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Agresiones a personal sanitario en el ejercicio de sus funciones

HECHOS

Los hechos tuvieron lugar en el centro de salud habitual donde el acusado acudía con asiduidad, cuando él mismo, con antecedentes penales a efectos de reincidencia, acudió a dicho centro, siendo atendido por el médico, quien le realizó una exploración al paciente y le derivó para realizarse una ecografía. Tras finalizar la consulta, el acusado, sin mediar palabra, se acercó al médico pidiéndole un informe sobre la asistencia médica recibida, negándose el médico a facilitárselo, por no considerar que fuera necesario y por no tener información relevante que recoger en el mismo. Ante la negativa del médico, el acusado se abalanzó sobre él, agarrándole del cuello, y dificultando su respiración. La enfermera acudió en ese momento y ante la situación, se dirigió al acusado intentando reducirlo, recibiendo un mordisco en el brazo.

De este suceso, el médico necesitó seis días de curación y la enfermera ocho, todos ellos no impeditivos de sus ocupaciones habituales.

FALLO

El acusado es condenado como autor de un delito de atentado, previsto y penado en los artículos 550.1 y 2 y 551 del Código Penal en concurso ideal, con un delito leve de lesiones del art. 147.2 del CP, con concurrencia de circunstancia agravante de reincidencia del art. 22.8 y de la circunstancia atenuante de alteración y anomalía psíquica del art. 21.7, en relación con el art. 21.1 y 20.1 del CP, por el delito de atentado, a la pena de 36 meses de prisión, tres meses de multa con cuota diaria de 4 euros, y prohibición de aproximación a una distancia inferior a 150 metros de los domicilios del médico y enfermera. Además, le fueron impuestas al acusado las costas procesales originadas.

En concepto de responsabilidad civil, el acusado tuvo que indemnizar al médico y a la enfermera en la cantidad de 240 y 320 euros, respectivamente, por las lesiones causadas.

COMENTARIO

Los hechos que se declaran probados son constitutivos de un delito de atentado, previsto y penado en los artículos 550.1 y 2 del Código Penal, al concurrir todos los elementos que tipifican la figura delictiva y de dos delitos leves de lesiones del artículo 147.2 del Código Penal.

La reforma llevada a cabo por la LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introdujo modificaciones en relación con los sujetos pasivos del delito, manteniendo la estructura tradicional respecto al delito de atentado y se mantiene la triple referencia a la autoridad sus agentes o los funcionarios públicos (art. 550.1 CP).

En el delito de atentado, el párrafo segundo del número 1 del artículo 550 incorpora expresamente a los funcionarios docentes y sanitarios. Con esto, el legislador incorpora al texto el criterio mantenido en la Consulta núm. 2/2008 de la Fiscalía General del Estado, sobre la calificación jurídico penal de las agresiones a funcionarios públicos en el ámbito docente y sanitario. El delito de atentado está constituido por el acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia activa también grave. El acometimiento equivale a agredir y es suficiente con que se dé tal conducta con la intención de atacar a la autoridad, es decir, a sus agentes o a los funcionarios o personal sanitario o educativo, para que se produzca dicho acometimiento. No hay que olvidar, que numerosa jurisprudencia recoge que el delito de atentado se perfecciona incluso cuando el acto de acometimiento no llega a producirse, ya que lo esencial para su calificación es el ataque violento (SSTS 652/2004 de 14 de mayo, SSTS146/2006 de 10 de febrero).

En el presente caso, los hechos ocurridos y el ataque contra el personal sanitario constituyen un ataque violento. Sin ninguna duda, en este caso se integra el acometimiento, en el ejercicio de sus funciones, tanto a médico como enfermera.

Cada vez son más comunes los comportamientos agresivos de pacientes hacia el personal sanitario, y las causas desencadenantes de estos comportamientos, muchas veces son por el simple hecho de proporcionar una información a los pacientes distinta de la que estos quieren oír, el no ver satisfechas sus expectativas de atención o incluso las negativas a certificar bajas o prescribir determinados medicamentos.

Es necesario concienciar a los ciudadanos de la importancia de garantizar la seguridad de nuestros facultativos, para que puedan desarrollar sus profesiones con seguridad y nunca bajo coacciones o amenazas.

 

María Fernández de Sevilla

María Fernández de Sevilla

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