Cifras, datos, presupuestos…he oído y leído en muy diferentes medios una gran variedad de ellas y, confieso que ya no sé cuales son las verdaderas que tenemos presupuestadas para invertir en nuestro país durante los próximos tres años, ni siquiera en el primero de ellos, fruto tanto del presupuesto propio de nuestro Gobierno y, sobre todo, de los fondos europeos apoyando el PERTE.

En New Medical Economics hemos venido exponiendo, por parte de diferentes autores, el triste panorama que ofrecíamos en el contexto europeo, con nuestro nivel de digitalización en términos francamente bajos. Y siempre me refiero a sanidad, por supuesto.

El sector sanitario y hospitalario ha sido, sin duda, el más afectado durante la pandemia del coronavirus.

En los meses más duros, los hospitales y centros de salud se vieron saturados. La digitalización existente ayudó al sector a poder capear la crisis de la COVID de la mejor manera, a pesar de las circunstancias.

Desde principios del año 2020 la sociedad ha sido testigo de un cambio de paradigma social, económico y político. En este contexto, el sector sanitario se ha encontrado en la encrucijada para afrontar los cambios necesarios a los que obligan las tendencias, las innovaciones tecnológicas y, por supuesto, las nuevas demandas.

Según el último estudio de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), en colaboración con la Fundación COTEC, en España los servicios de salud autonómicos actualmente presentan un bajo índice de transformación digital, situando el grado de madurez del sistema nacional en torno a un 31%.

Personalmente he tenido ocasión de ratificarlo en mis múltiples viajes por hospitales y Consejerías de nuestro territorio, bien con cifras, o merced al diálogo con los más altos responsables autonómicos. Y no es momento de establecer diferencias que, evidentemente, las hay, como siempre pasa en esta nación tan descentralizada y aún llena de inequidades, por mucho que se nos llene la boca de decir lo contrario.

Pero no quería dejar de comentar en estas páginas un hecho muy importante que puede estar sucediendo en estos momentos a nuestra sanidad, y que supondría la magnífica posibilidad de modernización de nuestro Sistema Nacional de Salud, que tanta falta hacía.

Para los que no lo saben, los PERTE son una nueva figura incluida dentro del denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dotado, en el caso de España, con unos 140 mil millones de euros procedentes de los fondos de la Unión Europea, que se han empezado, muy recientemente, a otorgar en forma de transferencias y préstamos en el periodo que va desde el actual año 2021 hasta el año 2026.

De esta cantidad, 69.000 millones de euros son a fondo perdido durante los próximos tres años. Esto sí que es una modificación hacia una figura que ya existió hace más de 20 años, incluso conviviendo con los habituales créditos privilegiados.

El plan está basado en cuatro ejes transversales: transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión social y territorial, y viene con vocación de permanencia, concebida como un mecanismo de impulso y coordinación de proyectos muy prioritarios, complejos o con una clara falta en el mercado, externalidades importantes o una insuficiente iniciativa o capacidad de inversión por parte del sector privado.

Pero lo que más nos atañe es, sobre todo, la parte del PERTE general, la dedicada a sanidad, y que se conoce también como “Salud de vanguardia” y de la que, recientemente, y ya cercanos al límite de acabar el año 2021, se han conocido las principales líneas de actuación del proyecto así como las cifras de inversión que se prevén.

En total, 1.469 millones de euros, de los que 983 millones corresponden a la contribución que hará el sector público, mientras que los 486 millones restantes provendrán del privado.

De estos 982 millones públicos, el 62% se destinarán a impulsar la digitalización y a subvenciones y préstamos para la industria sanitaria. 

En concreto, 395 millones de euros irán a parar a proyectos de salud digital. Esto supone algo más del 40% del total de los fondos de origen público.

Según recoge el resumen ejecutivo del PERTE, 330 millones de euros están previstos para la estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud. Por su parte, los 65 millones restantes irán dirigidos a actuaciones en el ámbito de la inteligencia artificial (IA), en general, privada.

El sector sanitario y hospitalario ha sido, sin duda, el más afectado durante la pandemia del coronavirus

Además, en el Plan, y paso por encima en mis comentarios, porque quiero que hoy estén centrados en lo digital, habrá, como indiqué antes, subvenciones y préstamos para ayudar a la innovación en general, al fortalecimiento industrial farmacéutico y sanitario, y al apoyo de la introducción y establecimiento de terapias avanzadas y el desarrollo de la medicina personalizada.

O, dicho en otras palabras, se pretende mejorar la salud de la población a partir de la innovación diagnóstica, terapéutica y preventiva en el Sistema Nacional de Salud que, a su vez, permitirá fomentar la generación de tejido industrial y la creación de empleo de calidad, tratando de cumplir los objetivos de:

  • Fomentar la incorporación de técnicas y tecnologías innovadoras para el diagnóstico y la prevención de las enfermedades, con impacto sobre la práctica clínica, y con especial atención a su aplicación en el punto de atención al paciente.
  • Promover el desarrollo de terapias avanzadas desde el ámbito académico y facilitar su transferencia a la práctica clínica, a través de las alianzas necesarias con el sector empresarial y el fortalecimiento del tejido industrial.
  • Desarrollar una plataforma de diseño y producción industrial de medicamentos y vacunas basados en ribonucleótidos con capacidad de respuesta ultra-rápida a las necesidades de salud pública.

El PERTE «Salud de vanguardia» generará una contribución en PIB de hasta 4.335 millones de euros, según el resumen ejecutivo.

Si desglosamos esta cifra, 2.176,5 millones de euros se generarán a partir de las actuaciones innovadoras y de transformación del Sistema Nacional de Salud; 1.159 millones a través de la digitalización y los 1.000 millones restantes se crearán a partir del fortalecimiento y desarrollo industrial.

Además de contribuir al PIB, el PERTE prevé la creación de más de 12 mil nuevos empleos.

De una cosa sí que estoy seguro, y dejando a un lado las cifras. Tras años diciendo todos los expertos que había que cambiar el SNS, y nadie hacer nada más que hablar, algo nos está obligando, muy positivamente, aún a la fuerza, y es la pandemia.

Lo siento de verdad por los profesionales sanitarios que siguen luchando contra ella, pero ahora es el momento de definir cómo será “el nuevo modelo sanitario” de los próximos años; además, lo haremos aprovechando todo lo avanzado en cuanto a receptividad y manejo por parte de pacientes y profesionales en el uso de herramientas digitales durante el confinamiento.

El Ministerio de Sanidad esta vez ha acertado anunciando una estrategia de salud digital a nivel nacional, me imagino que impuesta por Europa y lo apetitoso de los fondos que llegan. Ahora toca que no quede incompleta y que los Servicios Regionales de Salud elaboren la suya propia, complementando a la del Ministerio en los ámbitos y áreas donde el gobierno central no llega, pues esta es la estructura actual operativa del Estado español actual.

Si no se termina esa estrategia propia, sí que habrá una digitalización, pero no una auténtica transformación digital.

Se adquirirá y modernizará tecnología para digitalizar procesos sanitarios, pero sin seguir una senda transformadora que sea sostenible. No habrá una coherencia temporal que permita un cambio sostenible a mejor. Incluso, podría ser contraproducente, porque se perpetuarán procesos obsoletos que se consolidan por la inversión en tecnología, pero que no pasan de la mera digitalización a la verdadera transformación y aportación de valor añadido.

Y aquí también me empiezo a temer lo peor.., y es que no se realicen adecuadamente, o en tiempo, y se incremente la inequidad geográfica actual, o que el gobierno central distribuya los fondos de forma no proporcional a las realidades de cada territorio, según criterios más subjetivos.

No olvidemos que son las comunidades autónomas las que tienen acceso directo a los datos clínicos y controlan los procesos sanitarios.

Resumiendo, mi opinión es positiva. Debemos dar un margen de confianza al gobierno en este trascendental proyecto.

Eso sí, aparte de otras consideraciones y dudas vertidas en este mismo texto, me quedan cosas que investigar y, sobre todo, seguir en el tiempo con un férreo marcaje como, por ejemplo, al hecho de que se cuente con las empresas privadas y españolas existentes para llevar a cabo esta transformación digital; se ayude también a las instalaciones hospitalarias privadas por el esfuerzo que también deben hacer y que se considere que estas ayudas, tan beneficiosas para la digitalización, no serán para siempre y que se deben pautar adecuadamente sus aplicaciones y desembolsos, y tener en consideración las dificultades de interoperatividad entre territorios.