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Atención sanitaria a los sin papeles: no hay debate

Atención sanitaria a los sin papeles: no hay debateEn las últimas semanas la avalancha de personas que llega a Europa huyendo de distintos conflictos armados u otras causas en sus países de origen y solicita asilo está copando el interés de los medios de comunicación. Las discusiones sobre la distribución de los refugiados por países, sobre las posibles soluciones a los retos que para muchos estados supone acoger a miles de personas, ha reabierto otro debate que lleva años en el candelero informativo. Hablamos de la atención sanitaria a los inmigrantes ilegales. En el caso de los refugiados, parece haber un claro consenso. No debe ponerse en duda ni la atención sanitaria ni cualquier otro derecho porque hablamos de asilados y, por tanto, personas que solicitan y encuentran refugio en una nación que decide protegerles oficialmente bajo una figura regulada legalmente.

Bien distinto es el caso de la inmigración irregular. Más allá de opiniones diversas, existe un elemento fundamental que no debería olvidarse cada vez que surge un debate que en los últimos años se está volviendo recurrente. El derecho a la atención a personas que están fuera de la legalidad es un sinsentido en sí mismo. ¿Con qué base hablamos de ‘derechos ciudadanos’ para definir a aquellos que no lo son tal para nuestro ordenamiento jurídico? No hay debate. Dado que no existe esa opción, no debería discutirse en torno a la posibilidad de hacer o no algo sobre lo que no existe capacidad de elección. Lo que se denomina ilegal (no ya alegal) no puede tener encaje en el sistema porque no forma parte del sistema en sí. Esto es lo que la lógica nos hace pensar.

Obviamente, no puede dejarse abandonada a gente que necesita nuestra ayuda de manera evidente, a quien sufre un episodio grave o urgente y no puede valerse por sí mismo. En este caso hablamos de una urgencia y las urgencias nunca han estado en cuestión. La atención ante situaciones que requieren inmediatez está cubierta por nuestro sistema sanitario, dentro de la más elemental ética sanitaria. La verdadera cuestión es si se les debe otorgar una tarjeta sanitaria, con todo lo que ello implica. Es muy lógico pensar desde un prisma humanitario, que prestar ayuda a cualquier persona en situación de desamparo debería estar por encima de cuestiones jurídicas o legales. Pero en este caso, hablamos de responsabilidad del Estado. Es éste quien debe articular fórmulas que den respuesta efectiva a situaciones tan complejas como la que nos ocupa. Y no sólo soluciones para estas personas en situación irregular. Igualmente deben ser fórmulas que sirvan para el colectivo de profesionales sanitarios, que hoy asume un trabajo extra para el que no está contratado, y por tanto retribuido, porque contractualmente no puede incluirse la atención a quien no existe para el sistema. Son servicios que ha de asumir la Administración, al igual que asume el envío de una ambulancia o del material quirúrgico necesario para realizar una operación y, como tal, deben ser contemplados económicamente.

Miguel Carrero López es presidente de Previsión Sanitaria Nacional (PSN)

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