La doble insularidad es el concepto utilizado para describir la situación geográfica, política, económica y social de determinados territorios insulares que, además de ser islas (menores), se encuentran ubicadas próximas a otras islas (mayores) en archipiélagos. Esto implica que estas islas están separadas geográficamente del continente o del resto del territorio insular. La doble insularidad se puede resumir como la dependencia del continente o de otras islas a las que ya les afecta la insularidad. Es la insularidad de la insularidad.

En términos prácticos, la doble insularidad se refiere a las dificultades y particularidades que enfrentan estos territorios en cuanto a su aislamiento, acceso, transporte, comunicación y, a menudo, desarrollo económico y social; así como a la dificultad de acceder a servicios, entre otros el sanitario, debido a su localización remota, tanto dentro de su propia región insular como respecto al continente.

Los informes del Comité Económico y Social de la Unión Europea, del Comité de las Regiones, del Parlamento Europeo; así como ponencias del Congreso y Senado, coinciden en que todas las regiones insulares sufren desventajas permanentes causadas por su aislamiento y lejanía y, en que estos inconvenientes se multiplican en los casos de doble insularidad.

Ejemplo de doble insularidad en el caso de Canarias son sus islas denominadas como islas no capitalinas: El Hierro, La Gomera, Fuerteventura, La Palma y Lanzarote, amén de La Graciosa, que entraría en la categoría de triple insularidad. Si bien forman parte del archipiélago canario, se consideran insulares no solo en relación con la península ibérica, sino también entre ellas, debido a su distancia y desconexión física con las islas cercanas. En el caso de las Islas Baleares presentan la doble insularidad Menorca e Ibiza, siendo de triple insularidad: Formentera.

De esta manera, la insularidad es una cualidad de todas las islas, cuyas características radican en el grado de aislamiento que sufren, dada la dificultad, por ejemplo, para la llegada de transportes u otro tipo de comunicaciones y servicios, que solo pueden realizarse por vía marítima o aérea.

La insularidad puede darse en primer grado, en segundo o en tercero. En el primer caso existe una única barrera de comunicación. Suele tratarse de territorios amplios, más poblados o cercanos a los territorios continentales. En el caso del segundo y tercer grado, esto sería la doble y la triple insularidad, esas dificultades se doblan y se triplican porque, se debe pasar primero por la isla más grande, luego por la siguiente para terminar, al fin, en la tercera. Esto encarece el transporte y dificulta las comunicaciones y el acceso a los servicios, haciendo prácticamente imposible la comunicación directa entre las islas menores, sin pasar previamente por las mayores.

Este concepto es importante en el ámbito de las políticas públicas, ya que los territorios con doble insularidad suelen exigir una atención especial para compensar su desventaja geográfica y mejorar su conectividad, infraestructuras y calidad de vida.

Respecto al ámbito de sanidad, la doble insularidad refiere a los desafíos específicos que generan una situación de aislamiento sanitario, lo que afecta al acceso a servicios médicos y de salud adecuados, así como la equidad en la atención sanitaria a los habitantes de estas islas.

Así, el acceso a los servicios de salud se va a encontrar muy limitado, al enfrentarse a problemas para acceder a centros sanitarios especializados cuando la enfermedad no es capaz de tratarse en la propia isla. A menudo, los pacientes deben viajar a islas mayores o incluso al continente para recibir tratamientos o consultas especializadas, lo que implica tiempos de espera largos, costes adicionales y, en ocasiones, incluso riesgo para la salud del paciente.

Otra derivada es la escasez de profesionales de salud. Efectivamente, debido al aislamiento geográfico y a las condiciones laborales, los profesionales de la salud (médicos, enfermeras, especialistas) pueden ser reacios a mudarse a estas islas más remotas. Esto puede generar carencias de personal sanitario y una menor calidad de la atención disponible. La falta de médicos especialistas, en particular, es un desafío importante.

En la misma línea, se producen limitaciones en la infraestructura sanitaria ya que los recursos e instalaciones sanitarias suelen ser más reducidas, yy la construcción de hospitales y centros de salud en estos territorios puede verse obstaculizada por factores geográficos, financieros o la falta de demanda suficiente para justificar grandes inversiones. Esto significa que, en muchos casos, los residentes deben recurrir a servicios de salud básicos o de atención primaria en lugar de contar con instalaciones especializadas, como unidades de cuidados intensivos (UCI), centros de oncología, servicios especializados de atención a enfermedades poco prevalentes o tratamientos avanzados. Así, normalmente, para acceder a estos servicios, los pacientes deben viajar a otras islas o incluso al continente. Este desplazamiento no solo genera un coste económico importante, sino que también puede afectar la continuidad del tratamiento, ya que los pacientes deben estar lejos de su entorno familiar y social durante largos periodos.

Son evidentes, por otro lado, los problemas logísticos y de transporte sanitario. El traslado de pacientes, equipos médicos y suministros entre islas puede ser complicado y costoso. Las conexiones aéreas o marítimas no siempre son frecuentes ni directas, lo que puede demorar la llegada de asistencia urgente o hacer que los tratamientos no se administren a tiempo.

En situaciones de emergencia sanitaria, como un accidente grave o un infarto, los tiempos de respuesta para el traslado de los pacientes a instalaciones sanitarias adecuadas pueden ser excesivamente largos, lo que aumenta el riesgo de complicaciones graves o fatales. Los servicios de ambulancia aérea o marítima, aunque existentes, suelen estar limitados en frecuencia o en capacidad, y los pacientes pueden verse forzados a esperar, en función de las condiciones climáticas o de transporte.

Además, los pacientes pueden presentar importantes problemas de discapacidad, dependencia o movilidad reducida, por lo que sus desplazamientos al continente u otras islas mayores para recibir asistencia sanitaria especializada que no se le puede prestar en su isla, se ve muy dificultado. Así, el transporte de estos pacientes, normalmente vía aérea, tropieza con las dificultades que se encuentran en la propia normativa estatal y comunitaria. Así, el Reglamento (CE) nº 1107/2006, sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo permite a las compañías aéreas o sus agentes a negarse, por motivos de discapacidad o movilidad reducida, a aceptar una reserva de una persona con discapacidad o movilidad reducida o denegarle el embarque en los siguientes casos:

  1. a) Con el fin de cumplir los requisitos de seguridad establecidos mediante legislación internacional, comunitaria o nacional, o con el fin de cumplir los requisitos de seguridad establecidos por la autoridad que emitió el certificado de operador aéreo a la compañía aérea en cuestión.
  2. b) Si las dimensiones de la aeronave o sus puertas imposibilitan físicamente el embarque o transporte de la persona con discapacidad o movilidad reducida.

El concepto “persona con discapacidad” o “persona con movilidad reducida” se define en el propio Reglamento como toda persona cuya movilidad para utilizar el transporte se halle reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás pasajeros.

Además, en las mismas condiciones referenciadas, la compañía aérea o su agente podrá exigir que una persona con discapacidad o movilidad reducida vaya acompañada por otra persona capaz de facilitarle la asistencia necesaria. Lo cual hace especialmente gravoso el desplazamiento.

En este orden de cosas, cuando una persona reciba la ayuda de un acompañante, la compañía aérea no tiene obligación de ofrecer a la persona acompañante un asiento junto a la persona con discapacidad o movilidad reducida. Lo cual parece contradictorio con la posible exigencia de que deba ir acompañada por una persona capaz de facilitarle la asistencia.

Por otro lado, respecto del derecho a asistencia en los aeropuertos, cuando una persona con discapacidad o movilidad reducida llegue a un aeropuerto para viajar en un vuelo, la entidad gestora del aeropuerto asumirá la responsabilidad de garantizar la prestación de la asistencia, siempre que las necesidades particulares de asistencia de esa persona se notifiquen a la compañía aérea, al menos 48 horas antes de la hora de salida del vuelo publicada. Y en numerosas ocasiones, tanto por citas médicas o por motivos de urgencia, este requisito de las 48 horas de antelación en la notificación es inviable, lo que supone en muchos casos que el pasajero no pueda viajar, perdiendo dicha cita o lo que es peor, no siendo atendida la condición de urgencia.

De la misma manera, cuando se requiera el uso de un perro guía, se admitirá al animal a condición de que se haya notificado previamente su presencia a la compañía aérea.

Además, el Reglamento europeo habilita, a las entidades gestoras de los aeropuertos, la imposición, con carácter no discriminatorio, de una tarifa específica a los usuarios del aeropuerto para la financiación de la asistencia. Esta tarifa específica debe ser razonable, proporcional a los costes y transparente, distribuyéndose entre los usuarios del aeropuerto, de forma proporcional al número total de pasajeros que cada una de ellas transporte con origen y destino en el mismo. Por tanto, si la persona no pudiera costear dicha asistencia, se le podría denegar la misma, debiendo ser atendido por sus propios medios. Afortunadamente, en los aeropuertos españoles esta situación no se produce, siendo totalmente gratuito para el usuario.

‘La doble insularidad en sanidad presenta desafíos singulares que requieren soluciones innovadoras’

En otro orden de cosas, la doble insularidad produce desigualdad en la atención sanitaria, ya que los residentes de estas islas suelen tener una calidad de atención sanitaria inferior comparada con otras áreas del país o el archipiélago, debido a los obstáculos geográficos. Esto crea una brecha en la equidad en el acceso a la salud, especialmente en situaciones de emergencia o en el caso de enfermedades crónicas y raras que requieren tratamientos continuos y especializados.

Esta situación lleva a depender en numerosas ocasiones de la telemedicina con el objeto de mitigar algunas de estas dificultades. Esto permite que los pacientes reciban atención a distancia, especialmente en áreas donde la presencia física de especialistas es limitada. Sin embargo, si bien la implantación de soluciones tecnológicas es siempre bienvenida, puede devenir insuficiente para tratar enfermedades graves o emergencias, y además requiere una infraestructura tecnológica adecuada, lo cual supone una barrera para muchos usuarios, especialmente en personas mayores que presentan una importante brecha digital, además de las dificultades de las comunicaciones inherentes, en ocasiones en estas islas.

Así, estas realidades conducen a la consecución de costes adicionales para los pacientes. Además del coste económico de trasladarse a otra isla o al continente para recibir atención médica, los residentes de las islas con doble insularidad a menudo enfrentan gastos adicionales relacionados con el alojamiento, la manutención y el acompañamiento para el cuidado de familiares o personas dependientes durante su desplazamiento. Estos costes pueden ser una barrera significativa para acceder a la atención sanitaria adecuada, especialmente para los sectores más vulnerables de la población, como los ancianos o las personas con bajos ingresos, que además en muchas ocasiones lo son por razón de su propia enfermedad o discapacidad.

En conclusión, la doble insularidad en sanidad presenta desafíos singulares que requieren soluciones innovadoras y adaptadas a las particularidades geográficas y demográficas de cada territorio. Para lograr una atención sanitaria más equitativa y de calidad, es crucial que las políticas públicas se enfoquen en mejorar la infraestructura, la conectividad, la formación del personal y las alternativas tecnológicas, para que los residentes de islas remotas no queden en desventaja respecto a otras áreas.

Así, las soluciones y estrategias ante la doble insularidad en sanidad pasarían por mejorar la conectividad y el transporte sanitario, disponiendo de servicios aéreos y marítimos especializados, el incremento de las conexiones entre islas y hacia el continente, lo que facilita el acceso a la atención médica, reduce los tiempos de espera y garantiza una respuesta más rápida ante las emergencias.

Además, se requiere la descentralización de servicios médicos especializados o el acceso a los mismos a través de telemedicina y la implementación de soluciones tecnológicas apropiadas, para reducir la brecha de acceso a estos servicios especializados, ya que así los pacientes pueden ser atendidos a distancia por profesionales sanitarios de otros lugares. En todo caso, la telemedicina debe complementarse con atención presencial cuando se trate de intervenciones médicas o diagnósticos complejos. Así, es necesario extender unidades móviles de atención sanitaria equipadas con tecnología avanzada para realizar consultas, diagnósticos o tratamientos, lo que reduce la necesidad de desplazamientos largos.

Es necesario incentivar la atracción de profesionales de salud a estas áreas ofreciendo incentivos salariales, fiscales o económicos para que los médicos y especialistas se trasladen a las islas más remotas, estableciendo además programas de formación en la que los profesionales sanitarios reciban formación específica para trabajar en condiciones de aislamiento o con recursos limitados.

En esta situación, es fundamental el fortalecimiento de la atención primaria y el empoderamiento de los centros de salud locales ya que los hospitales completos son difíciles de implementar en islas más pequeñas. Pero se puede mejorar la infraestructura de los centros de salud isleños para que ofrezcan una gama más amplia de servicios, reduciendo la necesidad de desplazamientos para atención primaria o de emergencia, fomentando la colaboración entre centros de salud de diferentes islas para compartir recursos y personal, y garantizar que los residentes puedan acceder a servicios de salud más especializados sin tener que salir de su isla. Lo que lleva a la incorporación de nuevos modelos de atención integrada, en los que los diferentes niveles de atención estén coordinados para reducir la fragmentación del sistema sanitario y garantizar que los pacientes reciban la mejor atención disponible sin importar su ubicación.