La progresión en la esperanza de vida en nuestro país, a la que contribuyen la accesibilidad universal a los servicios sanitarios, el acceso a la educación, la distribución de la renta, las políticas de salud y otros factores, representa un reto para todas las políticas.

Aun siendo seguramente mejorables algunos de los elementos antes citados, dos políticas se encuentran en la actualidad retadas a dar respuesta.

La primera, la de atención sanitaria de las personas mayores aquejadas en muchos casos de una o más enfermedades cronificadas gracias a los avances de la ciencia y que antes hubieran acortado su esperanza de vida. Esa supervivencia lograda conlleva una atención continua de contención de la enfermedad para minorar su impacto en la calidad de vida.

Pero cuando el impacto en la calidad de vida alcanza a la esfera de la autonomía personal, el reto alcanza a las políticas sociales de cuidados.

Son dos políticas de vasos comunicantes. Si la atención sanitaria no es suficientemente efectiva y afectiva tendrá como consecuencia una mayor pérdida de autonomía personal. Por el contrario, el no tener respuesta adecuada a la dependencia de terceros de las personas mayores aquejadas de enfermedades cronificadas irá en perjuicio de la propia enfermedad. En consecuencia, comportará más presión sobre el sistema sanitario.

Por lo tanto, si la atención a la dependencia de terceros, que una enfermedad o varias pueden conllevar, está bien resuelta, vamos a conseguir una mejor contención de esta. Nos atreveríamos a decir que esa atención es también una prestación sanitaria a cargo de profesionales del ámbito social.

Por esta razón debemos etiquetar de prestación sociosanitaria aquella proveída por un equipo integral de profesionales sanitarios y sociales. De no ser así, y de ser un servicio prestado por equipos sanitarios y sociales yuxtapuestos, no deberíamos, en propiedad, hablar de atención sociosanitaria.

Esa prestación sociosanitaria puede tener carácter ambulatorio, domiciliario o en régimen de internamiento. La provisión de esa atención debería pivotar en la atención primaria en su dimensión de atención familiar y comunitaria. Para ello deben estar adecuados sus recursos y su organización a la población mayor de su área estratificando sus necesidades.

Todo ello sin menosprecio de la atención ordinaria al resto de la población.

Un excelente estudio de la Fundación IDIS recientemente presentado analiza la atención sociosanitaria en régimen de internamiento y pone en evidencia la realidad de la atención a prestar. Esta va mucho más allá de la puramente residencial actual, apoyada mayoritariamente en la figura del cuidador profesional y con profesionales sanitarios de apoyo puntual.

El 53% de las personas institucionalizadas son mayores de 80 años con un perfil de estado de salud ya debilitado y vulnerable.

Esa institucionalización debe ir acompañada de una relación formal y reglada entre el operador sanitario de atención primaria y especializada acorde con las necesidades de los residentes.

‘Si la atención sanitaria no es suficientemente efectiva y afectiva tendrá como consecuencia una mayor pérdida de autonomía personal’

La implementación equitativa de esa prestación integrada en el ámbito residencial debe regirse por criterios de planificación que atiendan las necesidades reales de la población .

Por otro lado, la financiación pública debería responder a la atención sociosanitaria que hemos descrito desde una fuente de financiación de sus costes a través de un presupuesto único. La dicotomía financiera entre dependencia y salud no se corresponde en muchos casos con la realidad a que se enfrenta esa atención sociosanitaria.

La demanda va a seguir creciendo si tenemos en cuenta el crecimiento de la esperanza de vida, con un incremento del porcentaje de población  por encima de los 60 años, que según datos del INE pasó del 21,7% de la población en el 2000 al 26,5% en el 2022.

La demanda residencial de mayores irá previsiblemente en aumento y la causa más prevalente de esa demanda va a ser la de necesitar cuidados por alguna o algunas enfermedades cronificadas y sus consecuencias. Cuidados que irán desde una necesidad moderada a una severa o de gran dependencia, teniendo en muchos casos carácter evolutivo. En 2023 había un total de 1.567 personas dependientes de las cuales el 65,3% tenían un carácter severo o de gran dependencia.

Ni que decir tiene que son necesarias algunas reformas como las descritas y en marcha en algunas CCAA. La atención sociosanitaria es un servicio esencial y requiere de una adecuada planificación contando con la participación del sector privado presente en el sector residencial y representando un 70% de los establecimientos.  Transitar del modelo clásico de residencia para mayores a un modelo que incorpore la atención sociosanitaria es una oportunidad para poner en valor, una vez más, la colaboración público-privada reglada en la prestación de un servicio público.

Pero no debemos olvidar tampoco que, para alcanzar una menor necesidad de atención sanitaria alcanzada la vejez, las políticas de salud deben aumentar el alcance de la prevención primaria y la secundaria a lo largo de la vida. Ello debe ir acompañado también de una mayor conciencia social de la aportación que la persona debe hacer al cuidado de su salud en todo su periplo vital.