ASPE considera razonable la obligación de suministro de información a organismos públicos y privados para evitar la improvisación de la pandemia

De igual modo confía en que se proceda a la creación de un órgano consultivo inclusivo en el que no se deje de lado al sector sanitario privado ni a ningún otro agente que pueda aportar experiencia e información

 

La Alianza de la Sanidad Privada Española celebra el avance en la creación de una agencia estatal de salud pública recientemente trasladada a tramitación parlamentaria. Se trata de un órgano que ya se contemplaba en la Ley General de Salud Pública de 2011 (artículo 47) pero cuya aprobación nunca llegó a producirse. Y no ha sido hasta la irrupción de una emergencia sanitaria como la pandemia del COVID-19 cuando se ha decidido retomar la iniciativa. El primer paso se produjo hace ya dos años, durante la Comisión de Reconstrucción celebrada en el Congreso de los Diputados en junio de 2020.

De un lado, el Anteproyecto de Ley para la creación de una Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) aprobado en Consejo de Ministros el pasado 23 de agosto -concluido el trámite de consulta- establece una obligación a organismos públicos y privados de “suministro de información para el cumplimiento de los fines de la agencia y para evaluar el estado de preparación del Sistema Nacional de Salud y sector privado” y recoge que la información a suministrar se establecerá también en normas reglamentarias.

El presidente de ASPE, Carlos Rus, considera “razonable” esta medida, ya que de algún modo “busca evitar la improvisación de la pandemia y las dificultades surgidas en torno al suministro de información por parte de las comunidades autónomas, ante el vacío normativo existente hasta el momento”.

Sin embargo, llama la atención que a la hora de definir los fines de la futura AESAP no se inste a la participación del sector sanitario privado, como parte integrante del Sistema Nacional de Salud. En concreto, en el objetivo incluido en el anteproyecto que hace alusión a “impulsar el trabajo en red con todos los recursos disponibles en la Administración General del Estado, administraciones autonómicas y locales, entidades académicas y de investigación, para articular una política de salud integral, garantizando la seguridad sanitaria y abordando de manera solvente los retos presentes y futuros para la salud pública».

A la espera de que en los primeros seis meses desde su aprobación se lleve a cabo, tal como marca la ley, la elaboración de los estatutos que regularán la estructura organizativa, con expresión de la composición, funciones, competencias y rango administrativo que corresponda a cada órgano, ASPE confía en que el Ministerio de Sanidad cree un órgano consultivo inclusivo en el que no se deje de lado al sector sanitario privado ni a ningún otro agente que pueda aportar información y experiencia de utilidad a la hora de articular estrategias preventivas frente a emergencias de salud pública.

Uno de cada tres pacientes COVID atendidos

Cabe recordar que uno de cada tres pacientes hospitalizados por Covid en España fue atendido en la sanidad privada, bien sea por seguros, mutuas o derivados de la pública: 63.800 hospitalizados sobre 211.064 -con datos a 31 de diciembre de 2020-, es decir, el 30,2%. Además, el 29% de los afectados que han requerido asistencia en UCI (5.302 pacientes sobre 18.251) fueron atendidos en centros sanitarios privados.

“Este tipo de datos avalan nuestra contribución en una emergencia sanitaria de la envergadura de la que hemos vivido”, recuerda Carlos Rus, “lo que debería de ser suficiente para poder aportar nuestra experiencia en cualquier órgano consultivo orientado a la salud del conjunto de la población”, concluye.