En el mundo de la empresa en general, la estrategia que avanza imparable es la cooperación para la creación de valor, entre incluso aquellos que compiten. El «juntos somos más fuertes» adquiere peso estratégico. Incluso se ha acuñado un nuevo término: la ‘coopetición’. Ya lo lanzaron en el libro Co-Opetition los profesores de Harvard y Yale (colaborando, curioso), Branderburguer y Nalebuff, hace muchos años.

Esta forma de combinar las ventajas de ambos permite superar las viejas reglas de la competición para adentrarnos en la cooperación. En el mundo sanitario, al menos en nuestro ecosistema español, parece abundar en muchas personas la teoría de juegos de suma cero: si a la sanidad pública le va mal, eso significa que a la sanidad privada le va bien. Claro, partiendo de la premisa de que existe una competencia.

Primer error de concepto: “La sanidad privada compite con la sanidad pública”. La sanidad privada opera en un marco perfectamente legal y respaldada por distintos preceptos de la Constitución Española: el derecho a la salud y el derecho de libertad de decisión de los individuos. Casi 12 millones de personas en este país tenían un seguro de salud en 2022: uno de cada cuatro. El resto, tiene acceso universal, libre y gratuito a la sanidad pública porque así lo quiere o porque no puede asumir el coste de pagar por un servicio, como en tantos y tantos sectores.

‘Casi 12 millones de personas en este país tenían un seguro de salud en 2022: uno de cada cuatro’

Segundo error: “Cuanto peor, mejor para la privada”. Y llevado a su último y esperpéntico discurso, la destrucción del sistema público de salud es algo que nos beneficiaría. El sector de la provisión sanitaria quiere manifestar, de una vez por todas, que la sanidad pública es uno de los mayores logros que hemos conseguido como sociedad. Un modelo que garantiza el cuidado de la salud de todos los ciudadanos es esencial. Es decir, que el pretendido papel que se arroga la sanidad privada como sustitutoria de la pública no es más que ‘castillos en el aire’ en la mente de quienes, tal vez demasiados, temen la desaparición del Estado de Bienestar por oscuras maniobras de los ‘maléficos’ poderes empresariales. Pues sepan de nuevo que nosotros tenemos nuestro propio espacio basado en la libre elección del ciudadano a la hora de optar por un circuito o por otro. Nuestros servicios para el Sistema Nacional de Salud son, en este sentido, complementarios.

Tercer error de concepto: “La salud de los pacientes no es un objetivo empresarial de los proveedores de sanidad privada, solo cuenta el balance de resultados”. Es como presumir que, en cualquier mercado de genuina competencia entre distintas marcas (valga cualquier sector, por ejemplo, telecomunicaciones o energéticas) a esos competidores les interesa ofrecer a sus usuarios un mal servicio para poder obtener así pingües beneficios. El mundo al revés, ¿no? Eso sí, el hecho de que haya beneficio, eficiencia en la gestión, una óptima operativa…, son elementos connaturales a la supervivencia de la empresa, pero no a costa de cavar su propia tumba con un mal servicio o que sus usuarios no merezcan nuestra calidad asistencial.

En definitiva, supone una enorme irresponsabilidad enfrentar lo público y lo privado. Si algo ha dejado al descubierto esta crisis es que nuestro sistema sanitario adolece de un inmovilismo estructural que compromete sus principios básicos: universalidad, equidad, accesibilidad, cohesión y gratuidad (es decir, suficiencia financiera), principios cada vez más complejos de acometer debido al crecimiento constante de la demanda asistencial y al incremento de los costes.