Con la aprobación del documento sobre “Estrategia farmacéutica para Europa” en noviembre de 2020 por la Comisión Europea, se “pretende crear un marco regulador orientado al futuro y apoyar a la industria en la promoción de la investigación y las tecnologías que llegan realmente a los pacientes para satisfacer sus necesidades terapéuticas”. La actualización de la legislación farmacéutica de la Unión Europea es un asunto pendiente que tienen previsto para el año 2022, aunque esta terea es harto complicada por lo farragoso y exceso de normativa con la se tropieza a cada paso que se da. En este proyecto de ambicioso calado, el paciente se convierte en centro de

Viene de largo el tema, nada más que de 1998, hace veintitrés años que se publicó la Ley de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad de Madrid, veintitrés años en los que los farmacéuticos madrileños no se tendrían que haber cambiado la bata blanca, ni reformado la farmacia, ni asumido más funciones; plazo este en el que el tiempo no se ha parado en los aspectos de la vida cotidiana que se vive en la farmacia, todo menos precisamente la norma legal que regula y ordena su actividad que quedó varada en la arena mirando la extraordinaria demanda de servicios del proceloso mar social. Ya en la anterior legislatura de

La lucha contra el cáncer es, sin duda, cuestión prioritaria en la agenda de la Comisión Europea para los próximos años y ello es así porque se trata de la segunda causa de muerte.

El pasado 25 de junio entraba en vigor la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.

El 2021 está llamado a ser un año muy importante para los pacientes oncológicos y sus familias y, por supuesto, para los profesionales sanitarios.

En la lucha contra la pandemia, la necesidad de encontrar una vacuna contra la COVID-19 ha constituido un objetivo de salud pública, pero igualmente un gran desafío, tanto por el escaso plazo de tiempo para su desarrollo como por el elevado coste inicial que supone para los fabricantes al igual que por el alto índice de fracaso de los ensayos clínicos.

Si preguntamos hoy a la población española qué es lo que le preocupa, presumiblemente la respuesta sería: la economía, situación política y la pandemia; al menos esa sería la mía.

Si recordamos un pasado, bastante reciente, nos llegó la declaración de estar en Estado de Alarma cuando entró en vigor, a través del Real Decreto 463/2020. Y con este Real Decreto, de técnica legislativa y fondo jurídico más que cuestionable en muchos aspectos, ha llegado la era del oscurantismo de las instituciones y poderes públicos. En definitiva, el Estado de Alarma llevó a dejar suspendida, la “Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y bien gobierno”. Esta norma del 2013, con rango de Ley, y de ámbito nacional tienen un título claro y contundente, que ha quedado “congelado” gracias al COVID-19. Si bien