Hace dos años, por estas fechas, la pandemia de COVID-19 se extendía por el mundo sin fronteras ni medidas preventivas que pudieran frenarla. En estos momentos, tras más de veinticuatro meses de convivencia con el virus, ya es posible realizar un análisis de los datos obtenidos por los países en cuanto a gestión de la pandemia.
¿Gozan de credibilidad las valoraciones que se hacen en nuestro país sobre la gestión del COVID-19? Quizás, esa labor debería realizarse de forma individual y sobre los datos reales recogidos al evaluar las diferentes gestiones, sin cocinar. Existen datos que indican que algo sucedió durante el estallido de la pandemia y en los meses posteriores, y no porque los medios españoles aportasen información sobre ello, sino porque un grupo de científicos publicó en The Lancet un documento en el que pedía al Ministerio de Sanidad la realización de una auditoría externa sobre cómo se estaba gestionando la pandemia.
A nivel internacional The New York Times, The Guardian, y muchos otros medios de prestigio, mostraron que en 2020 España era uno de los países en los que se habían registrado una de las tasas de fallecidos por COVID-19 más altas. Financial Times anunció, en medio de la primera ola, que no seguiría contabilizando los datos de contagios y fallecimientos en nuestro país, pues no otorgaba valor a las cifras reportadas por las autoridades, ya que no se correspondían con la realidad.
Ahora, en varios países se están “ajustando cuentas” a sus mandatarios. En EE. UU., Donald Trump gestionó la pandemia sobre burlas por el riesgo del contagio del coronavirus, despreciando las medidas preventivas para controlar su propagación.
En Brasil, que con 600.000 muertos se sitúa con el segundo país con la cifra de defunciones más alta, el Senado ha creado una comisión de investigación que pide que se recuse al presidente Bolsonaro por la comisión de un delito —entre otros— de «crimen contra la humanidad», al haber «expuesto de forma deliberada» a los brasileños a «un contagio masivo» con sus discursos anticonfinamiento y el retraso en la campaña de vacunación.
El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha anunciado la apertura de una investigación independiente en 2022. La oposición lleva mucho tiempo reclamando la realización de una investigación por la gestión de la pandemia. Un reciente informe del Parlamento pone la mira en el tardío confinamiento y hace a Boris Johnson responsable «de los fracasos de salud pública más importantes» en la historia del país. En Italia, la fiscalía de Bérgamo (norte) ha abierto una investigación sobre la mala gestión de la crisis del COVID1-9, que se conocerá en enero del próximo año.
En Francia, la ministra de Sanidad, Agnes Buzyn —que dejó su puesto en febrero de 2020 para presentarse a las elecciones a la alcaldía de París— está siendo investigada desde el pasado mes de septiembre por el Tribunal de Justicia de la República por «poner en peligro la vida de terceros», durante su gestión del COVID-19. También está siendo investigado el actual ministro de Salud, Olivier Veran, y el anterior primer ministro, Edouard Philippe.
En Viena, se ha abierto el proceso de una serie de denuncias presentadas por las familias de los fallecidos por la pandemia en Austria. En este caso, se investiga la responsabilidad de las autoridades en el contagio masivo en una estación de esquí que causó 32 muertos. Más de 6.000 personas de 45 países están integradas en la asociación que reagrupa estas denuncias.
¿Es realmente en los tribunales de justicia donde deben responder los representantes de los gobiernos? En España las víctimas superan ya los 100.000. Tal vez debería producirse una asunción pública de responsabilidades en la gestión de la pandemia como un obligado mandato ético. Nadie puede pensar que los gobernantes no hayan buscado vías de control de la pandemia, pero es evidente que no funcionaron. Urge una respuesta ética para no depender de una eminentemente judicial.
