Uno de cada diez residentes en España está en espera de algún tipo de asistencia sanitaria. Vamos camino de cinco millones de personas en lista de espera, y esto solo considerando la espera para primera consulta de especialidades y la espera quirúrgica, y para las especialidades que publica el Ministerio de Sanidad, que son las llamadas estructurales. A esta cifra habría que añadir, por tanto, las especialidades no estructurales, así como las que esperan en otros puntos de su proceso asistencial, como pueden ser las diferentes pruebas diagnósticas, consultas de especialidades, los diferentes tratamientos, etc. Conclusión: teniendo en cuenta todo esto, y que las cifras que manejamos son de hace prácticamente seis meses (junio 2023), así como la progresión observada, tenemos que estar muy cerca de esa tremenda cifra. Dicho de otra manera: más del 10% de la población española en espera de algún tipo de asistencia sanitaria.

Con estas dimensiones, no es de extrañar que la espera a la asistencia sanitaria sea uno de los problemas que más preocupa a los españoles. Y es un quebradero de cabeza para las comunidades autónomas, responsables directas de la prestación asistencial (ya sea directa o indirecta). Pero también lo es ya para el Gobierno del Estado, siendo prioridad en la agenda del nuevo equipo del Ministerio de Sanidad encabezado por Mónica Garcia. Tanto es así, que ya está convocado un Consejo Interterritorial para debatir sobre el tema de las listas de espera antes de que finalice de año. Nos congratulamos por ello, como no puede ser de otra manera.

Pero ¿qué se puede espera de tan importante y trascendental Consejo Interterritorial? Que nadie espere soluciones milagrosas porque tampoco existen soluciones viables ni a corto ni a medio plazo.

«Más del 10% de la población española en espera de algún tipo de asistencia sanitaria»

Teniendo en cuenta la capacidad de prestar servicios y el problema, no es posible una solución a corto plazo. El problema debe ser solucionado fundamentalmente en cada una de las comunidades autónomas, las cuales, razonablemente, aprovecharán para solicitar una financiación extraordinaria. Y deben hacerlo mediante soluciones estructurales, huyendo de cargar el peso de la solución a decisiones cortoplacistas y coyunturales.

La realidad es que el problema de las listas de las esperas es heterogéneo y diferente en cada una de las comunidades autónomas. Por tanto, soluciones homogéneas ni son posibles, ni están en el alcance de los objetivos que el Interterritorial debería establecer.

Entonces, ¿qué se puede esperar de positivo? Ocho hitos se nos antojan interesantes para su abordaje:

  • Establecer estrategias y políticas que tiendan a la equidad en las esperas, tanto entre comunidades autónomas, como entre las especialidades dentro de las comunidades autónomas. Esto pasa por:
    • Compartir recursos entre comunidades autónomas, unificando listas de espera para homogeneizar tiempos de espera.
    • Unificación de criterios de priorización según patologías y circunstancias de pacientes, y trabajar conjuntamente para que los enfermos priorizados tengan la opción de ser atendidos en su comunidad o en otra limítrofe o cercana.
    • Proceder a un estudio rigoroso de la capacidad de asistencia del sistema sanitario. No solo de la actividad que realiza, si no de escenarios posibles de incremento de capacidad.
  • Decisiones normativas de carácter estatal que flexibilicen la organización y la gestión de los recursos humanos, para adaptarse a la demanda y, con ello, afrontar con posibilidades de éxito la presión asistencial.
  • Desarrollar para su efectiva aplicación la Ley de Garantía de Respuesta Asistencial, su reglamento y sus desarrollos en las diferentes comunidades autónomas, homogeneizando progresivamente criterios en todo el territorio nacional, en busca de la equidad.
  • Homogeneizar la cartera de servicios con el mismo fin de lograr la máxima equidad en el acceso al sistema.
  • Hacer un estudio profundo y detallado de la realidad, estudiando el fenómeno de la lista de espera en el contexto de capacidad de resolución y teniendo en cuenta los efectos en siguientes fases del proceso asistencial. E incluyendo en el mismo todos los recursos, cualquiera que sea su titularidad, así como la demanda agregada pública y la privada, con independencia de cómo se financie finalmente la actividad.
  • Determinar el límite de tolerancia de la lista de espera, tanto en términos de tiempos máximos de espera, porcentaje con respecto a la actividad, etc. Es decir, no se trata de hacer desaparecer la lista de espera, entre otras cuestiones porque un cierto nivel de personas en espera es necesario para no llegar a tener capacidad ociosa.
  • Hacer previsiones de futuro mediante modelos de predicción, pues datos como el incremento en más de medio millón de personas de la lista de consultas de especialidades un síntoma de que seguirá creciendo la lista. A pesar de que se viene incrementando la salida por intervención hasta establecer récord en junio de 2023. Respondiendo con ello a cuestiones como: Un incremento el 10% de la actividad en consultas: ¿Qué impacto tendrá en los servicios de diagnóstico por la imagen? Es decir, dibujando diferentes escenarios.
  • Impacto económico financiero de las medidas que se tomen, cuantificando las eficiencias y las optimizaciones que se logren y los incrementos presupuestarios que se deban asumir.

Nada más social y progresista que la igualdad ante al acceso a la sanidad. Por eso, un Gobierno que apuesta por la gestión de la lista de espera debe hacerlo con las “luces largas”, no quedándose en cifras de tiempo de espera o volúmenes de pacientes. Por nuestra parte, vamos a seguir estudiando y analizando la realidad sanitaria con el fin de continuar con nuestras propuestas: nuestro “granito de arena” para lograr una mejor sanidad para todos.