La colaboración público-privada en España ha tenido que enfrentarse a bulos y defenderse de todo tipo de acusaciones durante muchos años. Y desgraciadamente aún tiene que hacerlo. Se ha llegado a cuestionar la calidad asistencial, la cualificación de los profesionales y hasta las tasas de mortalidad en los hospitales públicos de gestión privada, en comparación con los de gestión directa. Frente a estos debates, siempre he abogado por ser transparente y hacer pedagogía. Históricamente, el sector privado ha preferido no contar muy alto ni poner encima de la mesa sus estrategias, modelos, planes o acciones por no entrar en un debate público en el que nunca se ha sentido

La semana pasada se hicieron públicos dos hechos que, cada uno por sí mismo es una muy mala noticia, pero juntos son nefastos, y demuestran que en España tenemos un problema muy grave en la gestión de la sanidad pública: se han batido todos los récords en las listas de espera de pacientes, mientras la nueva ministra de Sanidad sigue intentando limitar el papel de la sanidad privada en el cuidado de la salud y el bienestar de los ciudadanos. Lo peor de todo, en mi opinión, es que los gestores públicos no parecen tener interés en hacer un buen diagnóstico de la situación, algo fundamental para plantear un

Tribuna de opinión publicada en el diario Expansión el 28 de septiembre de 2022 La pandemia ha sido una tragedia global de la que todos deberíamos haber aprendido. Sin embargo, no es esa la impresión que tienen los ciudadanos, dada la situación actual de hospitales y centros de atención primaria, y hace más necesaria que nunca la toma de decisiones valientes y eficaces, para garantizar la sostenibilidad de la Sanidad a medio y largo plazo. Antes del COVID, ya había presiones sobre la evolución de los costes por el envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad y la incorporación de tecnología y escasez de profesionales. Ahora, a raíz