una estrategia de cooperación participativa, donde la sociedad civil y la cooperación descentralizada tengan un espacio en la toma de decisiones.
La Cooperación Española ha destinado a salud 63,6 millones de euros, lo que representa un exiguo 2,39% del total de la AOD, un porcentaje muy por debajo de la media del conjunto de países donantes del CAD, que se sitúa en el 12,91%.
No se trata de un problema coyuntural, sino estructural. En 2008 lo consignado a salud por la Cooperación Española superaba el 10% de la AOD; en 2010 se sitúa en el 8%; y en los últimos años apenas supera el 2%. Si se hubiera destinado a salud el porcentaje medio de los países del CAD, esta cifra se incrementaría hasta alcanzar los 340 millones de euros, un 81% más de lo destinado en 2019.
Resulta ineludible incrementar el gasto en salud pues es un gasto que proporciona igualdad de oportunidades, es el gran igualador en particular para los países de renta baja y emergentes, donde el acceso a servicios de salud básicos suele ser escaso. La salud debe ser una prioridad real de una cooperación que demanda un incremento sustancial y sostenido de recursos.
La cooperación descentralizada ascendió a 320,3 millones de euros, aumentando un 10,2% respecto a 2018. Lo destinado a salud han sido 28,1 millones de euros, lo que supone el 8,79% del total desembolsado por gobiernos autonómicos y entidades locales (EE. LL.).
Crece tanto la cooperación procedente de las Comunidades Autónomas (CC. AA.), un 4,8%, como la originaria de las EE. LL., un 22,1%. En salud, del total destinado por Cooperación Española, 63,6 millones, el 44,1%, procede de la cooperación descentralizada. Las CC. AA. han desembolsado 24,8 millones de euros, lo que supone el 88% de la AOD en salud de la cooperación descentralizada. El peso que la AOD sanitaria tiene en el conjunto de la AOD autonómica es del 11,44%, cifra mucho mayor que la de la cooperación estatal y muy cercana a la que destina el conjunto de donantes.
La cooperación descentralizada debe mantenerse como un elemento singular y diferenciador en positivo con respecto a la cooperación que realiza la Administración General del Estado (AGE) y el resto de los países donantes, y cuyas ventajas no siempre se ha sabido poner en valor, como su flexibilidad para poder asumir necesidades básicas de la población, como la salud, o la proximidad de la ciudadanía con las diferentes realidades que coexisten en el mundo.
Frente a un nuevo aumento de las necesidades humanitarias en el mundo, la respuesta de la comunidad internacional ha sido una reducción de 600 millones en los fondos destinados a la Acción Humanitaria Internacional (AHI) que se reportan a través del sistema de NN. UU., lo que hará que, de nuevo, se quede sin cubrir el 40% de las necesidades humanitarias.
En la última década ha crecido de manera importante el número y complejidad de conflictos, lo que ha llevado a que casi se doblara el número de personas desplazadas hasta alcanzar los 70 millones de personas; sin embargo, los fondos destinados a la AH se han reducido en 600 millones en 2019, situándose en los 24.730 millones de dólares.
Este aumento de las necesidades, que con toda seguridad seguirán creciendo en los próximos años, exige un mayor compromiso económico, a medio y largo plazo, por parte de la comunidad internacional, que responda de manera adecuada a la nueva realidad humanitaria.
Por eso, los donantes deben asumir sus responsabilidades y compromisos internacionales e incrementar de forma substancial los fondos destinados a la acción humanitaria, de forma que se reduzca del 40% al 25% la brecha de financiación entre los fondos solicitados y los recibidos.
La AH de la Cooperación Española sigue bajo mínimos, a pesar del ligero incremento que la ha situado en 62 millones de euros, lo que representa el 2,35% de la AOD total, sin duda insuficiente para cumplir los propios compromisos de la Cooperación Española.
En 2019 la AH de la Cooperación Española en su conjunto (AGE, CC. AA., EE. LL. y universidades) mantiene la tendencia al crecimiento, aunque siguen siendo incrementos muy modestos que no permiten responder de forma adecuada a las crisis humanitarias a las que se enfrenta el mundo.
La llegada de la pandemia de la COVID-19 y la respuesta que desde la Cooperación Española se da tiene que hacerse con fondos adicionales, sin sustraer los escasos fondos que se destinan a la AH. No podemos dejar desatendidas unas necesidades para cubrir otras.
Dada la debilidad de la AH en la Cooperación Española, los nuevos retos humanitarios a los que se enfrenta la comunidad internacional y el incumplimiento sistemático del compromiso del 10%, la Cooperación Española debe establecer un calendario concreto y creíble para alcanzar el objetivo de destinar el 10% de su AOD a la AH en 2022 y asegurar que la respuesta a la crisis de la COVID-19 se hace con fondos adicionales.
Importante aumento de la cooperación descentralizada destinada a la AH, que la sitúa ligeramente por encima de los 20 millones de euros, lo que representa el 6% de su AOD total.
El crecimiento más importante se ha dado en la cooperación descentralizada, que crece un 30% pasando de 14,7 millones en 2018 a 20,5 en 2019. El principal incremento se da en las EE. LL., que han pasado de asignar 1,5 millones de euros a 5,7 millones, mientras que las CC. AA. han pasado de 13,2 millones de euros a 14,7 millones.
Las principales CC. AA. por volumen de financiación, Andalucía, Comunidad Valenciana y País Vasco, han incrementado los fondos que destinan a AH, aportando entre las tres el 76,6% de los fondos destinados a la misma.
En cuanto a la financiación de las EE. LL., el importante aumento de su financiación se concentra en seis CC. AA., Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Canarias, Cataluña, Madrid y País Vasco, siendo estas últimas cuatro las que acumulan los mayores crecimientos.
Aunque se trata de incrementos importantes, el análisis de la serie histórica muestra fuertes altibajos, que hacen muy difícil una respuesta adecuada frente a crisis humanitarias cada vez más complejas y prolongadas, que requieren apoyo a medio plazo. Esto sólo se puede conseguir a través de una financiación estable y plurianual.
La cooperación descentralizada debe consolidar los incrementos en su financiación destinada a la AH y seguir creciendo hasta situarla en el objetivo de destinar el 10% de toda la AOD a AH.
En esta sección de New Medical Economics, publicamos el resumen de algunos de los apartados del Informe “La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria”, publicado en 2020 y realizado con la financiación de la Federación de Asociaciones de medicusmundi y Médicos del Mundo. Si desea acceder al informe completo puede hacerlo a través del siguiente link: CooperaSalud
