15 de julio de 2023… En estos días se cumplen 12 años del Real Decreto 1039/2011, por el que se establecen los criterios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud. Aunque con lagunas no desdeñables, la garantía de tiempos máximos de espera ya está garantizado por ley.

A partir de ese momento, las comunidades autónomas comenzaron a desarrollar el mismo para su efectiva aplicación en su territorio. Punto de inicio de un complejo entramado del cual hablamos ya en este medio hace más de un año (11 de mayo 2022. El complejo entramado de la garantía de respuesta asistencial en España – New Medical Economics). Aunque para ser exactos ya se recogía en el Real Decreto 63/1995, que estableció el sistema de garantías y prestaciones del Sistema Nacional de Salud (SNS). Hace ya 28 años.

Sin duda, la atención sanitaria a tiempo es más que un tema crítico: es la razón de ser de nuestro sistema sanitario: Si no se garantiza la misma no puede ser denominado “buen sistema”. Por muy bien que se haga la atención sanitaria cuando finalmente se atiende al paciente. Corre el riesgo de perder gran parte de su legitimidad.

La atención a tiempo es un tema legislativo, pero también judicial, pues la pérdida de oportunidad terapéutica, consecuencia potencial de un retraso es, además, un delito punible si es por causas atribuidas a la administración sanitaria o al servicio sanitario.

Si bien no es necesaria una nueva ley al respecto, si parece que tiene sentido la revisión y homogeneización del acervo legislativo al respecto. Y el fin buscado situarlo en el eje de hipotéticos y deseados pacto por la sanidad, así como en el centro de las políticas sanitarias.

‘Apostar por garantizar la asistencia es hacerlo por la suma de recursos, cualquiera que sea su pertenencia’

Apostar por garantizar la asistencia es hacerlo por la suma de recursos, cualquiera que sea su pertenencia (pública o privada), pues al final lo que se regula es cuándo y cómo poder ser tratado en centros privados cuando el centro público no tiene posibilidad de dar respuesta a tiempo.

La legislación es indiscutiblemente necesaria para establecer las “reglas del juego” y los términos en los que actuar en caso de que las mismas se vean incumplidas. Pero la misma no resuelve el problema, aunque la misma venga acompañada del presupuesto necesario para su fin. Y en este caso la factura no tiene desperdicio: a título de ejemplo, recientemente hemos publicado en el marco del Proyecto Venturi que sólo poner el día las esperas en las consultas de especialidades costaría del orden de 500 millones de euros. Eso sin sumar la actividad que de las mismas se genera (pruebas diagnósticas, tratamientos quirúrgicos o de otro tipo, tratamientos farmacológicos, entre otros).

Para garantizar la asistencia a tiempo es necesario algo más: abordar una rigurosa planificación de los recursos necesarios, que debe partir de un profundo análisis de la demanda y la actividad asistencial en cada proceso asistencial (consultas, cirugía, pruebas, etc.). Y en cada especialidad, cuantificando adecuadamente la demanda que no se está atendiendo y los recursos necesarios para conseguir encauzarla a tiempo.

Con ello se va a conseguir determinar cuáles son los puntos críticos y actuar sobre ellos, sin olvidar considerar que cada aceleración del número de pacientes que se atienden en un punto va a repercutir en un crecimiento de la demanda en el siguiente. Siguiendo con ejemplo de las consultas cuantas más primeras consultas se atiendan, más pruebas de diagnóstico por la imagen se van a solicitar. Y más cola de espera va a haber en las consultas sucesivas.

Por lo tanto canalizar los pacientes y mantener unos tiempos óptimos de espera pasa por tres tipos de decisiones:

Iniciativas y decisiones que disminuyan los pacientes que llegan a ser atendidos en cada proceso asistencial. Por ejemplo, a mayor capacidad de resolución en atención primaria, menor necesidad de atención especializada habrá. Pero como la realidad se empeña en ser compleja, habrá que dimensionar el impacto la primaria de cada una de las decisiones de disminución de consulta de especialidades. Y con ello adecuar los recursos al impacto estimado.

Iniciativas de incrementar el número de pacientes que se atienden. Optimizando los recursos que se tienen y planificando aumentar los mismos, o sustituirlos por otros más eficientes, como puede ser el caso de tecnología. Sin olvidar tomar medidas para evitar el posible impacto en la calidad asistencial y seguridad del paciente.

Iniciativas de optimizar las salidas, evitando actuaciones asistenciales que no aporten valor ni al diagnóstico ni al tratamiento. Hacer al paciente todo lo que hay que hacerle pero sólo lo que hay que hacerle va a permitir, con seguridad, reducir la presión asistencial en servicios como, por ejemplo, diagnóstico por imagen.

En definitiva: medir, planificar y evaluar.  Y siempre en el marco de los procesos asistenciales del paciente. Contando con el criterio y la opinión de los profesionales, cuya labor es atender a los pacientes, siendo los responsables de tomar decisiones adecuadas para la cura de su enfermedad cuando es posible, el alivio en su caso, o el consuelo en última instancia.

Lamentablemente, soluciones fáciles y sin considerar el contexto en el que se toman, así como su impacto directo e indirecto, están destinadas al fracaso. Los problemas complejos como el que nos ocupa sólo pueden ser resueltos con trabajo continuo, serio y riguroso.