Ni siquiera todos los recursos del mundo son capaces de comprar un segundo más de vida del tiempo que nos corresponde vivir, pero lo que sí que pueden es contribuir a que dispongamos de una vida longeva, plena y con el mayor bienestar posible. Ello depende no solo de nuestros hábitos y costumbres, sino del lugar donde vivimos, del sistema sanitario que nos da cobertura, y por supuesto de la disponibilidad y acceso a las innovaciones tecnológicas, farmacológicas y biotecnológicas más vanguardistas y disruptivas. En definitiva, del resultado de los avances de la ciencia en todos los órdenes y contextos.

La Organización Mundial de la Salud advierte que: “Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas. Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, esto es, de las diferencias injustas y evitables observadas en y entre los países en lo que respecta a la situación sanitaria”.

En este sentido, debemos advertir que en la Ley General de Sanidad promulgada hace más de 33 años, en 1986 en concreto, en el Título I “Del sistema de salud”, capítulo I “de los principios generales” en su punto dos y tres regula que “la asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española. El acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva y la política de salud estará orientada a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales”.

Este hecho habla por sí mismo de equidad, cohesión y acceso, tres principios que determinan la esencia de nuestro Sistema Nacional de Salud. La igualdad en cuanto al catálogo y prestaciones para todos los españoles, la solidaridad entre los diferentes territorios y el acceso tanto al propio sistema como a las innovaciones que van surgiendo.

Si concretamos nuestra atención no solo en estos aspectos que hablan de equidad y solidaridad interterritorial que ya de por sí son valores indispensables de un sistema que presume de estar al servicio de todos los españoles sino de la agilidad e inmediatez a la hora de incorporar las últimas innovaciones, llama la atención lo expuesto por dos organizaciones de enorme prestigio y acreditada reputación como es la SEOM (Sociedad Española de Oncología Médica) y FENIN (Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria).

En el primer caso su estudio sobre el “Acceso a Fármacos y Biomarcadores en Oncología 2019” en el que han participado 84 hospitales con representación de las 17 comunidades autónomas y de Ceuta advierten que casi la mitad de los hospitales tienen barreras para acceder a los fármacos oncológicos y al parecer pueden tardar hasta 3 años desde que se fija su precio hasta que los reciben los pacientes. En el segundo caso en relación con la tecnología sanitaria, el pasado 12 de junio en la 25 edición del Encuentro del Sector de la Tecnología Sanitaria se advertía que la deriva sociodemográfica y el incremento constante de la demanda asistencial “nos obliga a trabajar con tecnologías que sean eficientes para el sistema, pero a veces esta eficiencia nos obliga a pensar a largo plazo, pero en este momento no se mira la eficiencia sino el coste”. Este hecho no augura nada bueno para el paciente puesto que el criterio principal de adquisición y financiación de una nueva tecnología o avance científico no puede ser el precio, deben primar especialmente aspectos como los resultados de salud y sanitarios comparados, la seguridad en los procesos y procedimientos instaurados, la calidad de vida y el bienestar asociados, la facilidad de cumplimentación y acceso a los avances científicos y tecnológicos, etcétera.
Todos estos aspectos tienen un sustrato claramente relacionado con las inversiones realizadas y la financiación aplicada en base a los Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, según desvelan los informes de gasto sanitario del Ministerio de Sanidad, en el periodo 2009-2017 el peso del gasto privado ha crecido cinco puntos con respecto al gasto sanitario total, pasando del 24,3% al 29,3%, lo que viene a confirmar una tendencia creciente insoslayable que denota que la inversión en el sistema sanitario por parte del Estado es insuficiente y tanto la sociedad como el estado de la ciencia actual, demanda la cobertura de más servicios que quedan fuera del paraguas de la financiación de la Administración Pública.
Es un hecho que cada vez cuesta más mantener los niveles de calidad que demanda nuestra sociedad, por lo tanto, se hace más necesario el incremento de la inversión sanitaria por parte del Estado a fin de compensar el esfuerzo de los ciudadanos para poder acceder a la oferta que proporciona la medicina y la tecnología en el siglo XXI.

Con independencia de preferencias ideológicas, lo que es innegable es el hecho de que este incremento del gasto sanitario de titularidad privada es debido en gran medida a su propia idiosincrasia, razón de ser y competitividad y a la capacidad de elección del paciente en un entorno privado de salud donde puede elegir, lo que implica una actualización más fluida y constante.

En términos de acceso, equidad y cohesión, los datos señalan que las diferentes fórmulas de colaboración público-privadas son imprescindibles en nuestro sistema y, por lo tanto, el uso de todos los recursos disponibles, independientemente de su titularidad, es clave a la hora de disminuir la presión financiera y asistencial para la Administración Pública.

La viabilidad y calidad de nuestro sistema público de salud precisa de un pacto de Estado por su futuro, que pase por un incremento del gasto sanitario público, el aprovechamiento de todos los recursos con independencia de su titularidad y acometer reformas estratégicas, estructurales y del modelo de gestión y su organización, que garanticen su viabilidad y su suficiencia.