Puede parecer que, nos inundan una serie de términos que son tan genéricos o tan, “etéreos” que son algo intangibles, y nos encontramos con “buena gobernanza”, “buen gobierno”, “claridad y transparencia” y otros análogos. Ciertamente como venimos comentando desde siempre en esta columna, la transparencia, la gestión ética, la implementación partir de normativa, la información y su suministro, etc., no son ni “etéreos” ni tampoco nuevos. Y no son nuevos ni para el sector de lo público, en toda su extensión, como sujeto de la transparencia y buen gobierno, según la “Ley básica 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno”, así como normas complementarias y concurrentes a día de hoy, ni tampoco nuevos para el mundo de la empresa privada, ya que aún sin norma de aplicación directa, sí es de aplicación de forma indirecta, y a través protocolos, códigos ética, compliance, leyes penales, etc.
La transparencia, debemos indicar que, es un factor clave del buen gobierno. Está muy directamente vinculada a la rendición de cuentas, hasta el punto de que podría considerarse parte ineludible de esta. La transparencia puede ser definida como el flujo de información oportuna y confiable de carácter económico, social y político, accesible a todos los actores relevantes. En el ámbito del sector privado esta información responde a los criterios de buena gobernanza o, mejor dicho, en otros términos, gobierno corporativo. En el caso de sector público el encaje sobre la información es otro. Hablamos de transparencia y buen gobierno o gobierno abierto y la información que, en el ámbito de lo público, debe permitir evaluar a las instituciones que la aportan y formar opiniones racionales y bien sustentadas a quienes deciden o participan en la decisión.
Un buen gobierno puede permitir acceder a los ciudadanos de un país a unos niveles de felicidad (medida como bienestar físico y mental) muy elevados para la mayoría de su población. Un mal gobierno puede ocasionar sufrimiento indecible en su población, obviamente, por falta de recursos e incluso, crear o expandir una guerra y desolación a países vecinos.
‘La transparencia es un factor clave del buen gobierno’
De igual forma en las empresas privadas, el buen gobierno, un buen gobierno corporativo conlleva la satisfacción de todos los agentes que entran en juego en el ámbito empresarial: empleados satisfechos, clientes satisfechos, cuentas y balances positivos….y, de alguna forma, el buen gobierno corporativo se debe al convencimiento de que una gestión adecuada y transparente contribuye a la generación de valor en las empresas, la mejora de la eficiencia económica y refuerzo de confianza en los inversores. Así pues, la buena gobernanza es un elemento clave en el sector empresarial y la transparencia juega un papel esencial en la bonanza empresarial como gestión.
Si un buen gobierno de lo público conlleva irremediablemente una mejora de la población, un buen gobierno en lo privado igual, aunque el impacto no sea a la población en general sino a su “zona de influencia y beneficios en sus agentes”. Un buen gobierno sería, en definitiva, aquel que promueve instituciones formales (normas y reglamentos) e informales (lógicas de lo apropiado en cada organización pública) que fomentan la transparencia, la rendición de cuentas, la efectividad, la coherencia y la participación. Más aún, máxime en nuestro contexto, bajo principios de integridad, y un esencial en la historia de la administración democrática, el de la objetividad o imparcialidad en el servicio al interés general.
Si trasladamos todo esto al mundo de la empresa privada, en el sector empresarial, y de forma especial en el sector sanitario, salvando algunos aspectos que solo están en el mundo de lo público, podemos también identificar, en base al buen gobierno corporativo los mismos principios y fórmulas de gestión. La coherencia, la igualdad, la participación (esto en tanto la empresa entienda la participación del personal como valor añadido), la integridad, obviamente evitando así competencia desleal y conductas que pueden llevar a acciones corruptas (más allá de la obligación normativa o poseer un programa de compliance).
