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¿Qué temas se trataron en el Congreso Nacional de Derecho Sanitario?

Mesa ATESRicardo De Lorenzo: “El derecho sanitario es fundamental para abordar la organización de la gestión asistencial”

Los especialistas debatieron sobre las últimas novedades en el campo jurídico-sanitario en el XXII Congreso Nacional de Derecho Sanitario que se celebró en la sede del Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM)

El XXII Congreso Nacional de Derecho Sanitario se celebró recientemente y contó con la asistencia de más de 500 profesionales vinculados al área jurídico-sanitaria. Ricardo de Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS) aseguró durante la inauguración de dicho acto que “el derecho sanitario ocupa un papel trascendental en la forma de abordar la organización de la gestión asistencial”.

Se debatieron los temas de la más rigurosa actualidad en varios actos: la atención sanitaria a inmigrantes irregulares, los problemas de las alternativas terapéuticas equivalentes y el marco regulatorio de genéricos y biosimilares. La responsabilidad penal de los profesionales sanitarios ocupó también su espacio en el Congreso, ya que el pasado 1 de julio entró en vigor la reforma del Código Penal.

Respecto a la paralización del baremo de daños sanitarios, los expertos mostraron su decepción pero mantienen la confianza en que el proyecto se retome a corto plazo.

Los expertos solicitaron pautas comunes para unificar la atención sanitaria a inmigrantes irregulares

En la mesa redonda “Inmigrantes irregulares y prestaciones sociales y sanitarias” tuvo lugar un intenso debate en el que se analizaron múltiples aspectos como la perspectiva constitucional y supranacional, la evolución de la normativa, el enfoque de los servicios sociales o las medidas establecidas por la Comunidad de Madrid y en la que también se hizo mención a la crisis de los refugiados y su asistencia sanitaria.

El consejero delegado de Ribera Salud y miembro del Consejo Editorial de New Medical Economics, Alberto de Rosa, moderó la deliberación, en la cual participaron Alfredo Montoya, catedrático emérito de Derecho del Trabajo; Julio Sánchez Fierro, vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario y también miembro del Consejo Editorial de New Medical Economics; Belén Prado, viceconsejera de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid y Jesús Sánchez Martos, consejero de Sanidad.

La principal conclusión a la que llegaron los expertos es “la necesidad de crear unas pautas comunes que unifiquen la atención sanitaria de a este tipo de pacientes. En este sentido, Alberto de Rosa cuestionó el hecho de que cada autonomía decida por su cuenta: “Por cuestiones de responsabilidad social, y hasta de salud pública, debe haber una posición común por parte del gobierno Central y de los gobiernos autonómicos que garantice los principios de solidaridad y equidad que han caracterizado siempre a nuestro Sistema Nacional de Salud”.

Julio Sánchez Fierro, por su parte, centró su discurso en que los inmigrantes irregulares sí están siendo atendidos: “Más allá de las polémicas situadas en el ámbito político, lo cierto es que este grupo está recibiendo atención por parte de las entidades que gestionan la asistencia sanitaria en España, que normalmente son los servicios autonómicos de salud, en colaboración con los servicios sociales”. Asimismo, zanjó que lo que hay que tener en cuenta es “su situación social de vulnerabilidad”.

Humberto Arnés: “Las alternativas terapéuticas equivalentes menoscaban el valor del medicamento y desincentivan la investigación”

El Congreso de Derecho Sanitario albergó una mesa cuya finalidad era debatir los problemas de las alternativas farmacéuticas equivalentes. En la mesa participaron Humberto Arnés, director general de Farmaindustria y miembro del Consejo Editorial de New Medical Economics; Francisco Zaragoza, catedrático de Farmacología de la Universidad de Alcalá; Cristina Avendaño, presidenta de la Sociedad Española de Farmacología Clínica; Pilar Garrido, presidenta del Consejo General de Especialidades y miembro del Consejo Editorial de New Medical Economics y Alejandro Toledo, vicepresidente de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes.

El director general de Farmaindustria certificó la posición que mostró la entidad sobre las alternativas terapéuticas equivalentes hace algo más de dos años: “Menoscaban el valor del medicamento y desincentivan la investigación. Confunden a los profesionales sanitarios, a los pacientes y a la opinión pública, y provoca cambios de tratamientos sin conocimiento del médico, restringiendo su capacidad prescriptora”.

De igual modo, Arnés afirmó que “es fundamental velar por la sostenibilidad del sistema, sin que esto merme en ningún momento el acceso a la mejor terapia farmacéutica por parte de los pacientes” y finalizó apuntando que “la industria farmacéutica seguirá apostando por la innovación, que es la mejor manera de ayudar a la sociedad y a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”.

Los expertos coincidieron en la necesidad de que la equivalencia terapéutica sea demostrada mediante ensayos clínicos diseñados para ello, huyendo, tal y como señaló Francisco Zaragoza de “considerar equivalentes artificialmente a fármacos que por su similitud molecular o clínica pertenezcan al mismo grupo terapéutico”. Por su parte, Cristina Avendaño reseñó que “no podemos hablar de equivalencia terapéutica si solo se tienen en cuenta criterios económicos”.

Los expertos estuvieron de acuerdo: “Se necesita un marco regulatorio que deje claro la diferencia entre genéricos y biosimilares”

Francisco Zaragoza, catedrático de Farmacología de la Universidad de Alcalá (Madrid), moderó el acto ‘Reglas específicas de intercambiabilidad y de sustitución de biosimilares’ en el que intervinieron Joan Albanell, jefe de Servicio de Oncología del Hospital del Mar de Barcelona; Begoña Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC); Julio Sánchez Fierro, vicepresidente de la AEDS, y Fermín Ruiz de Erenchun, Roche Global Head Biologic Strategy Team.

Los ponentes coincidieron en solicitar el desarrollo e implementación de leyes que regulen el uso apropiado de los nuevos medicamentos biosimilares, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y facilitar a los médicos un marco claro de actuación. En este sentido, Sánchez Fierro fijó que el objetivo es “eliminar incertidumbres que encierran riesgos innecesarios mediante el desarrollo de una Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios”.

Fermín Ruiz de Erenchun explicó que la legislación europea, a través de la Agencia Europea del Medicamento, no regula la sustitución de fármacos: “La posición de la agencia es que los estados miembros de la Unión Europea mantienen las competencias para implementar leyes que regulen la sustitución automática”.

Asimismo, el experto expresó la dificultad que encuentran muchos profesionales para prescribir productos biológicos por marca comercial: “Así es difícil garantizar que los posibles efectos secundarios que puedan darse se reporten de manera adecuada a las autoridades sanitarias”.

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