Cuando en pleno confinamiento se nos explicó cómo iba a funcionar la desescalada, estructurada bajo tres fases, todo parecía un auténtico duelo a lo Operación Triunfo, donde cada semana las distintas provincias (o regiones sanitarias) iban a demostrar que eran capaces (de acuerdo a la incidencia de la COVID y los recursos sanitarios disponibles) de pasar a la siguiente fase, y así poder avanzar camino a lo que el Gobierno llamó “nueva normalidad”.

El paulatino paso de una fase a otra ofrecía mayor libertad, el tesoro más apreciado tras dos meses de confinamiento, y el acceso a determinadas actividades y servicios que habían quedado suspendidos por la crisis sanitaria.

Pero esta libertad de movimiento aún quedaba limitada en un principio al área municipal donde nos encontrásemos, lo que hacía imposible desplazarse a otros municipios, y mucho menos provincias y regiones aledañas. A medida que nuestros territorios avanzaban de fase, en la fase 2 se levantó la veda a desplazarse por la provincia, o región sanitaria en la que nos hallásemos; y ya en la fase 3 se permitió una mayor circulación por la comunidad autónoma. Pero aún quedaba prohibido el libre tránsito entre comunidades autónomas, una cuestión en la que ni el propio Gobierno central se ponía de acuerdo.

La incertidumbre por cómo iba a funcionar esta libre movilidad a nivel nacional era evidente. En un principio se sopesó que este tránsito entre comunidades requiriese que ambas regiones estuvieran en la misma fase, o al menos la provincia de origen con la de destino. Pero el 21 de junio, o incluso antes en el caso de Galicia, se dio por finalizado el Estado de Alarma, pasando muchas provincias y regiones directamente a la “nueva normalidad”.

Está “nueva normalidad”, quizás un tanto apresurada, en la que nos encontramos, ya permite la libre circulación por todo el territorio nacional, sin importar los casos que pueda haber en un territorio o en otro (salvo que se hayan considerado rebrotes localizados), ni la fase en la que se encontraba la provincia o región antes del Estado de Alarma.

A esta libertad de movimiento, se sumó recientemente la apertura de las fronteras con el resto de países de la Unión Europea, algo relevante para nuestro país cuya economía se nutre del turismo en está época estival.

Todo ello también hace que sea más que probable que aumente el riesgo de nuevos rebrotes, y de nuevos contagios, por lo que extremar la precaución es cosa de todos. La prudencia, la distancia, el uso correcto de las mascarillas, y una buena higiene de manos es clave para poner en jaque a esta amenaza, pero en este juego de confianza no toda la responsabilidad está en nuestras manos, dependemos de que los demás actúen con solidaridad y respeto a la salud de quienes les rodean.

Nos enfrentamos a un enemigo invisible que es muy contagioso, y que ha provocado muchos estragos en nuestra sociedad, con una cifra preocupante de fallecidos, un gran número de contagios, y personas que sufren secuelas de este virus. Por ello es importante que todos seamos prudentes y evitemos conductas que puedan facilitar la exposición al virus, cosa que no todos conciben.

Y el fin del Estado de Alarma, y lo que concibo como el fin de la política del miedo, está abriendo camino la relajación ciudadana, algo que considero muy alarmante después de los meses que hemos pasado.

La economía es importante, todos hemos perdido en esta crisis, y todos queremos volver a la normalidad, a la que era nuestra verdadera normalidad, pero mientras toque lidiar con esta amenaza hay que cambiar nuestras pautas de vida.

Si antes usábamos las expresiones de “Antes de Cristo” (a.C.) y “Después de Cristo” (d.C.) para guiar nuestra cronología histórica; creo que ahora podemos hablar de la Era Antes de la COVID, y la Era de convivencia con la COVID, pues aún no considero que hayamos llegado la era Post COVID cómo algunos medios periodísticos ya señalan. Y en esta etapa de convivencia con el virus, nuestros hábitos de vida y nuestra forma de relacionarse tienen que cambiar, extremando la precaución hasta que llegue la tan ansiada vacuna.

Pero de poco sirve extremar a todos la precaución, cuando parte de la población hace caso omiso a estos protocolos sanitarios, poniendo en riesgo la salud del resto de personas que lo rodean. Generalmente la gran mayoría de la población está cumpliendo con las recomendaciones y normativas sanitarias dictadas para poner freno a la expansión del virus, pero también hay un número de ciudadanos insolidarios que no ejercen esta responsabilidad ciudadana, y estos comportamientos pueden provocar nuevos contagios.

En algunos casos el incumplimiento a la normativa sanitaria es tan descarado, que parece que estamos en el Salvaje Oeste, donde cada uno campa a sus anchas, y puede hacer lo que le venga en gana, sin importar la salud de las personas de su entorno y alrededor.

Somos una población que en general desconoce cómo funciona la transmisión vírica, y cómo hacer uso correcto de las medidas de protección y de prevención de las enfermedades infecciosas, por ello estoy seguro que muchos comportamientos que vemos en las calles se hacen por desconocimiento. Pero en otros casos hay una relajación social de parte de la población que no percibe el riesgo de contagio, como ha señalado el Área de Salud de Menorca a través de la gerencia del Hospital Mateu Orfila. Esto es algo muy preocupante, y máxime en España donde según la OCDE el 56% de los trabajadores españoles tiene un mayor riesgo a contagiarse mientras desempeña su actividad laboral.

De poco sirve extremar a todos la precaución, cuando parte de la población hace caso omiso a estos protocolos sanitarios, poniendo en riesgo la salud del resto de las personas

En estos días hemos visto a personas ponerse la mascarilla en la papada, la frente, el brazo, o peor aún, siendo usada como antifaz; o ver cómo se han celebrado fiestas ilegales que han concentrado aforos excesivos; también hemos oído como enfermos con COVID se han dado a la fuga e infectado a su paso a otros viajeros; y otra serie de comportamientos que hacen que tema por una segunda oleada de este virus, y que cuando este venga lo haga con una contundencia aún mayor.

El riesgo a los rebrotes es una realidad, en Aragón algunas comarcas han tenido que retroceder en estos días de fase, aunque lo han hecho de una forma simbólica recomendando a la población a no salir de sus comarcas, apelando a su responsabilidad ciudadana. Pero no existe en estos casos una limitación a la libre circulación como tal, por lo que se podría acceder y salir de esas comarcas sin que nadie nos lo impidiese.

El fin del Estado de Alarma va a hacer que aumenten estos “confinamientos simbólicos” en distintas partes del país, pero su eficacia al ser un confinamiento “voluntario” no sé si será una buena barrera a la expansión del virus.

Por ello, no sería mala idea hacer uso de los instrumentos que recoge nuestra legislación en estos casos de emergencias sanitarias, que permitan confinar territorios concretos de una forma estricta sin hacer uso del Estado de Alarma. Y esta clase de confinamiento se ha tomado en el brote actual de la comarca de Lérida.

En especial cabe hacer mención a la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que en su artículo 2 señala que “Las autoridades sanitarias competentes (es decir las comunidades autónomas) podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad”. A lo que se une el artículo tercero, “Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”.

O el artículo 26 de Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que en términos similares expresa que “En caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de Empresas o sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas”.

Con el flujo de personas a distintas partes del país me preocupan en especial que estos rebrotes se den en núcleos costeros y rurales poco preparados para estas emergencias. Ya escribí hace unos meses lo desincentivada, y mal cuidada que estaba, y está, la sanidad rural. En esta crisis del coronavirus este hecho no ha cambiado, siendo los lugares donde los facultativos más han sufrido la carencia de material de protección.

En estas poblaciones, en las que cientos de personas van a congregarse para pasar la etapa estival, puede que los rebrotes tengan un efecto mucho más dañino. Hablamos de áreas pobladas principalmente por personas de avanzada edad, las cuales son las principales víctimas de este maldito virus; municipios con apenas presencia policial cuya labor es importante para disuadir conductas insolidarias, y donde mayor es la ausencia de personal sanitario y puestos de socorro; por no decir la considerable distancia que puede haber entre los municipios y el centro hospitalario más cercano.

Espero equivocarme, pero me temo que nuestros pueblos pueden convertirse este verano en el salvaje oeste, donde el virus ande a sus anchas, sin nadie que vigile y reproche el incumplimiento de la normativa sanitaria, con un continuo y preocupante nivel de relajación y despreocupación ciudadana al riesgo de contagio. Pues si esto ocurre el medio rural podría sufrir nefastas consecuencias.