En la senda de los avances tecnológicos, y su incidencia en el campo sanitario, conviene detenerse en el influjo de la telemedicina, cuya implementación ya tuvo un importante progreso en la red sanitaria pública y privada a causa de la crisis del coronavirus, y que ahora parece que ha venido para quedarse, para alegría de unos y desgracia de otros.

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que representa a más de 1.300 entidades sanitarias y al 80% los hospitales privados españoles, consideró el pasado mes de enero a la telemedicina como el futuro de la atención sanitaria, visualizándolo como un complemento de la atención médica, pero sin ser sustitutivo de la asistencia presencial de los profesionales sanitarios, a la par que recalcaba en el desarrollo de una regulación óptima de esta atención sanitaria, mientras acometía contra el posible intrusismo de algunas empresas que sin estar vinculadas a los sectores sanitarios estaban sacando al mercado ofertas comerciales de telemedicina a precios que consideraban difíciles de replicar, en este auténtico “boom” comercial que vivimos en torno a la prestación sanitaria a distancia.

Pero esta innovación no se limita a la sanidad privada, el desarrollo de la telemedicina supone una auténtica oportunidad para la sanidad pública, que puede descongestionar las consultas presenciales, aligerar listas de espera, simplificar burocracias administrativas, tan en boga en el día a día, problemas recurrentes en los que la telemedicina podría paliar y optimizar los recursos de la red asistencial pública, sin hacer necesario que los ciudadanos se desplacen al centro sanitario para trámites que puedan ser innecesarios. Máxime cuando se trata de pacientes con patologías o elevada edad, en los que conviene extremar la precaución.

Algunas de estas actuaciones que pueden resolverse a distancia, y que no supone un numerus clausus, puede ser la renovación de medicación, la comunicación de resultados de pruebas diagnósticas, el seguimiento del paciente, la atención de consultas rutinarias donde no se precisa exploración física, o la resolución de dudas o inquietudes de los pacientes ante sus enfermedades o sus inminentes intervenciones médicas o procesos asistenciales, que pueden evitar el traslado de los ciudadanos y hacer más eficiente la prestación sanitaria. Es decir, el uso de la telemedicina como complemento, nunca como reemplazo de la atención presencial, que seguirá siendo la más fiable y segura para los pacientes y extensivamente para los sanitarios.

“El desarrollo de la telemedicina supone una auténtica oportunidad para la sanidad pública”

Por datos, y teniendo presente el gran trabajo que ha hecho Radio Televisión Española (RTVE) en su radiografía de la sanidad española, los datos del Ministerio de Sanidad del 2021 reflejan la gran implementación de la telemedicina, ocupando en ese año un 52% de las consultas médicas de la sanidad pública, superando con creces a las presenciales.

Los porcentajes llegan superan estas cifras en alguna de las provincias, como en 14 de ellas donde se atendieron a más del 60% de los pacientes a distancia. Si bien son datos del año 2021, momento en el que la pandemia del coronavirus aún seguía siendo problemática, con restricciones y limitaciones por parte de las autoridades sanitarias, por los que estos datos de implementación actual pueden divergir ahora.

Y es que el COVID 19, y las restricciones preventivas que se aunaron a la situación pandémica, aumentaron el número de las teleconsultas sanitarias de atención primaria, que pasaron de 18 millones en el año 2019 a 127 millones en el año 2020 en todo el territorio nacional, según reza el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2020-2021 del Ministerio de Sanidad.

En la actualidad los datos más recientes son los que fueron facilitados por diferentes Consejerías de Sanidad al periódico 20minutos, y publicados el 24 de diciembre del pasado año señalaban que las consultas telefónicas representan casi un tercio de las asistencias de la A

atención primaria en regiones como Madrid o Valencia, y en torno a un cuarto de las mismas en la región de Andalucía.

Sin entrar en el cómputo total de consultas y de su modalidad, el V Estudio de Salud y de Vida del año 2022, elaborado por la aseguradora Aegon, resalta que al menos un 55,5% de los españoles ha hecho uso de la telemedicina en el pasado año en al menos una ocasión, datos más que destacables y extrapolables a la realidad vigente que auguran el progresivo uso de este tipo de asistencia.

En esta revista se ha tratado en otras ocasiones del tema de la telemedicina, de candente actualidad, y no es para menos. Se ha analizado un DAFO de sus luces y sombras, se ha hablado de la innovación de la salud digital en general, su papel en la actualidad, y su incidencia en el futuro Código Deontológico. Y deteniéndome en el terreno normativo, área que formativamente domino, lo hago para recalcar en la acuciante necesidad de que se establezca una regulación que permita proteger la relación de los sanitarios con sus pacientes, un desarrollo legal que dé transparencia a esta asistencia, y que proteja algo tan importante como son los datos y la información médica que conectará al profesional y el ciudadano, en donde entra en juego el consentimiento sobre el tratamiento de los mismos, y la identidad de los usuarios. Pero también sin duda se incardina en el plano deontológico, que debe adaptarse a la implementación de estos métodos asistenciales. Y con todo ello prepararse a futuras incidencias que puedan darse en este terreno, como ocurre en todas las novedades, pues ya lo dice un adecuado, y oportuno aquí, refrán español “más vale prevenir que curar”.

Y que requerirá la presencia de unos determinados protocolos y operativas internas, con el manejo de medios y canales óptimos para poder prestar esta asistencia, en los que nadie puede quedar detrás, sin que suponga una auténtica brecha digital para nuestros mayores, ni suponer un freno social para las personas que económicamente no puedan dotarse de los útiles más idóneos para un buen diagnóstico clínico, como pueden ser los smartphones con cámaras de una resolución concreta que no se encuentra a la disposición de todos los usuarios.

A lo que es propicio señalar, en cuanto es una novedad informativa, idear políticas definidas y unitarias para el cifrado de datos, la prevención y respuesta ante posibles hackeos y secuestros cibernéticos a recintos sanitarios, tan en ciernes en los hospitales estadounidenses, y que parece que han llegado a nuestro país, con el ataque informático al Hospital Clínic de Barcelona.

Mientras tanto, la instantánea que tenemos en estos momentos, y según datos de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), estas consultas de telemedicina resultan incómodas en la actualidad para un importante 45,5% de los encuestados, una cifra que, aunque no es mayoritaria, hace replantear el sistema para que los usuarios se encuentren más satisfechos con estos nuevos métodos asistenciales, que marcarán nuestro futuro.