Recientemente Íñigo Errejón se ha destacado por su intervención en las Cortes entre los políticos y personalidades que vienen señalando la necesidad de aumentar los recursos económicos destinados a mejorar la salud mental de la población española.
Generalmente estos señalamientos tienen que ver con el aumento de sufrimiento humano que viene constatándose con el curso de la pandemia por coronavirus Sars-Cov2, bien directamente por los padecimientos propios o de allegados a causa de la infección, bien indirectamente, por las pérdidas de negocios, de empleos o de ingresos, por los encierros y aislamientos, por los proyectos vitales interrumpidos o rotos. Cualquier persona interesada por la salud mental de la población puede alegrarse de que se despierte este interés y de que finalmente estos señalamientos se traduzcan, algún día, en un aumento de recursos para mejorar la salud mental de la población española y, a poder ser, mundial. Pero siendo personas que miramos de cerca la salud mental en nuestra práctica profesional diaria, nos parece importante hacer unas puntualizaciones, que podrían ser urgentes si efectivamente se estuviesen movilizando esos recursos.
La confusión entre la salud mental y la recuperación de la salud mental es fácil, frecuente y comprensible, ocurriendo casi siempre que nos referimos a esta última o pensamos en ella cuando decimos “salud mental”. Podrá haberse iniciado esta costumbre en un ahorro de palabras o en la tendencia al eufemismo para no decir “atención a la enfermedad mental”, pero el caso es que el cambio de significados se da tanto que nos parece muy importante intentar evitarlo.
Primero. La salud mental es una idea muy cercana a la salud en general que nos habla del bienestar de la persona consigo misma y con la vida que lleva. Promover la salud mental y prevenir los trastornos mentales no requiere dedicar recursos a los servicios de atención a los trastornos mentales, requiere que la inversión se haga en buenos cuidados infantiles, buen sistema educativo, un medio social seguro, sin agresiones y unas condiciones de trabajo no extenuantes, dando por hecho que la comida, el agua, la higiene y el techo están asegurados en un estado de bienestar mínimo. Podríamos extendernos aquí, pero creemos que la idea se comprende y sería deseable que estuviese presente en los discursos políticos sobre la salud (mental incluida).
La salud mental es una idea muy cercana a la salud en general que nos habla del bienestar de la persona consigo misma y con la vida que lleva
Una vez que la salud mental está francamente perdida es cuando está claro que los servicios destinados a ayudar a recuperarla pueden intervenir y aquí, sí gracias, sin duda se necesita mayor inversión si se quiere que estos servicios realicen unas prácticas efectivas. Aquí es donde encajan también las quejas por los tiempos de espera o por la escasez de profesionales que hacen imposible o muy difícil que personas que lo requieren reciban, por ejemplo, psicoterapia reglada de forma intensiva. Confiamos en que esto haya sido visto con claridad por las personas que tienen que tomar las decisiones políticas. Hay argumentos abundantes en términos de morbilidad, prevalencia, o años vividos libres de discapacidad para multiplicar la inversión en justa respuesta a la necesidad de una parte sufriente de la población.
Entre tener o perder la salud hay una franja de sufrimiento de la que es especialmente importante hablar en este momento, es la población en riesgo, es la población que ahora se está visibilizando más a cuenta de la pandemia y de sus consecuencias. Es una población que requiere un análisis más preciso para atender sus necesidades sin cometer errores en la asignación de recursos. Es una población en riesgo que, en menor número, ya existía antes de la pandemia y a la que no se ha estado prestado suficiente atención, son las personas víctimas de explotación o de una u otra forma de maltrato a las que hay que añadir las personas que carecen de los recursos, económicos, familiares, personales o sociales para soportar una situación de crisis. Parte de las personas que componen esta población pueden pasar a necesitar de la intervención de los servicios de atención a los trastornos mentales, pero muchas de ellas, la mayoría, no es esto lo que necesitan y además no se perciben, afortunadamente, como que tienen un trastorno mental. Lo que necesitan es que el sufrimiento cese, tener seguridad en que ellas y las personas que dependen de ellas van a comer, van a tener casa…. esto que ya sabemos y además un “extra” de apoyo para recuperar su equilibrio perdido. Este extra de apoyo idealmente debe de existir en el medio social habitual, familia, vecindario, barrio por personas de una trama relacional que da soporte. Aquí es donde hace falta la inversión. Estando la Atención Primaria de salud dentro de la trama de relaciones humanas, son los profesionales de la Atención Primaria los que en cercanía pueden ayudar, adoptando un enfoque mucho más psicosocial, no exclusivamente sanitario, para lo que sería muy necesaria la incorporación de profesionales de la psicología y el refuerzo de profesionales de trabajo social, que se dediquen a reparar y a hacer efectiva la respuesta del entorno inmediato a las personas en crisis y a promover la salud y a prevenir la enfermedad. Los servicios de atención a los trastornos mentales tienen ya una importante carga, pueden ser agentes de salud tanto como pueda ser cualquier persona, pero si se les encarga la tarea de hacer frente al sufrimiento social serán ineficaces y la tarea que les corresponde se quedará sin hacer, condenados a estar siempre desbordados. Un último énfasis: las variadas causas que llevan a las personas a perder su equilibrio emocional y estar en riesgo de tener un trastorno mental ya estaban presentes antes de la pandemia. A nadie se le escapa el daño que puede producir una situación de desempleo prolongado, la explotación laboral en condiciones de legalidad o el riesgo psicosocial que implica el retraso de la emancipación juvenil que prolonga la situación de dependencia familiar de toda una generación de jóvenes en edad de ser autónomos y productivos.
Segundo. Los destinos de las inversiones son muy diferentes en relación con las partidas presupuestarias del Estado. La protección de la infancia, la prevención de riesgos laborales, incluyendo el acoso, la calidad de la enseñanza, incluyendo la prevención del bullying, la igualdad de oportunidades, los comedores escolares, las viviendas dignas y la emancipación juvenil no van a recibir inversiones a través del sistema sanitario público. Pero, si acercamos la lupa, veremos que tampoco llegarán a la Atención Primaria, que es donde deberían llegar, las inversiones en prevención del deterioro de la salud mental de las personas en riesgo ya que la financiación de los servicios de la atención a los trastornos mentales llega a la atención especializada, es decir hospitalaria, la que está organizada para resolver los problemas de salud mental una vez ya declarados. Insistiendo, la atención primaria es la que está más cerca de la población sana y en riesgo, además de la ya enferma, y es la que podría contribuir a que la atención a la salud mental sea eso que expresa la frase.
