El problema de la Responsabilidad Civil Profesional viene de antiguo… Ya durante la segunda mitad del siglo XIX, hubo cirujanos que señalaban que “el problema de la responsabilidad médica, era cada día más grave, y preocupaba ya en aquella época con toda razón a los sanitarios”.

Siglo y medio después, sus advertencias siguen más vigentes que nunca, por el elevado, y cada vez más creciente, número de reclamaciones que se interponen contra los profesionales y contra las administraciones sanitarias.

Según datos publicados por el Defensor del Paciente, las denuncias por negligencia médica aumentaron un 25%, hasta alcanzar los 13.156 casos, en el año 2021.

También observamos que las denuncias sobre negligencias médicas tienen una mayor incidencia sobre algunas especialidades, como son la ginecología y obstetricia y la cirugía plástica, principalmente.

Cabe destacar, como dato anecdótico, que, durante la pandemia, y con motivo de los retrasos en los tratamientos, aumentaron considerablemente las reclamaciones en las especialidades de oncología y medicina interna.

Es más, durante los últimos diez años, la cuantía media de las reclamaciones de responsabilidad civil sanitaria ha aumentado un 67%.
Pero es que, además, no solo han aumentado notablemente el número de las reclamaciones a los sanitarios… sino también las cuantías que se reclaman son infinitamente mayores, hasta alcanzar cuantiosas cifras.

Por todo ello, vemos que la cantidad de las denuncias, y estas elevadas cifras, ponen de manifiesto que el incremento de reclamaciones es hoy un grave problema para los sanitarios, que además están viviendo otras dificultades como son la sobrecarga asistencial, la falta de recursos, e incluso unos salarios, que son de los de los más bajos de Europa.

Pero no solo eso, sino que, actualmente, los médicos, los sanitarios, además de que estamos mal remunerados económicamente, hemos perdido el prestigio social que siempre hemos tenido. y esto surge paradójicamente en una etapa en la que hacemos mejor medicina; y en los tiempos en que curamos más enfermos; (…se podrá decir también que nos ayudan las nuevas tecnologías…. sin duda).

Pero sea como fuere, esta pérdida de prestigio es la pura realidad, tan real como el hecho de que, para trabajar hoy día en nuestro país, hemos tenido que contratar un seguro para nuestra defensa personal, que nos proteja ante las constantes y abundantes, amenazas y agresiones que sufrimos en nuestras consultas.

Y a todos estos problemas hay que añadir la publicación de la Ley de Autonomía del Paciente, hace ahora 20 años, que sin duda supuso un antes y un después para los profesionales sanitarios.

Con la aprobación de esta norma, el paciente adquirió una actitud cada vez más activa en relación con el médico, mientras este fue perdiendo autonomía y empezó a trabajar todavía con más presión bajo la amenaza constante de las demandas.

Podemos asegurar que, como consecuencia de esa legislación, se ha producido una evolución, pasando del antiguo modelo paternalista a un modelo como el actual, en que el derecho del paciente a decidir sobre su salud cobra una importancia fundamental.

El médico ha perdido autonomía, lo que le ha obligado a veces a practicar una medicina defensiva; en ocasiones basada en la desconfianza, porque siente la amenaza constante de una demanda, que puede complicar su vida profesional.

Ello, unido a los avances tecnológicos y al mayor uso de las nuevas técnicas diagnósticas, que indudablemente han supuesto un cambio en la relación médico-paciente, y que incrementan notablemente las posibilidades de recibir una reclamación.

Y otra cuestión a considerar, es el mayor nivel de información, o supuestos conocimientos médicos de los ciudadanos, que muchas veces adquieren a través de los medios de comunicación y de Internet.

A menudo se publican estudios sobre cómo influye la información que se encuentra en Internet, y el impacto en la relación médico-paciente.

A modo de ejemplo, en un centro de salud de Madrid, se recogieron recientemente 323 cuestionarios y el 61% de los encuestados declaró haber utilizado internet como fuente de información sobre su patología.

Y con esta forma de actuar del ciudadano, sin duda alguna, se empeora la relación médico-paciente, lo que provoca que en ocasiones se planteen reclamaciones injustificadas, sin tener en cuenta el daño al prestigio y al honor profesional del facultativo.

Por ello, decidimos en su día incluir en las pólizas de A.M.A. la protección de la vida digital, que procura salvaguardar el prestigio del facultativo en su vida profesional y en el ámbito de Internet.

Volviendo al tema central, la excesiva proliferación de procesos en materia de responsabilidad civil profesional incide de forma directa en la seguridad del paciente.

Como decía antes, me refiero al uso de la medicina defensiva, la práctica del sobrediagnóstico o el exceso de pruebas, que algún médico puede decidir llevar a cabo ante la necesidad de protegerse de una hipotética demanda.

Tratamientos innecesarios, derroche de pruebas, hospitalizaciones evitables… lo que nada tiene que ver con la profesionalidad de los médicos, y sí con el miedo a una reclamación.

A la vista de todo lo anterior, y ya que la medicina defensiva no parece evitar las denuncias, y sí en cambio, incrementa los costes sanitarios, aprovecho para perfilar una serie de propuestas con el fin de evitarla.

En primer lugar, la relación médico-paciente ha de mejorar; esa comunicación tiene que ser un diálogo, una conversación basada en la confianza, con un lenguaje accesible y entendible por cualquier ciudadano.

Adicionalmente, habrá que actuar siempre según la Lex Artis ad hoc; porque no hay mejor defensa, sin duda alguna, para el profesional sanitario.

Y no podemos dudar en resaltar la importancia de la formación legal en la Universidad, o durante el ejercicio profesional, que sin duda ayudará al sanitario a desarrollar su actividad con mayor seguridad y tranquilidad.

Y algo importantísimo, que es obligado abordar, es la pericial médica y de valoración del daño corporal ocasionados por la actividad sanitaria.

La prueba pericial, es sin duda una parte esencial en los procedimientos de responsabilidad sanitaria, que como ustedes conocen, son de gran complejidad, y requieren de informes especializados, para poder poner en contexto el acto profesional llevado a cabo.

En nuestra experiencia, con 30.000 reclamaciones gestionadas, de las que más del 60% se han dirimido en vía judicial, hemos podido comprobar que ésta pericial ha resultado fundamental para la resolución de los casos.

Tanto en los procedimientos civiles, como en los penales, el juez se apoya en dicho informe, para poder comprender como se ha desarrollado el acto profesional enjuiciado, y poder tomar una decisión.

Esta prueba tiene una doble función. Por un lado, determinar la existencia o no de mal praxis, y por otro, valorar el daño corporal en caso de que existiera.

Por todo ello, es muy importante que el perito tenga conocimientos jurídicos, tanto sobre el desarrollo del procedimiento como del concepto de responsabilidad civil médica, que son los que sirven de base a los abogados y al juez a la hora de dictar sentencia.

Su función principal es la de poner a disposición del juez sus habilidades, técnicas…imprescindibles a la hora de establecer la existencia de responsabilidad.

Para ello deberá argumentar su exposición sobre las características del proceso, el diagnóstico, la correcta realización del acto sanitario, el seguimiento postoperatorio, la aparición de complicaciones, etc.

En estos procedimientos, hemos de resaltar también la importancia de que estas cuestiones sean analizadas por un perito médico especialista, preferentemente de la misma rama que el sanitario investigado y que además cuente con experiencia práctica en su misma disciplina.

Su Señoría, a la vista de las periciales, dictará sentencia, que será motivada, y lo hará en virtud del principio de libre valoración de la prueba, según las leyes de la sana critica.

Por último, comentar que el informe pericial sirve también como elemento clave para el calculo de las provisiones técnicas de las compañías aseguradoras, que van a requerir estos servicios, no solo en supuestos en que se hace necesaria la aportación de un informe para defender el asunto en un juzgado, sino también en aquellos casos en los que se opta por buscar una solución amistosa.

Y ahora queremos destacar un tema en nuestro criterio de vital importancia, que es la urgente necesidad de disponer de un baremo especifico para los daños sanitarios, que nos aporte seguridad económica y jurídica.

Porque en nuestro país, desde el año 2015 se está aplicando el baremo de tráfico en los procedimientos judiciales sanitarios… y es evidente que éste no resuelve los problemas que se presentan en el ámbito de la Responsabilidad Civil Sanitaria, porque el daño sanitario tiene unas características muy específicas, que lo diferencian del daño corporal, que es que el que casi siempre se produce como consecuencia de los accidentes de tráfico.

Es evidente, que el baremo del automóvil no dispone de soluciones para cubrir todos los supuestos de responsabilidad civil sanitaria, porque se trata de un sistema de valoración en el que las lesiones más habituales son los traumatismos.

Por lo que yo creo que la aprobación de un baremo específico de daños sanitarios es, sin duda alguna, una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra sanidad. Creo que resulta inadmisible la dejadez con la que se está actuando en este tema…, por lo que aprovecho la oportunidad que me brinda este acto para hacer un llamamiento a las Administraciones públicas, y especialmente al Ministerio de Sanidad…porque los sanitarios merecemos, y tenemos derecho, a ejercer nuestra profesión con la mayor seguridad jurídica…, y sin duda alguna, esto permitiría también lograr una mayor calidad asistencial.

Médicos, pacientes e instituciones sanitarias: todos saldríamos beneficiados.

Diego Murillo, Presidente de A.M.A. y de la Fundación A.M.A.