A continuación reproducimos el Resumen Ejecutivo del Informe “Inversión en Sanidad: la vía española hacia la prosperidad”, publicado en junio de 2021 por Farmaindustria y AFI (Analistas Financieros Internacionales). Si desea acceder al documento íntegro puede hacerlo a través de este link
RESUMEN EJECUTIVO
Un pilar de la economía y de la cohesión
El sector sanitario es un pilar fundamental de la economía española y uno de los más eficaces instrumentos de cohesión social y territorial. La recuperación, que se irá afianzando a medida que se vaya superando la pandemia, se asentará sobre tres grandes ejes: digitalización, sostenibilidad y salud.
La pandemia provocada por el COVID-19 ha puesto el foco sobre la capacidad de resiliencia del sistema sanitario ante situaciones de gran exigencia en términos de gestión y de esfuerzo humano y material. Ha quedado demostrado que no existe dicotomía entre la salud y la economía; no solo porque la actividad económica se resienta por el riesgo sanitario, sino porque la capacidad del sistema para mantener la salud es una fuente de beneficios económicos y sociales duraderos.
El peso en la economía
Con datos de 2018, el sector sanitario generó un valor añadido de alrededor de 94.600 millones de euros, equivalente al 8,7% del PIB. El gasto sanitario total en 2017 ascendió a 105.000 millones de euros, y desde 2013 viene creciendo a un ritmo del 2,9% anual (inferior, en todo caso, al del PIB nominal). El 70% de dicho gasto se financia con fondos públicos y el 30% restante mediante aportaciones privadas de hogares y empresas.
Las actividades económicas relacionadas con el sistema sanitario dan trabajo a 1,8 millones de españoles (el 10% del total de afiliados a la Seguridad Social), donde las mujeres ocupan el 75% de los empleos. Los trabajadores del sector presentan niveles de cualificación y sofisticación de tareas superiores a la media nacional y el sistema educativo en el ámbito sanitario es un ejemplo de los beneficios del modelo de formación dual (MIR, EIR, FIR), explotado con éxito desde hace varias décadas.
El sector farmacéutico español está plenamente integrado en las cadenas globales de valor y muestra elevados niveles de competitividad exterior. Actualmente España es el 12º exportador mundial de productos farmacéuticos, con una cuota de mercado (2,1%), superior al peso de España en el conjunto de exportaciones mundiales de bienes (1,8%), lo que puede ser exponente de una ventaja competitiva en este ámbito.
Nuestro país exhibe a su vez una importante dependencia del exterior en términos de material sanitario. En este sentido, resulta necesario reflexionar sobre la conveniencia de desarrollar más la capacidad de producción doméstica, por razones de autonomía y de seguridad en el abastecimiento.
La industria farmacéutica cuenta con más de 80 plantas de producción en España. Se fabrican medicamentos de uso humano por valor de 15.700 millones de euros y se exportan por 12.000 millones, lo que supone una cuarta parte de la producción y de las exportaciones de los sectores de alta tecnología. La inversión anual de la industria farmacéutica rozó los 1.200 millones de euros en 2017, el equivalente al 12% del total de inversión del sistema sanitario.
De acuerdo con los datos de la Estadística de I+D elaborada por el INE, el gasto total en I+D realizado en España en 2018 ascendió a cerca de 15 mil millones de euros. La investigación en el sector Salud acapara una buena parte del interés de la ciencia en términos de gasto, siendo el segundo objetivo socioeconómico que más financiación recibe, solo por detrás de la producción y tecnología industrial.
A pesar de la escasez de recursos en la Universidad y de la precariedad laboral del Personal Docente de Investigación, España es uno de los países líderes en investigación en el ámbito de las Ciencias de la Salud. Esto pone de manifiesto la eficiencia en el manejo de los recursos para la investigación, así como la productividad científica de los investigadores españoles en el ámbito de las Ciencias de la Salud.
La inversión total en el sector sanitario representó apenas 10.000 millones de euros en 2017. Si bien desde 2012 la inversión en servicios sanitarios y sociales ha crecido un 32%, dicho incremento se ha concentrado en la renovación de infraestructuras y equipos. Resulta preocupante que en este período la inversión en actividades de I+D sanitarias haya caído un 24%.
Aunque la evidencia científica sitúe al sistema sanitario español en el grupo de países más eficientes, hay varias áreas con carencias y en las que el potencial de mejora de eficiencia es muy elevado. En términos de gasto, nos encontramos significativamente por debajo de los países europeos más avanzados, mientras que existen problemas estructurales que limitan el uso eficiente de los recursos en el sistema en: organización y coordinación de los distintos niveles asistenciales; gestión e incentivos a los recursos humanos; y, en la evaluación sistemática de los resultados de las nuevas tecnologías sanitarias.
Antes de la pandemia, la esperanza de vida en España era la más alta de la Unión Europea, mientras que las tasas de mortalidad también se encontraban entre las más bajas del mundo. No obstante, también hay indicios de resultados menos virtuosos: el número de años de vejez disfrutados con buena salud se ha estancado en los últimos 20 años; un 18,3% de los españoles sufrió algún problema de salud mental según datos de 2016; y la estancia media de hospitalización apunta una tendencia creciente desde 2013.
Baluarte de la cohesión social y territorial de España
Durante 2020 ha quedado patente que la influencia del sector sanitario sobre la economía y sobre el bienestar social va mucho más allá de su peso en magnitudes agregadas como el empleo, el valor añadido o la inversión. Existe evidencia empírica suficiente para argumentar que la inversión en el sector sanitario es, además de un potente generador de beneficios económicos, un instrumento eficaz para redistribuir la renta, tanto desde la perspectiva personal como espacial y acercarnos a la igualdad real de oportunidades.
El gasto público en Sanidad contribuye a reducir la desigualdad. El valor de los servicios sanitarios supone más del 25% de la renta del 20% más pobre, frente a un 6% del decil más rico. Al incluir en la distribución de la renta el gasto imputado en salud ajustado por edad, la desigualdad medida a través del índice de Gini se reduce en un 8,7%. La función redistributiva del gasto sanitario se hará incluso más necesaria como consecuencia del impacto de la pandemia, que está golpeando más a los hogares de baja renta y baja cualificación cuyo empleo depende en mayor medida de los sectores de servicios más expuestos a restricciones.
El sector sanitario en España permite garantizar en todo el territorio español, con independencia del dinamismo económico de unas y otras zonas, un porcentaje significativo del empleo cualificado y una aportación relevante al PIB regional, con todos los impactos que se derivan de estas variables.
La movilización de recursos públicos de las Comunidades Autónomas hacia el sector salud es excepcional, no sólo por el volumen relativo que supone sobre sus presupuestos o el PIB regional, tratando de mantener los niveles mínimos de gasto necesarios para facilitar un nivel adecuado de servicios. De hecho, las comunidades con menos renta o economías de escala, priorizan este mayor esfuerzo de gasto público en términos de PIB para sostener la sanidad.
La distribución territorial del gasto público sanitario, y en especial en Atención Primaria, es variable en función de la caracterización geofísica de la comunidad autónoma, que determina el grado de despliegue de puntos de atención en el territorio. Es en las provincias de la “España vaciada” el número de centros de atención primaria por población alcanza los valores más altos para garantizar la accesibilidad del servicio en términos de distancia y tiempo en zonas donde la diseminación de los núcleos urbanos es clave.
La Atención Primaria es un eje vertebrador del Sistema Nacional de Salud que contribuye a mejorar la equidad de todos los ciudadanos. Resulta especialmente relevante desde el punto de vista social y económico por la movilización de recursos humanos que representa y la necesidad de garantizar el funcionamiento de una infraestructura mínima.
En Atención Hospitalaria y Especializada, el despliegue territorial está menos vinculado a la caracterización geofísica, apreciándose una mayor homogeneidad en las principales variables. El impacto de un centro hospitalario en el territorio es mucho más relevante, y el gasto público está más ligado a la propia oferta asistencial. La caracterización y la variedad de dicha oferta, puede convertir a los centros en importantes focos de atracción de talento. No obstante, se vislumbran diferencias territoriales notables en la capacidad hospitalaria y la tecnología disponible que acaban repercutiendo en la accesibilidad y en las listas de espera.
La pandemia está provocando un deterioro en los indicadores de tiempos de espera. En este sentido, la digitalización de la atención sanitaria se convierte en un área prioritaria de acción por su impacto directo en la mejora de la accesibilidad, el ahorro de costes, el incremento de productividad a cuenta de menores desplazamientos, y, sobre todo, por su papel en la resolución de los desafíos que representa la prestación de servicios en los territorios más remotos y dispersos.
Del gasto a la inversión: efectos de un esfuerzo de dos puntos de PIB. Contexto y escenario macroeconómico base
El cataclismo de este 2020 y el reto de los nuevos fondos europeos (NGEU) hacen más acuciante la necesidad de adoptar decisiones estratégicas sobre el uso de los recursos públicos en un horizonte de medio y largo plazo. En un entorno condicionado por la necesaria atención a la sostenibilidad de las finanzas públicas y por el aumento de la demanda de servicios sanitarios con el envejecimiento de la población, la inversión en salud puede ser rentable para la economía y generadora de bienestar social.
Para analizar los fundamentos de esas decisiones estratégicas, se ha desarrollado un análisis prospectivo, que parte de una proyección de la evolución de la economía española y de la trayectoria del gasto en sanidad. Se ha construido un escenario inercial, en el que no se toman decisiones estratégicas sobre el uso de los recursos públicos, y un escenario alternativo, en el que se adopta la decisión de priorizar la inversión en el sistema sanitario aumentando el gasto público en sanidad en dos puntos del PIB, y se estiman sus efectos económicos en un entorno de envejecimiento poblacional.
El escenario macroeconómico base contempla un crecimiento del PIB que llegará a 1,7% hacia 2027 para luego ir perdiendo fuerza hasta quedarse en el 1,3% anual a mediados de la década de 2030 por el retroceso en la contribución del trabajo, que solo será compensado de manera parcial por una mejora de la aportación de la productividad.
Proyecciones de gasto sanitario bajo distintos escenarios
Para los países de la OCDE las tendencias de crecimiento del gasto sanitario suponen un desafío que mantener por debajo del crecimiento económico desde la perspectiva de su sostenibilidad fiscal. En esta misma dirección, la Comisión Europea concluye que los factores que van a impulsar el gasto público en salud no son tanto los demográficos, como las nuevas tecnologías o las mejoras en la calidad de los servicios.
Es necesario incorporar otros factores explicativos adicionales, como los relacionados con el coste y la tecnología. La revisión de la literatura que realizan diversos autores concluye que el progreso tecnológico mantiene una contribución constante al crecimiento del gasto sanitario del 0,9% anual hasta 2030. Aplicando esta aspiración al caso español el crecimiento constante anual se situaría en el 2,1% que, en términos monetarios, supondría en torno a 1.750 millones de euros anuales, superando el ritmo de aumento del PIB.
Escenario alternativo: priorizar la inversión en salud con 2 puntos de PIB
El análisis de sostenibilidad de la deuda pública española indica que la variable más determinante en su trayectoria es el crecimiento económico, por lo que hay que adoptar medidas que eleven el crecimiento para lograr moderar o incluso compensar la tendencia decreciente ligada al envejecimiento. Una vía prometedora para lograrlo es tomar la decisión de invertir más en sanidad, que es el supuesto bajo el que se construye el escenario alternativo. Esta decisión se plasmaría en un Plan de Inversión en Sanidad (2021-2025) que elevaría de manera estable en dos puntos los recursos destinados a la asistencia sanitaria en relación al PIB. El Plan constituiría una inversión en capital humano, mejorando la calidad y cantidad del factor trabajo, lo que tendría un efecto positivo sobre el crecimiento del PIB, a través de tres mecanismos: i) la fuerza laboral podría ampliarse con programas de prevención y con la inversión necesaria para investigar nuevos tratamientos; ii) una mejora del estado de salud de los trabajadores aumenta su productividad; y, iii) una mejora del estado de salud permitiría alargar la vida laboral de muchos trabajadores.
El efecto conjunto de estos tres canales supondría por tanto que el Plan de Inversión en salud elevaría el PIB en el período 2025-2040 en 427.000 millones de euros, sumando los incrementos de cada año y sin tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo. La tasa de crecimiento media del PIB aumentaría en 0,25 puntos porcentuales durante el período. En 2040, el PIB podría ser en torno al 4% más alto tomando en cuenta los tres canales.
Propuestas concretas para invertir y reformar
El aumento de gasto en 2020 para hacer frente a la emergencia de la pandemia, se extiende al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 y será una de las políticas palancas señaladas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia hasta 2023. No obstante, considerando los efectos de una mejora en la calidad de los servicios de salud sobre la economía y la cohesión social y territorial, el aumento de recursos a la sanidad debe tener la suficiente continuidad en el tiempo, una vez transcurrido este período de recursos extraordinarios.
Los recursos deben ir además acompañados de reformas que permitan mejoras de la eficiencia y de la coordinación dentro del Sistema Nacional de Salud, que traten al mismo tiempo de potenciar las capacidades, tanto públicas como privadas, de generación de conocimiento y actividad industrial relacionada con la salud. Este proceso debe obedecer a una lógica integral, que refuerce la dotación de todos los factores, con particular atención al capital humano y a la generación de capital tecnológico, al tiempo que reforma los factores institucionales que regulan la manera en que esos factores se combinan para proveer los servicios. Las tres áreas prioritarias que se destacan son la atención primaria, la salud pública y el reforzamiento de la inversión en capital físico y tecnológico.
La Atención Primaria
La Atención Primaria es el área de asistencia sanitaria española que precisa un mayor esfuerzo en términos de inversión y que tiene mayor potencial para generar efectos económicos y sociales positivos. Antes de la pandemia, la OCDE ya venía advirtiendo de la conveniencia de realizar inversiones específicas en Atención Primaria y poner en marcha actuaciones orientadas a la reorganización de las formas vigentes de prestación de servicios. La pandemia no ha hecho sino acentuar este diagnóstico.
El Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria, elaborado en abril de 2019, también se había hecho eco de esta necesidad con la formulación de seis estrategias alineadas con las acciones transversales que proponemos en el informe: modelo de cogobernanza, refuerzo de la política de recursos humanos y presupuestaria, coordinación con otras áreas asistenciales, reactivación de las funciones de salud pública, atención comunitaria y promoción de la salud, digitalización sanitaria e impulso de la formación e investigación.
El Plan de Inversión 2020-2025 debe recoger estas recomendaciones y destinar una dotación específica a la APC, en particular al refuerzo de las plantillas y a una adecuada política de recursos humanos que incentive la cobertura de los puestos menos atractivos (en zonas dispersas y rurales). Sólo la revisión de la política de recursos humanos, suponiendo un incremento de la disponibilidad de médicos generalistas hasta 1 por 1.000 habitantes y 0,9 de personal de enfermería, y una mejora retributiva convergente con los países de referencia, podría suponer casi dos décimas de PIB; importe que deberá complementarse con aportaciones específicas al sistema procedentes de las líneas de digitalización sanitaria y adecuación de las infraestructuras y equipamiento disponible de los centros de salud.
En el ámbito laboral urge que la excelencia técnica de los profesionales sanitarios se traduzca en mejores condiciones de trabajo y se reduzca la incidencia de la temporalidad en este colectivo. A su vez, el empleo en el sector se encuentra relativamente envejecido, y en los próximos años será necesaria una renovación del personal que acelere la incorporación de jóvenes profesionales en el sector.
La eSalud se convierte en un área prioritaria de acción por su impacto directo en la mejora de la accesibilidad, el ahorro de costes, el incremento de productividad a cuenta de menores desplazamientos, y, sobre todo, por su papel en la resolución de los desafíos que representa la prestación de servicios en los territorios más remotos y dispersos. Aunque España mantiene un posicionamiento muy favorable en digitalización sanitaria, existe un amplio margen de mejora en tele asistencia y aplicativos móviles que puedan ser una alternativa a la actividad presencial en actuaciones rutinarias.
La salud pública
La pandemia ha puesto de manifiesto debilidades serias en materia de Salud Pública en nuestro país. Entre las medidas que podrían ayudar a mejorar la situación, ya identificadas en ámbitos como en la Comisión de Reconstrucción Económica y Social del Congreso, destacan las siguientes:
Crear un Centro Estatal de Salud Pública, que contaría con los medios necesarios para identificar, evaluar y tomar las medidas necesarias ante amenazas y riesgos ante posibles enfermedades o epidemias.
- Reforzar la Red de Vigilancia en Salud Pública para contar con planes de emergencias que permitan hacer frente de manera rápida y eficaz a epidemias u otro tipo de crisis sanitarias.
- Reforzar la red de vigilancia de salud pública comenzando por reforzar la cooperación y coordinación entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.
- Contar con una red nacional de depósito de reserva de material sanitario estratégico ante posibles emergencias sanitarias dirigida por el Ministerio de Sanidad en coordinación con las comunidades autónomas. Además, sería conveniente reducir la alta dependencia de proveedores extranjeros para estos tipos de productos y equipamientos fomentando la producción doméstica.
- Dotar de más medios, tanto físicos como humanos, al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad. Además, el personal de este centro deberá estar formándose de manera continua y mantener una estrecha colaboración con los organismos homólogos del resto de Europa.
- Reforzar la presencia de las instituciones de salud pública españolas en las organizaciones internacionales.
- Crear un Centro Nacional de Información de Salud Pública para mejorar la transparencia del sistema sanitario, a través de la recogida de información que permita contar con indicadores para evaluar de manera continua la evolución del sistema sanitario.
- Nombrar a profesionales cualificados en los puestos de coordinación y dirección del sistema sanitario, con estabilidad y sin tanta dependencia del partido político que gobierne en las regiones en cada legislatura.
- Impulsar la formación en Salud Pública para contar profesionales altamente cualificados, así como la investigación en este campo.
El reforzamiento del capital físico, humano y tecnológico
Los equipos de alta tecnología del Sistema Nacional de Salud español se encuentran infradotados e infrautilizados, con un grado de obsolescencia elevado y realidades dispares entre comunidades autónomas. Resulta necesario desarrollar un plan de inversión en equipos de alta tecnología que permita converger hacia la media europea. Este plan podría, asimismo, movilizar las capacidades industriales y tecnológicas nacionales, como vía para mitigar la elevada dependencia exterior de equipamientos y productos biomédicos, así como reforzar el nexo entre la política sanitaria y la política industrial, en línea con lo que otros países europeos están tratando de impulsar.
La pandemia ha puesto de manifiesto vulnerabilidades significativas en el abastecimiento de fármacos y principios activos y de otros productos de uso sanitario.
La reducción de dichas vulnerabilidades pasa tanto por una mayor inversión en sanidad como por una coordinación y colaboración mucho más intensa entre los diferentes agentes del sector.
Estos planteamientos están alineados con el nuevo marco europeo de preparación, vigilancia y respuesta coordinada que la Comisión Europea está diseñando, así como con la nueva estrategia farmacéutica para Europa.
El desarrollo de estas propuestas tiene un impacto previsible sobre el Sistema Nacional de Salud español, tanto cualitativo como cuantitativo. En términos cualitativos, el desarrollo de un plan de inversión y una planificación estratégica supondrá una mejora en términos de equidad y acceso a la tecnología sanitaria por parte de los pacientes, y aumentará la eficiencia del proceso de toma decisiones y la transparencia en el procedimiento. De acuerdo con las estimaciones de AIReF, las necesidades de renovación y ampliación del parque de equipos habrían supuesto una inversión de aproximadamente 608 millones de euros en 2018 (299,58 millones en renovación y 308,8 en ampliación).
La innovación e investigación desempeña un papel fundamental para continuar ampliando y mejorando la gama de tratamientos existentes que contribuyan a mejorar la salud global. Por cada euro invertido en investigación sanitaria (pública o privada), la economía genera 1,6 euros de Valor Añadido de manera directa, indirecta e inducida. Además, cada millón de euros invertido en este sector contribuye a la generación y mantenimiento de más de 15,6 empleos. Por otro lado, la inversión en investigación sanitaria genera efectos tractores que trascienden las ramas productivas más asociadas con la sanidad, impulsando la actividad de servicios especializados, comerciales, e industriales, entre otros.
De acuerdo a las necesidades estimadas y a la intensidad de los efectos económicos y sociales, se considera que los recursos del Plan de Inversión podrían distribuirse entre los tres ámbitos señalados de la manera siguiente:
